La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes las condenas dictadas contra Marco Antonio “Marcos” Estrada González y otros miembros de su organización, tras declarar inadmisibles los recursos presentados por varias de las defensas. El fallo fue suscripto este jueves por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron los planteos extraordinarios.
Los recursos habían sido interpuestos por los abogados defensores:
- Silvana Alejandra Salazar, la esposa de “Marcos” y condenada a 13 años de prisión, unificados en 18 por antecedentes previos.
- Jair Danny Aguilar Fernández, penado con 12 años y medio
- Andy Giovanni Andrés Jaureguy, condenado a 11 años.
- Luis Federico Donayre Santa Cruz, con una pena de ocho años y medio.
- Bryan Jean Pool Sánchez Reyes, sentenciado a seis años de prisión.
En todos los casos, la Corte desestimó las quejas por razones formales. En el caso de Sánchez Reyes, cuya presentación fue patrocinada por el Defensor Público Coadyuvante Mariano Gabriel Juárez, el tribunal reafirmó que la inadmisibilidad no implica convalidar el contenido de los fallos anteriores ni pronunciarse sobre la justicia de la sentencia recurrida.
Así lo expresó Lorenzetti, citando un precedente: “La desestimación de un recurso extraordinario mediante la aplicación de dicha norma no importa confirmar ni afirmar la justicia o el acierto de la decisión recurrida”.
Las condenas cuya revisión fue denegada corresponden a una causa emblemática que tuvo como eje las actividades ilícitas de una organización narcocriminal con base en el barrio Padre Ricciardelli, conocido también como Villa 1-11-14, y ramificaciones en sectores de la provincia de Buenos Aires.
Desde 1999, la Justicia seguía los pasos de Estrada Gonzáles, quien, a pesar de haber sido condenado previamente en tres oportunidades y encontrarse detenido, continuó dirigiendo la estructura delictiva desde prisión.
El entramado criminal, según los fallos, contaba con una estructura jerárquica y un dispositivo de violencia destinado a garantizar el control territorial. De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, en la cúspide se encontraban Marco Antonio Estrada González, Silvana Alejandra Salazar y Juan Pedro o Fernando “Piti” Estrada González, hermano de “Marcos”.
Debajo operaban 11 personas encargadas de recibir, acopiar y distribuir los estupefacientes para su venta dentro de la villa.
La caída de Marcos
La detención del cabecilla se concretó el 16 de diciembre de 2016, durante una serie de operativos ordenados por el entonces juez federal Sergio Torres, actual integrante de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
Participaron agentes de la División Operaciones Especiales Antidrogas de la Policía Federal Argentina (PFA), que arrestaron a “Marcos” junto a otros 23 sospechosos.
El proceso judicial culminó en 2019 con el juicio oral ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº3, que en noviembre de 2020 condenó a Marco Antonio Estrada González a 17 años de prisión por tráfico ilícito de estupefacientes y acopio de armas. Esa pena fue luego unificada en 24 años, debido a condenas anteriores en su contra.
En el mismo juicio, se dictaron condenas para otras 37 personas que, entre 2009 y 2017, habrían integrado la organización.
Entre los sentenciados figuran Silvana Salazar (13 años), Gladis Santos Carhuachin (12 años), Andy Yovanny Andrés Jauregui (11 años), Manuel Guillermo Vega Tello (9 años y medio), Freddy Lloclla Carpio, Carlos Alexis Aguirre Becerra y Manfer Abel Noriega Narro (9 años), José Luis Monge Berrocal, Virginia Esperanza Santos Carhuachin, Juan Fernando Colona Risco, Javier Leandro Reyes y César Augusto Reyes Zubieta (7 años), entre otros. También hubo penas menores y de ejecución condicional para algunos partícipes secundarios.
Durante su alegato, el fiscal Diego Velasco explicó: “Estamos ante una empresa dedicada al comercio de estupefacientes hacia el interior de la Villa 1-11-14, y para llevar a cabo esta actividad se conformó por distintas jefaturas a cargo de la entrega de las drogas, el control de las ventas, la recolección de lo producido y su entrega final”.
A pesar de los intentos de varias defensas por revertir los fallos, tanto la Cámara Federal de Casación Penal como la Corte Suprema mantuvieron las condenas firmes.
En el caso de Salazar, su defensa argumentó irregularidades en los operativos y cuestionó la manipulación de escuchas telefónicas, pero esos planteos fueron desestimados por el alto tribunal por resultar improcedentes o por no cumplir con los requisitos formales exigidos.
En 2022, tras un nuevo pedido de su defensa, la Justicia dispuso la expulsión del país de Estrada González. Desde entonces, el narcotraficante permanece en Perú, su país natal y en 2023 había sido detenido.
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