
El pasado lunes, un joven de 26 años falleció en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), debido a varias heridas de arma blanca que recibió mientras permanecía cumpliendo una condena en la cárcel de Piñero, Santa Fe. La víctima resultó ser Agustín de la Encina, un bróker de seguros que, en julio de 2024, había sido identificado como uno de los responsables de un cargamento de cocaína valuado en 250.000 dólares que tenía como destino la ciudad de Rosario.
Sobre De la Encina pesaba una condena por tráfico de estupefacientes, incluso desde la cárcel, donde estaba detenido desde 2021 por una causa de venta de drogas. En ese entonces lo habían detenido con 700 gramos de cocaína en un departamento de Pellegrini y Laprida, en Rosario, y trasladado a Coronda, Santa Fe.
En este último tiempo había estado cumpliendo su condena en la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero, en un pabellón destinado a presos de alto perfil. Las autoridades intentan esclarecer si su muerte está relacionada con una presunta pelea con otros reclusos, en la que recibió varios puntazos.
Por el hecho, la fiscal de Homicidios Dolosos, María de los Ángeles Granato, abrió una investigación y ordenó el secuestro de los teléfonos celulares de tres agentes del Servicio Penitenciario en busca de pistas sobre el móvil del crimen y los posibles responsables. En tanto, los agentes buscan por estas horas identificar a el o los agresores.

En octubre de 2023, una investigación liderada por el fiscal de Homicidios de Rosario, Gastón Ávila, agravó la situación judicial del fallecido, al señalarlo como instigador de un intento de asesinato ocurrido en marzo de ese año. La mujer recibió cuatro disparos, pero logró sobrevivir, lo que permitió que su testimonio, junto con el de otros testigos, vinculara al responsable de intento de asesinato, con una red de venta de drogas que involucraba a personas de la clase media alta.
Según la causa, De la Encina habría contratado a dos sicarios desde prisión para ejecutar el ataque contra Maia. Este hecho, sumado a las pruebas presentadas, llevó a que la jueza Verónica Lamas González dictara prisión preventiva sin plazo el 6 de octubre, endureciendo aún más su situación procesal y descartando cualquier posibilidad de obtener la libertad en el corto plazo.
“Agustín sigue vendiendo desde la cárcel y estudia derecho. El kilo de cocaína lo iban a comprar a medias, no sabe a quién, solo que tenían que pasar la frontera y no llegó. Maia empezó a reclamar plata y allí fue cuando recibió los primeros disparos”, había señalado un testigo de la causa por tentativa de homicidio hace un año.
Además del intento de homicidio, su nombre apareció vinculado a una red de narcotráfico desmantelada por un operativo Jackpot de la División Antidrogas de la Policía Federal, que culminó con el secuestro de 32 kilos de cocaína en San Pedro. En el procedimiento también se llevaron a cabo allanamientos en la celda de la cárcel de Coronda, donde la víctima estudiaba Derecho.
Los paquetes de droga estaban marcados con el número 777, un código que, según la DEA, representa la cocaína en el mundo del narcotráfico, y que fue clave para la investigación. En ese contexto, se descubrió la relación entre De la Encina y Ayelén Alarcón, presunta “encargada extramuros” de manejar los negocios del joven desde afuera de la cárcel, así como con los hermanos Misael y Fernando R., transportistas que fueron arrestados con el cargamento en un bar de una estación de servicio de San Pedro.
Todo esto desembocó en el cargamento valuado en dólares, interceptado en San Pedro, supuestamente relacionados con la hermana del capo narco, Esteban Lindor Alvarado. De acuerdo a la información analizada por los fiscales federales Santiago Alberdi y Matías Mené del área de Investigación y Litigios de Casos Complejos de Rosario, Alvarado mantenía frecuentes comunicaciones telefónicas con el recluso.
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