Los negocios y la fortuna de la empresaria acusada de ser la reina del juego clandestino en internet

Un ariete siempre es una cosa incómoda. Mariela Andrea C. se echó al piso de su casa en un exclusivo country de Costa Esmeralda, a diez kilómetros de Pinamar, cuando oyó ayer lunes por la mañana el estruendo que hizo su puerta al romperse, flanqueada por una efigie de Buda hecha en cemento. La Policía Bonaerense y la Federal entraron arma en mano. Mariela ni siquiera tenía puestas sus zapatillas. La esposaron de inmediato. Su Mercedes Benz 210, con patente a su nombre, esperaba en la puerta.

En paralelo, la DDI de San Isidro entraba a su otra casa, ubicada en el coqueto Fincas de Iraola en Berazategui, para filmar sus ambientes, uno por uno, registrando hasta la última veta del mármol del baño. Otros tres autos de alta gama estaban estacionados allí.

Sus oficinas en la calle Corrientes también fueron sometidas a una redada. Pertenecen, en teoría, a la firma para la que Mariela trabaja en blanco. Esta firma está dedicada, al menos en los papeles, al negocio inmobiliario. “Es una cueva hecha y derecha”, se ríe un investigador clave. Allí, los detectives lograron abrir una caja fuerte de más de un metro de alto que guardaba 45 millones de pesos y ocho mil dólares. Hubo otras 25 entradas por la fuerza ese día, otros doce detenidos, por el delito de regentear juegos de azar sin licencia, tras ser denunciados por organismos como Lotería de Buenos Aires.

Los detenidos. conformaron, según la acusación en su contra a cargo de los fiscales Alejandro Musso y Juan Rozas, de la UFEIC de San Isidro y de la FEJA porteña conformada para investigar el negocio truchos de los juegos de azar, una red de casinos ilegales que operaban desde Instagram, motorizados por una lista de 14 famosos e influencers que serán citados a declarar por la Justicia. Así, en medio de una crisis de ludopatía a nivel nacional, con la miseria de los otros, llenaban sus arcas. Los allanamientos, según Musso, terminaron con 250 millones en efectivo. El movimiento de los casinos virtuales de la banda, cree Musso, es diez veces mayor: $2500 millones.

Mariela C. fue indagada por el fiscal Musso ayer miércoles: tras declarar tres horas, asesorada por su abogado defensor, Rodrigo González, fue excarcelada. Todos estos detenidos, en mayor o menor medida, se conectaban con ella, o reportaban a su autoridad. De 50 años, registrada como empresaria en la AFIP, integra desde 2007 una serie de empresas dedicadas, supuestamente, a negocios como la publicidad o el microcrédito. Sin embargo, para la Justicia, Mariela es un espejo de doble vía, una mezcla de legal y turbio.

Según la acusación en su contra, asegura una fuente del caso, se asociaba con otros imputados como Lautaro C. para regentear sitios web como el hoy difunto Ganamos, que operó desde febrero hasta junio de este año, una mezcla de ruleta, poker y black jack.

Así, “manejaba las cuentas de las sociedades anónimas por las cuáles se inyectaba el dinero sucio, una maniobra que se conoce como colocación y estratificación” para luego retirarlas en blanco. Una de estas sociedades es Lopagan SA, inscripta en el negocio de venta de accesorios de computadora según papeles de la AFIP. Luego, ese dinero era circulado a través de una billetera bancaria.

Testigos citados en la causa aseguraron que Lopagan tenía, por lo menos, cien billeteras distintas. En las reuniones para abrirlas, Mariela, según el mismo testigo, afirmó ser una representante “de mayoristas textiles y de calzado”. Esa reunión, precisamente, ocurrió en la oficina de la calle Corrientes allanada ayer.

Ganamos operaba en la calle con una serie de recaudadores. “Dentro de este esquema, los jugadores requerían cargar fichas y transferían el dinero digital a diversos “cajeros” asociados a la plataforma”, continúa un documento de la causa. Ayer hubo, por lo menos, cinco de estos cajeros detenidos.

Hubo varios teléfonos secuestrados. La apertura de estos aparatos es crucial para los fiscales. Allí, creen fuentes del caso, estarían las pistas para una nueva investigación por lavado de dinero.