Caso Tamara Fierro: asignaron custodia policial a la familia de la víctima tras denunciar amenazas

En medio de la investigación por el femicidio de Tamara Fierro, la familia de la víctima denunció presuntas amenazas. Esto llevó a que Juan Manuel Pulleiro, el secretario de Seguridad, dispusiera una consigna policial permanente en el domicilio familiar para resguardar su seguridad.

El funcionario detalló que la medida respondió a los pedidos expresados por la abogada y los allegados de la víctima, quienes manifestaron su preocupación por las intimidaciones sufridas.

El martes, Rocío, la hermana de Tamara Fierro, había declarado que un grupo de personas pasó frente a su casa e hizo un gesto de corte en el cuello.

El femicidio de Tamara había sumado un nuevo capítulo el jueves pasado, cuando la Fiscalía ordenó la detención de un oficial de la Brigada de Investigaciones de Libertador General San Martín, acusado de supuestamente haber filtrado evidencia vinculada al caso.

De acuerdo con lo publicado por Jujuy al Momento, el arresto del efectivo policial se produjo luego de que, en el marco de la investigación, se incautaran teléfonos celulares a varios testigos.

El análisis de uno de estos dispositivos permitió identificar que un policía había filtrado un video sensible, el cual fue posteriormente difundido por Crónica.

El secretario de Seguridad explicó que el agente se encuentra actualmente detenido e imputado por este hecho, aunque evitó brindar mayores detalles debido a la etapa procesal en la que se encuentra la causa.

En relación con la calificación del crimen, Pulleiro aclaró que sus declaraciones sobre un “crimen pasional” fueron sacadas de contexto. El funcionario explicó que, en una conversación más extensa, mencionó la expresión al referirse a la ruptura de una pareja y la falta de alertas previas, pero subrayó que desde el inicio definió el hecho como un femicidio. Además, remarcó la gravedad de la situación, ya que en la provincia se registraron tres femicidios en el último mes, lo que genera alarma y preocupación en las autoridades.

También se refirió a la dificultad que enfrenta la Policía para prevenir delitos de este tipo, especialmente cuando no existen señales previas que permitan anticipar el desenlace. “Ni siquiera la familia tuvo la alerta de saber que podía ocurrir eso”, expresó.

En otro orden, manifestó su disposición a presentarse ante la Legislatura si es convocado para responder por la represión policial ocurrida durante una marcha en Fraile Pintado. Aseguró que no tiene objeciones en comparecer y que siempre está disponible para cualquier consulta de los legisladores.

En cuanto a la gestión de la seguridad en la provincia, detalló que se impulsó la reincorporación de policías que desempeñaban tareas administrativas para reforzar la presencia policial en las calles. Asimismo, destacó que el sistema de emergencias 911 se encuentra en constante crecimiento, recibiendo denuncias y solicitudes de la comunidad.

La cronología del femicidio de Tamara Fierro

Tamara fue vista por última vez en la entrada de una vivienda en la calle Gurruchaga, según las grabaciones de cámaras de seguridad del sábado 24 de mayo. Durante dos días no hubo rastros de ella, hasta el lunes 26, cuando encontraron los restos.

El cuerpo de Tamara fue hallado calcinado en un descampado cercano al barrio Los Lapachos. Inicialmente, se detuvieron a cinco personas. Pero, con el paso de los días, las autoridades liberaron a tres de ellos.

A raíz de esto, los familiares y vecinos realizaron protestas frente a la casa del principal sospechoso como forma de exigir justicia.

Durante estos actos, la vivienda fue incendiada, mostrando el descontento de la comunidad ante el brutal crimen. Además, según vecinos del barrio, este punto era conocido como sitio de venta de drogas y que también funcionaba como un “after”.

Los sospechosos son Jairo Diego Castro Guerrero, imputado por homicidio, y Esteban Pérez, acusado de encubrimiento. Según informó el medio local El Tribuno, ambos se negaron a declarar y fueron trasladados al Servicio Penitenciario de la Unidad Penal Nº 1, ubicada en el barrio Gorriti de la capital jujeña.

“Se dispuso, por parte de la jueza, la prisión preventiva de los mismos por el término de cuatro meses, plazo en el cual la Fiscalía avanzará en la investigación y reunirá la mayor cantidad de evidencias que permitan determinar cuál es en definitiva la responsabilidad de estas personas”, indicó el fiscal José Alfredo Blanco, en declaraciones a El Tribuno de Jujuy.