
P., la mujer de 45 años acusada de entregar a su hija al periodista Ezequiel Guazzora para que la viole en un departamento mientras ella se drogaba, intentó dejar el penal de mujeres de Ezeiza dos veces en los últimos dos años, con pedidos de prisión domiciliaria planteados por su defensa. Aseguró sufrir fibromialgia, depresión crónica, cuadros agravados por su encierro. No le resultó. Dos salas de la Cámara Criminal de Casación porteña ordenaron que permanezca en una jaula. P. ni siquiera consiguió un garante para su encierro en casa. La Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica del Servicio Penitenciario Federal emitió una opinión negativa: el referente que la mujer propuso solo se ofreció a llevarle comida y remedios de vez en cuando.
Los magistrados que analizaron el caso, finalmente, no solo ponderaron el peligro de fuga y que sus patologías podrían ser tratadas dentro de la cárcel. También, aseguraron que podría amedrentar a su propia hija, convertida en víctima del presunto delito.
Así, P. finalmente enfrentará el juicio en su contra, que se realizará desde el mediodía de hoy y durante otras dos jornadas en el Tribunal N°24, ubicado en la calle Paraguay, integrado por los jueces De La Fuente con Marcelo Álvero y Maximiliano Dialeva. Guazzora ya se encuentra en la sala, tras ser trasladado esta mañana desde su celda en una dependencia de la PFA.
La calificación aplicada en su contra es aberrante: ser la partícipe necesaria de la violación y la corrupción de menores que sufrió su propia hija, con una pena de ocho a veinte años de cárcel. “La joven habría concurrido a su vivienda con su progenitora, donde habrían colocado alguna sustancia en su bebida que la dejó adormilada”, afirma un documento de la causa. Así, Guazzora “habría perpetrado el abuso mientras la madre consumía los estupefacientes que le habría provisto el encausado”, continúa el documento.
P. de 45 años, empleada al menos hasta junio último de una secretaría que depende del ministerio de Economía, hija de un empresario, fue detenida en las PASO de agosto de 2023 cuando fue a votar a una escuela en San Cristobal, su barrio. Guazzora, en cambio, fue detenido semanas después, hallado por la División Trata de Personas de la PFA en la zona oeste. Su hija había revelado el presunto abuso que sufrió en una entrevista con una psicóloga en junio de ese año. La menor tenía 15 años en ese momento.
Las circunstancias eran difíciles: P., madre de otra hija, había internado a su hija en febrero en una clínica psiquiátrica de la zona de Wilde, en un contexto de particular vulnerabilidad, donde contó el ataque sexual. Su madre, con la que tenía una relación conflictiva, se negaba a retirarla de la clínica a pesar de que recibió el alta, por temor a “posibles recaídas”, asegura una fuente del caso.
El ataque, según el propio relato de la menor, ocurrió mientras la adolescente estaba internada, “durante un permiso de salida de fin de semana”. Allí, su madre la llevó “hacia un domicilio que no reconoce” en el cual se encontraba “un hombre que le brinda cocaína a su madre”. “Este señor le ofrece algo de tomar”. “Luego de unos minutos, se encuentra muy somnolienta”, sigue. En ese momento, la menor habría sido violada.
Así, la clínica alertó a un juzgado de familia en Avellaneda. La causa contra Guazzora y la madre de la menor comenzó poco después.
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