El juez Ernesto Ángel Anastasio García Maañón, presidente de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo penal de San Isidro y fue denunciado este martes por una auxiliar letrada por acoso y abuso de poder ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia bonaerense; es campeón de tiro y karate, pero hace dos años fue noticia cuando mató a dos delincuentes.
El episodio de inseguridad en el que estuvo involucrado el juez ocurrió el 1 de julio de 2023. Ese sábado mató a dos adolescentes que quisieron asaltarlo al estilo “piraña” en el partido bonaerense de Quilmes cuando salía de un polígono de tiro junto a su custodio.
Fue un grupo de al menos cinco ladrones el que lo atacó cuando abordaba su auto, un Renault Capture. El juez le disparó a tres de ellos. Dos, de 18 años, murieron. El restante, de 16 años, fue internado en grave estado.
Para el fiscal del caso, Martín Conde, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Quilmes, el magistrado actuó en legítima defensa.
Como magistrado, cargo al que accedió a fines de los ‘80, siempre en el departamento judicial de San Isidro, tuvo en sus manos expedientes resonantes como la muerte de Diego Maradona -donde actuó como suplente-, el crimen de María Marta García Belsunce y el asalto a “Baby” Etchecopar y también debe decidir sobre la libertad de Robledo Puch.
García Maañón es juez desde fines de los ‘80. Más precisamente, en 1987 fue nombrado a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Correccional. Luego, con el cambio de siglo, concursó y ganó su plaza como integrante de la cámara, donde se desempeña en la actualidad como presidente.
La denuncia
Este martes, auxiliar letrada de Cámara presentó una denuncia formal contra García Maañón por presunto acoso y abuso de poder.
Según relató, los hechos comenzaron en febrero de 2025, cuando el magistrado asumía nuevamente la presidencia y empezó a enviarle mensajes personales con comentarios sobre su apariencia, sugerencias de vestimenta y propuestas de encuentros fuera del ámbito laboral.
La denunciante sostuvo que, pese a sus reiteradas negativas, García Maañón continuó con avances verbales, ofrecimientos de cenas en su casa y sugerencias de una “relación afectiva y sexual”, que ella rechazó con claridad.
A partir de ese momento, en función de los que contó la mujer, se inició un deterioro progresivo en el trato laboral: fue desplazada de funciones, ignorada, desautorizada y maltratada, hasta que su salud psíquica se vio gravemente afectada.
Actualmente, se encuentra con licencia por trastorno de ansiedad.
Entre los episodios más graves, denunció que el juez manipuló su arma reglamentaria frente a ella, pasándola cerca de su rostro, y que utilizaba su poder jerárquico para imponer condiciones de obediencia o aislarla. También señaló que el magistrado se jactaba de tener contactos en la Suprema Corte y fuerzas de seguridad, lo cual generó en ella temor a denunciar.
El detonante fue un mensaje público en un grupo institucional de WhatsApp en el que el juez la desacreditó frente a otros funcionarios. En respuesta, ella reenvió un audio privado en el que el magistrado expresaba su atracción sexual hacia ella y aseguraba que ello no afectaría su trato profesional.
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