El domicilio de la calle Santa Catalina al 800 que este jueves se convirtió en la escena del crimen de Franco Vera era vigilado desde principios de diciembre por agentes de la Policía Bonaerense. La investigación había sido motivada por una denuncia radicada el 30 de noviembre pasado, la cual indicaba que la casa con fachada de verdulería que estaba en el barrio era, en realidad, un búnker de drogas.
Tres días después, la UFI 9 de Morón, especializada en estupefacientes y a cargo del fiscal Lovillo, dispuso comenzar con una serie de tareas encubiertas en la zona a fin de constatar la actividad en el lugar y luego avanzar contra sus involucrados. No sabían que exactamente a un mes del comienzo de los trabajos ocurriría un homicidio que dejaría en la mira su intervención.
Las diligencias estuvieron a cargo de los agentes de la Delegación de Drogas Ilícitas de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, durante la primera semana llegaron otras seis denuncias más que alertaban lo mismo y, en consecuencia, la Fiscalía solicitó que se acelerara la investigación.
A partir de ahí es que comienzan las versiones cruzadas entre la Policía y la Justicia, que se señalan mutuamente por la responsabilidad de no haber actuado antes.
Por un lado, los efectivos dicen que constataron actividad compatible con la venta minorista de sustancias en el lugar y que tomaron registros fotográficos y fílmicos que lo verificaban. Según la fuerza, la información estaba completa y lista para que se ordenara un allanamiento en el lugar.
Sin embargo, fuentes judiciales afirmaron a Infobae que la Fiscalía no solo no había tomado conocimiento de los avances en la investigación, sino que además llevaba semanas pidiendo insistentemente a la delegación que le compartieran el informe correspondiente para poder actuar. Este recién fue enviado a las autoridades unas 17 horas después del crimen, según supo este medio.
También desmintieron que se haya aplazado un allanamiento o que se haya programado el procedimiento para el próximo lunes 6 de enero, como había circulado en las últimas horas tras la muerte del joven de 22 años que recibió un disparo en la cabeza en medio de un tiroteo narco contra el búnker.
En este sentido, la versión de la Justicia es concreta: explican que, al no haber tenido ninguna prueba en sus manos, no contaban con el material necesario para pedirle al juez de garantías una orden y allanar el domicilio que ahora quedó completamente destruido tras haber sido incendiado por los vecinos del barrio.
Desde la Fiscalía no le echan la culpa a los agentes de la Bonaerense por no haber enviado el informe a tiempo, sino que remarcan que llevan adelante varias investigaciones en simultáneo y que pudieron haberse atrasado con este caso, aunque se había pedido especial atención debido a las reiteradas denuncias. No obstante, creen que hasta último momento no estaba redactado.
En el total de siete denuncias presentadas es en lo que se basa el reclamo de los vecinos de Morón, quienes este viernes se mostraron enfurecidos contra las autoridades por no haber desmantelado a tiempo el negocio de drogas que causaba conflictos en el barrio.
De acuerdo con los primeros datos de la investigación y las filmaciones del crimen, la víctima habría sido asesinada por un hombre identificado como Patricio Correa, quien había entrado minutos antes a otro domicilio de la misma cuadra a patadas mientras disparaba tiros al aire.
Poco después, al salir de la casa y sin mediar ningún tipo de palabra, observó del otro lado de la calle a Franco y le disparó varias veces. Uno de los tiros impactó en la cabeza de la víctima y la mató.
El sospechoso fue detenido en Moreno horas después de que activaran una búsqueda para dar con su paradero. Su captura fue el resultado de la investigación encabezada por el Departamento de Investigaciones de Morón y el Departamento de Seguridad del distrito.
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