El Juzgado Federal N° 1 de Santa Fe dictó el procesamiento con prisión preventiva para Jorge Osvaldo “Puré” Cabrera, acusado de haber realizado los llamados extorsivos durante el secuestro de un joven de 27 años con discapacidad e insulinodependiente, ocurrido en 2023 en la localidad de Gálvez.
La resolución judicial, firmada por el juez Carlos Villafuerte Ruzo, responde al pedido del fiscal general Martín Suárez Faisal y del auxiliar fiscal Nicolás Sacco, quienes impulsaron la investigación que permitió identificar a Cabrera como el cuarto implicado en el caso en el que ya hay 3 personas condenadas.
Su vinculación en la causa se produjo tras un minucioso trabajo pericial. El 28 de mayo, Cabrera fue detenido luego de que la Sección Acústica Forense de la Policía Federal Argentina (PFA) realizara un peritaje de audio que permitió identificar coincidencias entre su voz y la de quien realizó los llamados extorsivos desde el teléfono de la víctima.
Los peritos compararon los mensajes enviados a la madre de N. M. con audios extraídos del celular de Petri, enviados a través de WhatsApp en conversaciones mantenidas con Cabrera.
La Fiscalía sostuvo que la similitud de voces fue “definitivamente ratificada” por un informe de geolocalización elaborado también por la PFA, que determinó que el teléfono de Cabrera replicó el mismo recorrido que el de la víctima y el de Martín Quevedo durante la negociación extorsiva.
El procesamiento de Cabrera se fundamenta en su rol como coautor del delito de secuestro extorsivo agravado, tanto por la condición de discapacidad de la víctima como por la participación de tres o más personas en el hecho.
Además, el juez Villafuerte Ruzo dispuso un embargo de 2 millones de pesos sobre los bienes del imputado, medida que busca garantizar eventuales responsabilidades civiles derivadas del proceso penal.
La investigación permitió reconstruir la trama familiar que unía a los implicados. Cabrera resultó ser cuñado de los hermanos Quevedo y concuñado de Petri, lo que facilitó la coordinación y ejecución del secuestro.
Además, trabajaba en la obra en construcción de la casa de Andino donde se mantuvo cautiva a la víctima y, tras el hecho, continuó desempeñando tareas en ese lugar. Este dato resultó relevante para los investigadores, ya que evidenció el conocimiento y acceso que Cabrera tenía a la propiedad utilizada como centro de reclusión.
La víctima, identificada como N. M., fue capturada la madrugada del 14 de abril de 2023 cuando regresaba en bicicleta a su domicilio tras cumplir su jornada laboral en un bar de Gálvez. El joven, que padece el síndrome de Kabuki y depende de insulina para sobrevivir, fue interceptado y trasladado por los hermanos Franco y Martín Quevedo.
El trayecto de la privación de la libertad abarcó aproximadamente 100 kilómetros en automóvil, hasta una casilla de madera situada en el fondo de una propiedad en la localidad de Andino. La investigación determinó que el lugar pertenecía a Jonatán Petri, empleado administrativo del Ejército y cuñado de los Quevedo, y a su esposa, hermana de los secuestradores.
Durante las 12 horas que duró el cautiverio, los secuestradores utilizaron el teléfono móvil de la víctima para comunicarse con su madre. Desde ese dispositivo, exigieron el pago de un rescate que inicialmente fijaron en 200.000 dólares.
La presión psicológica sobre la familia se intensificó con mensajes amenazantes y precisos. Uno de los audios enviados a la madre de N. M. decía: “No es joda. 200 mil dólares o no lo ve más. Si llama a la cana, no lo ve más. Ni una palabra a nadie. Una hora”.
La cifra solicitada como rescate fue posteriormente reducida a 5 millones de pesos, en un intento de facilitar la obtención del dinero y acelerar la entrega.
Los captores establecieron instrucciones cambiantes para la entrega del rescate. En un primer momento, indicaron que el dinero debía ser entregado en una estación de servicio ubicada en la autopista Rosario-Santa Fe.
Más tarde, modificaron el punto de encuentro y ordenaron que el bolso con el dinero se arrojara debajo de un puente del río Carcarañá.
Finalmente, aseguraron que la liberación de la víctima se concretaría en un camino rural entre las localidades de Ricardone y Aldao.
La familia, desbordada por la situación y la urgencia, no logró ubicar el lugar exacto señalado por los secuestradores. Mientras intentaban llegar al sitio, recibieron la noticia de que un vecino había encontrado a su hijo sano y salvo en el punto previsto para la liberación.
El pago del rescate nunca se concretó. La liberación de N. M. se produjo sin que la familia entregara el dinero exigido, lo que permitió a los investigadores centrar sus esfuerzos en la identificación y detención de los responsables.
El 18 de octubre de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe condenó a 13 años de prisión a los hermanos Franco y Martín Quevedo, y a 11 años de prisión a Jonatán Petri, todos considerados coautores del delito de secuestro extorsivo agravado. La sentencia fue confirmada en abril de este año por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, consolidando la responsabilidad penal de los tres primeros implicados.
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