El empresario estadounidense nacionalizado argentino Paul Oswald Morani (57) se declaró culpable este martes de transmisión de dinero sin licencia en un tribunal federal de Miami, en el marco de un esquema que involucró el uso de facturas falsas y empresas ficticias para lavar 350 millones de dólares provenientes de Sudamérica.
Según informó Law360, durante la audiencia ante la jueza del distrito de EEUU Beth Bloom, Morani aceptó los cargos en su contra, los cuales fueron reducidos desde una acusación inicial por lavado de dinero. Su abogado, Marshall Louis, indicó que el delito base de la operación ilegal fue el cambio de divisas sin licencia.
Según la fiscal Monique Botero, Morani estableció o dirigió la creación de varias empresas de fachada, registradas como compañías de importación-exportación o transporte de carga, que en realidad no tenían actividad comercial legítima.
A través de estas empresas ficticias se transferían fondos desde Argentina a sus cuentas bancarias en EEUU, para luego ser reenviados casi de inmediato. El mecanismo incluía la generación de facturas falsas con el fin de evadir las restricciones cambiarias del país.
Los fiscales sostienen que Morani utilizó las ganancias del esquema para adquirir un condominio de 2.3 millones de dólares en Miami Beach.
La jueza Bloom fijó la sentencia para el 7 de mayo próximo en Miami. Mientras tanto, su presunta cómplice y pareja María Eugenia Delannoy se encuentra en proceso de extradición en Argentina, según dijo su defensa en base a Law360.
La pista argentina
La mujer fue apresada a principios de junio pasado. Luego, fue puesta en libertad. La División Interpol de la PFA la había arrestado a pedido de la Justicia estadounidense. Delannoy está acusada de ser una de las cómplices de Morani y la capturaron cerca del country Santa Bárbara, en el partido de Tigre, donde la mujer vivía.
Morani, precisamente, había aportado un domicilio en Santa Bárbara para fundar una de sus tantas empresas argentinas. El dato curioso del arresto de la mujer fue en los últimos años, insólitamente, cobró la Asignación Universal por Hijo, de acuerdo a sus datos en la ANSES.
El exhorto de la Justicia de Estados Unidos para detenerla fue recibido por el juez federal Sebastián Ramos, que delegó tareas a la Dirección General de Cooperación Policial Internacional de la PFA. Así, se descubrió que Delannoy tenía el hábito de manejar vehículos de alta gama, pero no eran suyos, sino que aparecía como autorizada.
El rastreo de esos coches permitió dar con la sospechosa en el country Santa Bárbara. La acusan de emisión de transferencias de dinero ilegal desde Argentina con destino a empresas fantasmas registradas en Estados Unidos, el negocio por el que Morani acaba de admitir su culpa. Ella fue liberada, pero sigue sujeta al proceso.
Morani se encuentra registrado como empresario en la Argentina, con un alta en la AFIP y un domicilio fiscal en la avenida Santa Fe. Fundó o integró más de una decena de empresas desde 2003, como Asian Pacific Cargo SRL, según el Boletín Oficial, con una variedad de socios argentinos.
Además, tuvo una causa por violación a la ley de drogas que tramitó en la Cámara Federal de Corrientes, que en abril último resolvió entregarle una camioneta Toyota Hilux que le habían incautado años atrás, tras una apelación de su defensa.
El caso
El caso, identificado como "EEUU vs. Morani″, está radicado en el Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito Sur de Florida. El gobierno está representado por Andrea Goldbarg y Daren Grove, de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, mientras que la defensa de Morani incluye a Alejandro Soto de Fridman Fels & Soto PLLC, así como a Marshall Louis, Emiliano De Luca y Scott Nielson de Boies Schiller Flexner LLP.
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