La aparición de Claudio Scapolán en el juicio contra Elián Ángel Valenzuela, más conocido por L-Gante, causó sorpresa en el ámbito judicial bonaerense, sobre todo en San Isidro, donde el penalista solía desempeñarse como fiscal hasta que fue destituido por un Jurado de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados el año pasado, con una grave acusación en su contra.
Sucede que fue procesado en una causa que investiga una presunta asociación ilícita integrada por policías, abogados y funcionarios judiciales dedicada, entre otros delitos, a robar cocaína secuestrada a narcotraficantes para luego venderla, tras una denuncia presentada en 2016 por la ex diputada Elisa Carrió.
Ante esa imputación, el procurador Julio Conte Grand, resolvió pedir el jury. En ese proceso, en el que intervino la Comisión Provincial por la Memoria y tuvo como testigos a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y el fiscal federal Fernando Domínguez, Scapolán se defendió a sí mismo en compañía de Luciano Locatelli, quien resulta ser el nuevo abogado que representa a L-Gante en el juicio por amenazas y privación ilegítima de la libertad que el músico enfrenta en Mercedes.
Locatelli, quien integró del Consejo Directivo del Colegio de Abogados de San Isidro entre 2014 y 2018 y que fue candidato a presidente de la entidad en la última elección que ganó Guillermina Soria, fue presentado en la causa por el representante de L-Gante, Maxi El Brother, hace 25 días. Según trascendió, detrás de esa decisión está la discográfica que firmó con el músico en agosto pasado.
Frente a esa designación, Diego Storto, que estaba a cargo de la defensa y logró su excarcelación, resolvió dar un paso al costado. “Es imposible que en tan poco tiempo pueda interiorizarse en una causa tan grande”, se lamentó el penalista en diálogo con Infobae.
En cuanto a Scapolán, su presencia en la sala del Tribunal en lo Criminal N°3 de Mercedes puede ser explicada por ese vínculo con Locatelli, aunque no se presentó en el juicio como abogado, sino como colaborador, por una sencilla razón: no puede ejercer ese rol. Fue destituido por unanimidad, pero en el Colegio de Abogados de San isidro todavía su estado es de “incompatibilidad”, a causa de su función judicial.
No se trata de un error o un registro desactualizado. El ex fiscal no hizo ninguna presentación para salir de su condición de cargo incompatible ni para rehabilitar su matrícula. Su desplazamiento no está firme y aún no se llevó a cabo el juicio en el que puede ser condenado por falsedad ideológica. Nade le impide participar del juicio.
Por momento, debe conformarse con aconsejar a Locatelli al oído mientras se desarrolla el debate contra el popular cantante del género urbano RKT.
En ese contexto, L-Gante pidió declarar en la primera audiencia, una decisión poco común debido a que los defensores suelen esperar a conocer todas las pruebas que presenten el particular damnificado y la querella para tomar esa determinación. “Fue un error del ABC del Derecho Penal, jamás el imputado declara primero, te puede dejar en mala posición”, consideró una voz experimentada del ámbito judicial en diálogo con este medio.
El juicio contra L-Gante
En la apertura del debate, el Tribunal en lo Criminal N°3 de Mercedes resolvió que L-Gante no sea detenido y continúe en libertad hasta que se arribe a una sentencia. Durante la primera audiencia del proceso, que se llevará adelante durante toda la semana, el juez Ignacio Racca entendió que no había riesgos -por ejemplo, de un intento de fuga- para ordenar la detención del músico, cuya presencia en la sala fue una muestra para el magistrado de que el acusado estaba a derecho.
El debate se reanudó este miércoles con la declaración de testigos convocados por Leonardo Sigal y Pablo Becerra, abogados de los damnificados.
El fiscal del juicio es Adrián Landini, quien acusa a L-Gante en dos expedientes. El principal es por el delito de amenazas, privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas, tenencia simple de estupefacientes y encubrimiento calificados, por el que estuvo detenido el año pasado casi tres meses. En esta causa, el otro coimputado es Daniel Demarco, enjuiciado junto a Valenzuela.
Esa causa comenzó tras una denuncia de empleados municipales: lo acusaron de haberlos subido a su auto a la fuerza y amenazarlos a punta de pistola después de que varios de sus amigos, que se hacen llamar “La Mafilia”, fueran demorados tras haber participado de una discusión con otro grupo a la salida de un boliche de la zona oeste del conurbano.
Además, L-Gante enfrenta otra causa anterior a la principal también en este juicio. En este caso, lo acusan de amenazas agravadas, lesiones leves y daño en concurso real con amenazas.
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