Seguirá preso el único detenido por el crimen de Paloma y Josué: qué esconde el celular clonado

El juez de Garantías N°8 de Florencio Varela, Adrián Marcelo Villagra, dictó la prisión preventiva del comerciante Gonzalo Andrés López, único detenido por el crimen de Paloma Gallardo (16) y Josué Salvatierra (14) en Bosques. Está imputado por el encubrimiento del doble homicidio, dado que su celular, un Samsung A02, comparte número de IMEI, marca y modelo con el del adolescente asesinado. Para la Justicia hay dos opciones: son teléfonos clonados o alguien le llevó el dispositivo del chico después de que los mataran.

A López lo detuvieron el 17 de febrero pasado en General Roca, provincia de Río Negro, donde vive junto a sus padres. La Policía Federal Argentina (PFA) lo fue a buscar tras detectar que el IMEI del celular de Josué se volvió a activar en esa ciudad patagónica por primera vez desde su asesinato. Lo usó entre el 10 y el 14 de ese mes -con un chip distinto al de la víctima- y después lo apagó.

Los peritajes posteriores, sumados a otras medidas de prueba que ordenó el fiscal de la causa, Darío Provisionato, expusieron más detalles sobre la actividad del Samsung A02. Entre el 17 y el 19 de noviembre impactó en las antenas telefónicas de Río Negro, mientras a su vez lo hacía en las de Florencio Varela.

Para la defensa de López este es un dato crucial, que descartaría de pleno que alguien le haya entregado el teléfono de Josué al detenido luego del doble crimen, ya que el mismo Samsung A02 no puede estar en dos lugares al mismo tiempo.

Sin embargo, es un escenario que no descartan los investigadores, ante la posibilidad de que haya otro factor -por ahora desconocido- que explique esa actividad simultánea.

Por otra parte, el detenido aseguró haber adquirido su Samsung A02 -de carcaza azul- en abril o mayo de 2024. Afirmó que era usado y que se lo compró a un desconocido por Facebook. El de Josué, en tanto, era de color negro. Para los investigadores este tampoco es un dato que elimine la chance de que sean el mismo dispositivo, ya que son piezas “fácilmente intercambiables”.

El fiscal Provisionato sostiene que hay pruebas para afirmar -en esta instancia- que el imputado “recibió, adquirió y/o oculto” el celular que le arrebataron a Josué Salvatierra antes de matarlo. E, incluso, si no se tratara del mismo aparato, la clonación del IMEI da cuenta de que alguien intervino maliciosamente el celular del adolescente.

La investigación alrededor del Samsung A02 se completa con otra serie de hilos que unen a Río Negro con Florencio Varela. Son datos que nutren la hipótesis de que en la Patagonia se esconde información relevante que podría esclarecer quién mató a los novios, un misterio que por ahora está lejos de resolverse.

Casi un mes después del hallazgo de los cuerpos en un descampado, por ejemplo, se descubrió que Omar Gallardo, padre de Paloma, tiene otra hija y una ex esposa que viven en General Roca, la misma ciudad en la que estaba el celular presuntamente clonado.

Infobae reveló que el detenido, cuando se quebró y decidió contar su versión ante el fiscal, negó conocer a las víctimas o a sus parientes, ni tampoco a la familia que tiene el papá de Paloma en el sur. El comerciante aportó su teléfono y las contraseñas de todas sus redes sociales, y hasta el momento no se encontraron pruebas que refuten su afirmación.

Sí hay otras dos suspicacias que son tenidas en cuenta en el expediente. Los padres del detenido, al igual que los de Paloma, son pastores de una iglesia vinculada a la Asamblea de Dios. Y hay más: aunque el imputado trabaja en el rubro del comercio, cursó un año de la carrera de analista programador. Es un dato que levantó sospechas por sus conocimientos informáticos y la posibilidad de que esto esté conectado con la clonación del Samsung A02.

De esta manera, la resolución de prisión preventiva, a la que tuvo acceso Infobae, debería ser ejecutada en un plazo máximo de 72 horas, dentro de las cuales López continuará detenido, pero ahora en una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Jugaron en su contra los peligros procesales que tuvo en cuenta el juez de Garantías, para quien existe peligro de fuga (vivió 12 años en Chile, donde tiene familia) y riesgos de entorpecer la causa.