La Sala IV de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento del empresario Marcelo Eduardo Porcel en la causa en la que se lo investiga por presuntos abusos sexuales contra 10 compañeros de su hijo del colegio Palermo Chico y corrupción de menores.
Además, los jueces ratificaron el embargo millonario dispuesto sobre sus bienes y ordenó la colocación de una tobillera electrónica.
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La resolución fue dictada en la noche del jueves 28 de mayo, luego de una audiencia realizada por la mañana en la que participaron 14 padres y madres de las presuntas víctimas. La Cámara rechazó, sin embargo, el pedido de prisión preventiva impulsado por la querella.
Porcel está acusado de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por aprovechamiento de una situación de guarda, en hechos que habrían tenido como víctimas a diez menores de entre 11 y 15 años. También se le atribuyen delitos de corrupción de menores y producción de representaciones sexuales de un menor sin consentimiento.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido en oficinas y domicilios vinculados al imputado, donde —de acuerdo con la acusación— se aprovechaba de vínculos de confianza construidos con las familias. El expediente sostiene que los menores eran trasladados a esos lugares, donde se les suministraba alcohol y se los inducía a situaciones de contenido sexual bajo distintas excusas.
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En su fallo, los jueces Ignacio Rodríguez Varela, Julio Marcelo Lucini y Hernán Martín López descartaron los planteos de la defensa respecto de inconsistencias planteadas en los relatos de las víctimas. En contra parte, los jueces consideraron que los testimonios obtenidos en cámara Gesell presentaron “coherencia interna”, “estructura lógica” y signos de malestar compatibles con situaciones de abuso.
También rechazó el argumento defensivo sobre la inexistencia de indicadores traumáticos en algunas pericias psicológicas. Los magistrados remarcaron que la ausencia de secuelas visibles no invalida los relatos ni excluye la relevancia penal de las conductas investigadas.
En relación con la situación procesal de Porcel, la Cámara decidió mantenerlo en libertad al considerar que tiene arraigo, domicilio estable, trabajo conocido y que no existen antecedentes de incumplimiento de las restricciones ya impuestas. No obstante, ordenó medidas adicionales de control y protección para las víctimas.
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Entre ellas, dispuso la colocación inmediata de un dispositivo permanente de rastreo y geolocalización sobre el cuerpo del imputado -es decir, tobillera electrónica-, además de sistemas de alerta para los denunciantes ante eventuales acercamientos prohibidos.
La extracción de ADN
En una segunda resolución, la Cámara confirmó además la extracción compulsiva de ADN de Porcel para su incorporación al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con investigaciones criminales.
La defensa había cuestionado la medida al sostener que solo puede aplicarse a personas con condena firme y que vulnera derechos constitucionales como la presunción de inocencia y la intimidad. Sin embargo, el tribunal sostuvo que la legislación vigente habilita la incorporación de perfiles genéticos de imputados y procesados, y consideró que se trata de una medida “instrumental y registral”, comparable a la toma de huellas dactilares.
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Los jueces concluyeron que la extracción de ADN no constituye una sanción penal anticipada.
La causa
Los hechos denunciados ocurrieron entre 2022 y 2023. La situación se hizo pública cuando los padres de los alumnos, tras conocer los relatos, comenzaron a limitar la participación de sus hijos en encuentros organizados por el empresario.
Esto derivó en la presentación formal de las denuncias en 2024, recibidas e investigadas por el fiscal Pablo Turano. Todos los menores denunciantes declararon en cámara Gesell y detallaron los hechos.
Los lugares señalados por las víctimas en la causa incluyen abusos en el domicilio familiar de Porcel en Palermo, un departamento vacío propiedad de su madre en la Torre Le Parc, Puerto Madero, y sus oficinas.
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