Demoraron a once personas de una banda narcocriminal ligada a las amenazas a Pullaro

Tras las reiteradas amenazas que recibió el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, demoraron a 11 personas en el marco de una serie de allanamientos que tenían como objetivo dar con el paradero del jefe de un grupo narcocriminal, señalado como el principal sospechoso de las balaceras utilizadas para amedrentar al mandatario provincial.

El operativo fue ordenado por el fiscal Franco Carbone, quien además imputó a tres policías por presunta complicidad con la banda que fue allanada.

El principal objetivo de la investigación es encontrar a Mauricio Ayala, sindicado como el jefe de una banda criminal dedicada a la venta de drogas al menudeo en la zona del Parque Oeste, territorio que disputa con el denominado “clan Tripi”, cuyo capo fue asesinado de tres disparos el martes.

Fue en este contexto, tras el crimen y la imputación a los policías que habrían operado en complicidad con “Mauri” Ayala, que el fiscal Carbone ordenó nueve allanamientos a domicilios relacionados a esa banda criminal.

De esta forma, cayeron 11 personas que terminaron demoradas y trasladadas a sede policial, mientras que se secuestraron dos camionetas, una motocicleta, teléfonos celulares, U$S 520 y $2.569.840. Así lo detalló la Policía de Investigaciones (PDI, según pudo conocer Télam.

A pesar de los esfuerzo de los uniformados, no dieron con el paradero de Ayala, principal sospechoso de ser el que ordenó la ejecución de seis balaceras ocurridas entre diciembre del año pasado y enero último. En cinco de ellas, dejaron notas con amenazas al gobernador Pullaro y a una brigada policial.

Según los investigadores, esos hechos buscaron generar “conmoción pública” en el marco de la disputa territorial entre grupos narcocriminales por la venta de estupefacientes al por menor.

De esta manera, el fiscal decidió en el día de ayer imputar con prisión preventiva, a tres policías por el delito de encubrimiento, al entender que recogieron las armas utilizadas en las balaceras supuestamente ordenadas por Ayala, y se las “plantaron” al chofer de Tripi, quien había sido imputado por la tenencia de las armas. Sin embargo, quedó en libertad a los pocos días, ya que el fiscal constató la maniobra policial con el fin de encubrir a la banda de Ayala.

Desde que asumió al frente de la provincia y puso en marcha sus políticas públicas para combatir las organizaciones criminales, Pullaro sufrió una serie de amenazas contra él y su familia. En este contexto, decidió que sus allegados abandonen la ciudad de Rosario para estar resguardados.

“Recibí una amenaza a mi familia”, dijo el gobernador Pullaro en diálogo con El Tres. No obstante, de inmediato aclaró: “Vamos a seguir por este camino de pelear contra la delincuencia, vamos a seguir manteniendo a los presos de alto perfil en pabellones especiales, que es lo que más les molesta. Vamos a mejorar los niveles de violencia y seguridad”.

“No nos vamos a amedrentar”, sostuvo, quien si bien prefirió no brindar detalles sobre la amenaza, sí deslizó que el mensaje intimidante estaba dirigido a su familia.

El diciembre también había recibido otras amenazas de muerte durante diciembre pasado, luego de que ordenara la “restitución de los pabellones de alto perfil para jefes narcos y sicarios” en la Unidad Penitenciaria 11 de Piñero y la suspensión del ingreso de alimentos a las cárceles por parte de familiares, Pullaro tomó cartas en el asunto y sacó a su esposa y sus dos hijos de la ciudad de Rosario, el epicentro de la violencia narco.

En este hostil contexto confesó: “A mí me pesa mucho no ver a mis hijos porque son mi cable a tierra, pero son las que a veces uno tiene que hacer. Yo no los voy a exponer ni arriesgar”, reconoció el gobernador en diálogo con Radiofónica FM 100.7.