En el marco de la causa que investiga la muerte de Diego Maradona, este miércoles las autoridades ordenaron allanar la empresa prestadora de servicios de enfermería y aparatología médica que estuvo a cargo de equipar la internación domiciliaria donde murió el futbolista el pasado 25 de noviembre de 2020.
Se trata de Medidom, cuyo domicilio legal figura en la calle Güemes 4243, en el barrio porteño de Palermo. Fue allí a donde personal de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales se movilizó para ejecutar el operativo por instrucción del Juzgado Nacional de Rogatorias y del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro.
Sin embargo, el procedimiento no salió como esperaban: según supo Infobae, al llegar al edificio en cuestión, los agentes constataron que la compañía se había mudado. No funciona más allí desde hace aproximadamente 5 años, cuando murió Diego.
El objetivo del operativo era secuestrar todo el material, tanto físico como digital, que sea de interés para la causa. Por ejemplo, la documentación correspondiente al período en el que se organizó y montó la internación domiciliaria para Maradona en Tigre.
La orden también incluía la incautación de dispositivos electrónicos y el secuestro de correspondencia digital, como mails o chats, que pudiera contener datos vinculados a la investigación.
Estos intercambios podían contener información crucial que involucrara -o no- a dos de los siete imputados en el juicio: Nancy Forlini, la coordinadora de la prepaga de Maradona; y Mariano Perroni, de Medidom, quien estaba a cargo de los enfermeros que trabajan en la internación domiciliaria de Diego.
El allanamiento se ordenó una semana después de que se hiciera el registro en Clínica Olivos, donde, luego de la declaración del director del sanatorio, Pablo Dimitroff, los jueces del TOC Nº3 de San Isidro pidieron secuestrar todos los archivos relacionados con la salud de Maradona con fecha entre el 3 y el 11 de noviembre de 2020.
El operativo se hizo el pasado martes a la noche. Una vez dentro del sanatorio, los uniformados se entrevistaron con el médico a cargo, doctor Juan Molinos; el gerente de la clínica, Pablo Castiello; y el apoderado de la prepaga, Claudio Gabriel Ravinovich, quienes interiorizados de la diligencia, autorizaron el acceso a los sistemas informáticos.
Verificados los mismos, se procedió al secuestro de archivos en soporte digital y documentación física en soporte papel, ambas relevantes y de intereses para la presente investigación. En detalle, los agentes incautaron 279 fojas correspondientes a la historia clínica completa de Diego Maradona, seis estudios de laboratorio y 543 correos electrónicos que se enviaron entre los investigados.
Durante el operativo, también buscaban incautar documentación sobre otros procedimientos que se practicaron en la Clínica durante el período establecido.
La medida fue decidida por unanimidad a partir de un pedido del fiscal general adjunto de San Isidro, doctor Patricio Ferrari, uno de los fiscales a cargo de la acusación pública, quien solicitó hacer un registro del establecimiento de zona Norte por considerar que hay pruebas que involucran a los imputados y que no fueron aportadas en la causa.
La petición -que recibió el apoyo de todos los abogados querellantes y hasta de los defensores de Luque y Cosachov- tuvo lugar luego de la declaración del director del sanatorio, Pablo Dimitroff, quien durante su testimonio aportó un estudio prequirúrgico que le habrían realizado al Diez antes de su operación de cabeza, a principios de noviembre de 2020. Sus resultados, sin embargo, no constaban en el historial clínico.
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