
El Juzgado Federal de Goya, a cargo de Cristina Pozzer Penzo, ha decidido elevar a juicio la causa que involucra a los 10 imputados que se presentaban como asesores de la “Fundación Lucio Dupuy” en el marco de la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes. Todos los imputados serán juzgados por haber retenido a menores que estuvieron con el niño desaparecido y de haber manipulado sus declaraciones para entorpecer la investigación. También se los acusa de defraudación a la administración pública
El fiscal federal de Goya, Mariano De Guzmán, junto con los cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Portex), Alejandra Mángano y Marcelo Colombo; han sostenido que los imputados actuaron de manera coordinada para frustrar la investigación, según la resolución a la que accedió Infobae.
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Los acusados son el psicólogo Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, alias ‘El Yanqui’ o ‘El Americano’; los abogados Elizabeth Cutaia, Alan Cañete y Delfina Taborda, más Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, oficial primero de la Policía de la Ciudad, que se encontraba fuera de servicio al momento de su llegada a Goya.
Cutaia, Cañete, Núñez, Machuca Yuni, López, Rossi Colombo y Soria llegarán a juicio como coautores, mientras que Noguera como partícipe secundario del delito de privación ilegítima de la libertad, estafa calificada por defraudación a la administración pública, y encubrimiento.
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Por su parte, Rubio y Taborda sólo están imputados por estafa y encubrimiento. Mientras que a Soria además se le endilga ser “penalmente responsable de los delitos de suministro de estupefacientes a título gratuito, resistencia a la autoridad y usurpación de títulos, al llevar insignias públicamente de un cargo que no ejerciere”. Hay que recordar que se hacía pasar como agente del FBI.
Por último, Rossi Colombo llegará a juicio por falso testimonio cometido en audiencia, violación de secretos y usurpación de títulos; este último delito lo comparten con Cañete, Núñez, Machuca Yuni y López.
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A su vez, Soria fue sobreseído por lavado de activos de origen delictivo y el resto de los acusados, por delitos contra los Poderes Públicos y el orden constitucional.
Cómo operaban, según la Justicia
Loan desapareció el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal de la localidad de 9 de Julio, Corrientes, durante un almuerzo familiar. El caso fue reportado a las autoridades locales y federales, lo que desencadenó una búsqueda coordinada. Sin embargo, a medida que la investigación avanzaba, una red de individuos, bajo el pretexto de ayudar, obstaculizaron las diligencias judiciales y policiales, según se desprende del auto de elevación a juicio al que accedió este medio.
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Cutaia y Cañete, por caso y siempre según la teoría de los fiscales, viajaron a Corrientes poco después de la desaparición del niño, pretendiendo ofrecer asistencia jurídica a la familia de Loan. Sin embargo, testimonios y pruebas sugieren que estas asistencias no eran más que una fachada para manipular las investigaciones en su favor.
Para la Justicia, Soria, conocido como “el americano”, habría estado implicado en actividades sospechosas, incluyendo la manipulación de testimonios y obstrucción de la justicia.
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En base a las declaraciones recabadas, los implicados habrían simulado realizar actividades benefactoras mientras en realidad desviaban la atención de la investigación. Se destacó la organización de una reconstrucción de los hechos de manera privada y sin autorización judicial, un movimiento explícitamente diseñado para manipular el curso normal de los procedimientos legales, se desprende de la resolución.
Premeditación y coordinación

De manera específica, se han identificado roles y acciones que los ahora acusados habrían desempeñado en la causa, sugiriendo un nivel significativo de premeditación y coordinación en sus esfuerzos para desestabilizar el procedimiento judicial original. Esto incluye desde el ofrecimiento de sobornos y falsas promesas hasta la manipulación directa de testigos clave, como Macarena Peña y Camila Núñez.
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Los miembros de esta denominada “Fundación Lucio Dupuy” aparecen recurrentemente en las investigaciones como actores que habrían actuado fuera del marco legal, generando confusión y entorpeciendo la labor de investigación de las autoridades. Su involucramiento en actividades ilícitas, de acuerdo con documentos de la acusación, habría comenzado apenas un día después de la desaparición de Loan, lo que sugiere un plan previamente orquestado.
Las pruebas acumuladas hasta ahora incluyen declaraciones de testigos, evidencia documental y registros de comunicaciones, todos ellos apuntando a una conspiración más vasta que lo inicialmente contemplado.
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