Radiografía de una comisaría porteña: las celdas siguen desbordadas en medio de la puja entre el Gobierno y CABA

El problema por el hacinamiento de presos en comisarías y alcaidías porteñas que mantiene enfrentados al Gobierno Nacional con el de la Ciudad de Buenos Aires todavía no parece tener una solución inminente a la vista. Lejos de un acuerdo, las autoridades siguen señalándose mutuamente por quién es el responsable de una crisis que ya generó al menos seis fugas en los últimos 4 meses. Y mientras los dirigentes ahondan en su discusión, el crecimiento de la población carcelaria de CABA continúa en aumento.

La comisaría 14 A, localizada en pleno barrio de Palermo, es un claro reflejo de esta problemática, que ya traspasó los límites de la política y se instaló entre la ciudadanía como una nueva preocupación.

Ubicada en las calles Julián Álvarez y Güemes, una zona residencial con al menos tres colegios en sus inmediaciones y decenas de comercios aledaños, la dependencia policial alberga 48 reclusos en total, incluyendo cuatro mujeres y seis condenados. Una cantidad que excede ampliamente su capacidad.

El desborde es visible a los ojos. En la celda de esa comisaría, que cuenta con espacio para 12 colchones, hay 28 imputados encerrados y amontonados. Es un hervidero que ni siquiera cuenta con un baño cerca: quienes necesiten ir, tienen que pedir permiso y trasladarse con custodia a uno que está a varios metros del calabozo, del otro lado de un patio al aire libre. “Siempre es un riesgo”, afirmaron fuentes de la fuerza porteña a Infobae durante una recorrida.

En la alcaidía de esa misma dependencia policial hay otros 16 presos. Entre ellos, los que están cumpliendo condena. Pero son tantos que, tal como argumentó la justicia porteña en un fallo emitido el pasado fin de semana, se vulnera su dignidad y sus derechos. En este escenario, debido al poco espacio que hay en la comisaría y el peligro que conlleva sacarlos de las celdas en estas condiciones, se les suspendieron las visitas de sus familiares momentáneamente.

Las cuatro mujeres aprehendidas ni siquiera están en una celda porque no hay para ellas. Están presas por delinquir bajo la modalidad de mecheras en el shopping Alto Palermo, ubicado a pocas cuadras de la dependencia policial. Como solución provisoria, fueron alojadas en una especie de oficina con puerta corrediza, donde están esposadas. Tampoco tienen baño, por lo que tienen que compartirlo con los otros presos.

Para mantener a cada uno de ellos, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires destina $83.576 por día, según datos oficiales a los que accedió Infobae. Este número incluye comida, salud y traslado.

Y esta misma situación se replica en la mayoría de las dependencias policiales porteñas. Actualmente, en CABA hay 2434 detenidos totales, cuando la capacidad máxima es de 1270 presos, la mitad. El número marca un significativo incremento en comparación al dato de 2020, cuando hubo 448, o de 2023, que ingresaron 1794.

Entre los aprehendidos en la actualidad, se registran 418 condenados y 188 con sentencia firme, de los cuales dos son a cadena perpetua. Para su correcto resguardo, las autoridades porteñas debieron poner a disposición más agentes que antes: ahora hay 3.000 oficiales dedicados a la custodia de los presos.

Según datos a los que accedió este medio, de los reclusos en comisarías vecinales y alcaidías, 1347 están detenidos por los delitos de robo y hurto; 287 por tentativa; 273 por abuso sexual, 36 por homicidio, y 485 por otros ilícitos. También hay 7 menores.

Frente a este panorama, desde la cartera que conduce el ministro Waldo Wolff le reclaman a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que reanude el traslado de sus presos a las cárceles federales para desagotar los calabozos hasta que se concrete la transferencia del Servicio Penitenciario y de la Justicia penal.

“La primera transferencia está más cerca de cumplirse que la segunda”, señalaron las fuentes al respecto.

Sin embargo, del lado de la funcionaria insisten en que los porteños “no se quieren hacer cargo de sus presos” y que les dieron “un montón de soluciones que no toman”. Además, señalan a Wolff por su “inacción” ante las numerosas fugas en la Ciudad.

En este sentido, desde el ministerio porteño se defienden: remarcan que su gestión, estadísticamente, sufrió menos fugas que administraciones anteriores. Pero no por eso se relaja. Sin embargo, hasta que no exista un acuerdo viable entre ambas partes, desde el gobierno de la Ciudad temen que el conflicto se agrave.