
Una joven denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de una monja durante su formación en la Congregación de las Hermanas Misioneras Catequistas de Cristo Rey. Según la denuncia, los hechos ocurrieron entre marzo y noviembre de 2022, mientras la joven realizaba el “aspirantado” en La Plata después de haber cumplido la mayoría de edad.
Al momento de los hechos, la acusada ocupaba un alto cargo dentro de la congregación, ya que fue identificada como la Superiora de Comunidad y Hermana del Consejo General. Por este motivo, la religiosa había estado en contacto en varias oportunidades con la denunciante, debido a que estaba encargada de asistirla en las diferentes tareas y actividades que debía realizar.
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Pese a que la víctima no habría podido contabilizar la cantidad de veces que habría sido atacada por la superiora, sí confirmó que había acudido a la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico para poder afrontar lo que habría ocurrido. Asimismo, señaló que los abusos que denunció la llevaron a abandonar la institución en noviembre de 2022.
Fue así que, dos años y medio más tarde, se animó a radicar la denuncia en la Justicia. Según la información publicada por el medio platense 0221, el caso quedó en manos del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3 de La Plata.
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Hasta el momento, la joven recibió atención psicológica por parte de Liliana Rodríguez, una de las psicólogas de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico, quien se encarga de acompañarla en el proceso de contención e investigación. “La monja tenía un contacto directo con la denunciante e incluso la asistía en cuestiones elementales”, apuntó.
Al mismo tiempo que Rodríguez señaló que la monja “acompañaba en su concurrencia a servicios hospitalarios y en visitas a distintos lugares de la ciudad”, destacó que “es la primera vez que se denuncia a una monja que ha tenido tanta responsabilidad en su congregación”.
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A raíz de la difusión del caso, se confirmó que la monja acusada vivió en diversos hogares religiosos, incluidos el hogar de niñas Cristo Rey en La Plata y el hogar de niñas Mercedes Pacheco. Además, también llegó a desempeñarse en los colegios Nuestra Señora de la Merced y Mercedes Pacheco que se ubicaban en el barrio de La Loma.
De igual manera, desde la Red apuntaron que habían recibido mensajes de otras mujeres que habrían tenido contacto con la misma monja. No obstante, no habría nuevas denuncias en contra de la religiosa, cuyo paradero es desconocido desde que fue trasladada hacia otro destino.
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“Por nuestra experiencia, quien abusa no lo hace solamente una vez”, remarcaron desde la organización al agregar: “Hacemos estas publicaciones convocando a otras personas que hayan atravesado situaciones similares”. Mientras tanto, la investigación judicial continúa, y se espera que en los próximos días se tomen declaraciones y se presente un informe psicológico sobre el estado mental en el que se encuentra la denunciante.
El caso de abuso sexual contra la monja se dio a conocer varios días después de que el Tribunal de Casación Penal fijara la condena de 28 años de cárcel para Raúl Francisco Rubio, un líder umbanda que fue encontrado culpable de violar a dos nenas de 12 y 13 años en el templo que administraba en la localidad de Gorina.
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El “manosanta” había sido condenado por el delito de abuso sexual agravado por ser ministro de culto y por la reiteración de los delitos en septiembre del año pasado por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) IV de La Plata, cargos que fueron aceptados por la Sala III de Casación. Por medio del fallo judicial, los magistrados ratificaron que existía una “inocultable gravitación psicológica” en las víctimas.
De acuerdo con el expediente, el líder religioso había alegado estar bajo la influencia de una entidad llamada “Yudolodo”, quien habría sido responsable de cometer los actos. No obstante, el tribunal interpretó que, tanto la defensa, como los rituales en los que ocurrieron los abusos, se habrían tratado de una “farsa” para poder llevarlos a cabo.
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Incluso, el juez Emir Caputo Tártara sentenció que el acusado se había aprovechado de la “extrema vulnerabilidad” de las menores de edad y de la “asimetría de poder” que tenía por ser reconocido como el líder religioso de la comunidad. Asimismo, señalaron como agravantes el hecho de que las nenas eran menores de 13 años cuando comenzaron los abusos y que solía imponer estereotipos de género al controlar la vestimenta con la que acudían las mujeres que eran parte del grupo.
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