La Justicia de Salta condenó este viernes a 11 años de prisión a Leonardo Cositorto tras encontrarlo culpable de los delitos de estafa y asociación ilícita. Así lo comunicaron los jueces Martín Pérez, Javier Araníbar y Leonardo Gabriel Feans, quienes emitieron su veredicto en el marco del juicio por la megaestafa del líder de Generación Zoe en la provincia.
La condena fue leída este viernes por los magistrados luego de que en las últimas horas la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) de Salta, Ana Inés Salinas Odorisio, solicitara 14 años de cárcel para el acusado. Los fundamentos de la sentencia serán leídos dentro de cinco días hábiles.
En el marco de la investigación, la fiscal a cargo de la acusación había encontrado a Cositorto como responsable de 118 casos de estafas, lo que sumaba un fraude de 776 millones de pesos.
Se trata de la segunda condena que recibe tras la que ya había enfrentado en Corrientes, a doce años de cárcel, por las estafas en la ciudad de Goya.
Tras un mes de juicio, los jueces a cargo del debate oral condenaron al líder de Generación Zoe, pero también encontraron culpables a los otros imputados en la causa. Uno de ellos es Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, encargado de llevar adelante el esquema en Salta, quien fue sentenciado a siete años de cárcel.
También a su hermano, Jorge Federico Vilardel, quien deberá cumplir con la pena de cinco años, y a su hermana, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel, quien fue condenada a tres años de prisión en suspenso.
La semana pasada, Cositorto pidió la palabra en el juicio y dio una nueva declaración ante la Justicia, en donde se había quejado del bloqueo de fondos y de la imposibilidad de continuar con los pagos a los inversores.
Durante su exposición, no solo negó las imputaciones en su contra, sino que responsabilizó a las autoridades judiciales por la imposibilidad de devolver el dinero a los afectados por el colapso de la organización. “Nos frenaron la posibilidad de cumplir”, acusó.
La defensa del empresario
El empresario sostuvo que, en varias oportunidades, Generación Zoe habría dispuesto de fondos suficientes para hacer frente a los reclamos económicos, pero señaló que estos recursos fueron incautados por decisión de la Justicia. Según detalló, en la ciudad de Goya, provincia de Corrientes, “se podrían haber devuelto 170 mil dólares” y otros “250 mil dólares en Buenos Aires”.
El proceso judicial comenzó el pasado 4 de junio en Salta y pasaron más de 100 testigos. Cositorto siempre mantuvo su postura afirmando que estuvo a disposición de las autoridades judiciales. “Puse la cara todos los días”.
Además, argumentó que la magnitud de los reclamos y la presión judicial llevaron al colapso del sistema. “Todo esto es ridículo, porque la deuda es mínima comparada con el volumen total que manejaba la empresa”, expresó ante los magistrados, insistiendo en su voluntad de cumplir con los compromisos asumidos.
Entre los reclamos que el acusado viene haciendo, manifestó su descontento por la negativa de la Justicia a concederle el beneficio de la prisión domiciliaria, y los supuestos impedimentos para poder ver a su hijo. No siendo poco, al comienzo del proceso presentó un habeas corpus denunciando la falta de suministro de medicamentos psiquiátricos que está tomando, así como la ausencia de elementos básicos de higiene en su lugar de detención.
Otra condena y testigos bajo sospecha
Además de las condenas mencionadas, el tribunal también halló culpable a Vilma Griselda Albornoz, quien fue sentenciada a tres años de prisión condicional por los delitos de asociación ilícita en calidad de miembro y estafa, bajo la modalidad de delito continuado. Tanto ella como Ana Lucía Vilardel fueron puestas en libertad, aunque deberán cumplir con reglas de conducta durante tres años, entre ellas fijar un domicilio real, informar cualquier cambio y someterse al control del Programa de Inserción Social y Supervisión de Presos y Liberados.
Los jueces también hicieron lugar al pedido de la fiscal y ordenaron remitir a la fiscalía penal de turno las actas de la declaración de uno de los testigos por la posible comisión del delito de falso testimonio.
Durante el juicio se logró determinar que Generación Zoe funcionaba como un esquema piramidal que ofrecía ganancias de entre el 7,5 % y el 10 % mensual —alcanzando hasta un 120 % anual—, que no provenían de inversiones reales, sino del dinero aportado por nuevos inversores.
La investigación en Salta se inició en 2022 a partir de múltiples denuncias de ahorristas que aseguraban haber sido estafados. El tribunal ordenó que los condenados con penas de prisión efectiva cumplan sus condenas en
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