Rebajaron las penas de los condenados por la muerte de Carlos “Bocacha” Orellano

A cuatro años y medio de la muerte de Carlos “Bocacha” Orellano, el joven que había salido a bailar en Rosario y fue encontrado muerto en el Río Paraná, la Cámara Penal confirmó que las penas aplicadas a los acusados de haber provocado su muerte fueron rebajadas. Asimismo, uno de los imputados fue absuelto luego de que se revisara su participación en el hecho.

Luego de que los acusados fueran condenados por un homicidio preterintencional, este viernes el tribunal de segunda instancia aseguró que la muerte de Orellano se había tratado de un caso de lesiones leves y abandono de persona seguido de muerte. La figura penal fue revisada después de que las partes apelaran la primera condena impuesta por los jueces Alfredo Ivaldi Artacho, Georgina Depetris y Gabriela Sansó.

Como resultado de la primera instancia judicial, el policía Gabriel Julio Nicolossi había sido condenado a 12 años de prisión, la agente Karina Laura Gómez a 9 años, y el patovica Emiliano Oscar López a 6 años. En el caso del empleado de seguridad Fabián Claudio Maidana, este ya había sido absuelto, por lo que el nuevo fallo ratificó que no habría participado del hecho.

De acuerdo a la información publicada por Rosario3, las nuevas penas que afrontarán los tres acusados sufrieron una reducción. En este sentido, Nicolossi fue condenado por lesiones leves, abandono de persona seguido de muerte y falsedad ideológica de documento público agravada, por lo que deberá pasar 9 años en la cárcel.

En el caso de la oficial Gómez, los jueces resolvieron condenarla por abandono de persona seguido de muerte y falsedad ideológica de documento público agravada como coautora. A raíz de esto, la sentencia fue reajustada a 7 años de prisión domiciliaria que deberá cumplir bajo la modalidad de vigilancia electrónica.

Por último, López fue señalado como el responsable de haber cometido el delito de abandono de persona seguido de muerte como coautor, lo que lo obligará a cumplir 5 años y 3 meses de prisión efectiva. Asimismo, el tribunal benefició a los agentes policiales al remover la pena de inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.

La muerte de Carlos “Bocacha” Orellana ocurrió el 24 de febrero de 2020, cuando el joven había asistido a un boliche de la costanera rosarina llamado Ming. Según el relato que aportó el padre de la víctima, este había sido sacado a golpes del establecimiento hasta que los patovicas lo arrinconaron contra una baranda y, finalmente, Carlos terminó por caerse al agua.

Una de las pruebas en que se basan las sospechas de la familia de Orellano sobre el presunto acorralamiento tiene que ver con un “sendero de rastros de sangre” que va desde el interior del boliche a la baranda del muelle 3.

El fiscal de Homicidios Dolosos, Patricio Saldutti, aclaró que no se encontraron rastros de sangre en el interior de la discoteca aunque sí en la parte trasera del local. “La gente del boliche no reconoce ningún problema esa noche”, comunicó el fiscal.

Bajo el punto de vista del investigador, “Bocacha” fue golpeado por los dos patovicas y el policía varón y, “tras rodear a la víctima contra la baranda del río Paraná, aprovechándose de la superioridad física y numérica, determinaron con su accionar que Orellano salte las barandas de protección del muelle y caiga a las aguas del río, circunstancias que le provocaron la muerte”.

No obstante, la defensa de los hombres de seguridad, López y Maidana, a cargo del abogado particular Jorge Bedouret, pidió la absolución de los acusados y afirmó que, durante el debate oral, no existió “un solo elemento de prueba serio que vincule a los imputados con la muerte de Carlos Orellano”. “No hay nada que permita sostener que López y Maidana participaran del homicidio por el cual están acusados”, sostuvo el defensor en el alegato final del juicio.

Por su parte, la abogada de los policías, Antonela Travesaro, coincidió con su colega y afirmó que “lo único probado en este juicio es que Carlos Orellano cayó al río, murió ahogado, no tiene lesiones”. Por lo tanto, consideró que “no existió violencia institucional, protocolo de encubrimiento ni pacto de silencio, sino que fuimos testigos del armado de una causa social, mediática y política”.