
El fiscal que investiga el crimen y la desaparición de Lautaro Morello (18) y de Lucas Escalante (26), ocurridos luego de que ambos salieran juntos en diciembre del año pasado a dar una vuelta por Florencio Varela, pidió la elevación a juicio para los principales acusados, los primos Cristian Alejandro (26) y Maximiliano Tomas Centurión (26), y para el padre y el tío de ambos, respectivamente, el comisario mayor Francisco Alejandro Centurión (50), según pudo saber Infobae.
Daniel Ichazo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada N°1 de Berazategui, imputó a los primos por el delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y ensañamiento en concurso real con privación ilegal de la libertad agravada por ser cometida con violencia. En tanto, acusó al comisario de sustracción de caudales públicos en concurso real con privación ilegal de la libertad agravada por haber durado más de un mes y por ser cometida con violencia.
El requerimiento a juicio fue presentado al juez de Garantías Diego Agüero esta semana. Allí, además, el fiscal solicitó el embargo sobre bienes de los imputados para garantizar la pena pecuniaria y las costas. “Asimismo y, para el caso que los encartados carecieren de bienes suficientes al efecto, se disponga la inhibición general”, se agrega en el documento.
Lautaro y Lucas desaparecieron el 9 de diciembre de 2022. Ese día, salieron a festejar el triunfo de la Selección argentina ante Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Qatar. Fueron a dar una vuelta a bordo del BMW de Escalante. Jamás regresaron.
Seis días después, el cadáver de Morello fue hallado incinerado en el Camino del Buen Ayre. Lucas sigue desaparecido hasta hoy. El vehículo en el que circulaban fue prendido fuego y abandonado en La Plata.

Se cree que este último sufrió una muerte violenta luego de haber pasado “al menos más de un mes” privado de su libertad por los Centurión.
La hipótesis de los investigadores es que la muerte de ambos ocurrió luego de que, supuestamente, Cristian Centurión, el hijo del comisario, les iba a entregar vales de nafta de policía, un robo a la caja chica de la Bonaerense orquestado por su padre. En el medio, algo salió horriblemente mal.
Los primos imputados fueron detenidos unos días más tarde, tras el análisis de cámaras de seguridad y de antenas de telefonía celular. En una grabación de una estación de servicio de Florencio Varela se ve a Cristian cerca de las 0.30 del 10 de diciembre cargando nafta en un bidón blanco que, se sospecha, pudo haber sido empleado para incinerar el auto de Lucas y el cadáver de Lautaro.
A todo esto, se cree que el comisario -que fue arrestado a mediados de este año- se sumó posteriormente al plan de su hijo y su sobrino, presuntamente para mantener cautivo a Lucas. Por eso, lo imputó por privación ilegítima de la libertad.

Y con respecto al otro delito que le endilga, el de “sustracción de caudales públicos”, el fiscal sostiene: “En tiempo indeterminado y hasta al menos el día 9 de diciembre de 2022, en distintos lugares y horarios, un sujeto de sexo masculino identificado como Francisco Alejandro Centurión, por entonces jefe del enlace Interpol de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quien en su calidad de jefe poseía a su cargo la administración de tarjetas de carga de combustible, sustrajo caudales públicos que se le confiara por su cargo y aprovechándose del mismo cambiaba el monto de dinero existente en la tarjeta de carga de combustible por vales de combustible, los cuales a su vez entregaba a su hijo Cristian Centurión, dándole de esta manera un uso distinto para el que estaba destinado que era la carga de combustible de los móviles que se encontraban a su cargo, perjudicando con su accionar el normal funcionamiento de los móviles oficiales asignados a esa dependencia”.
Cabe recordar que por esta causa hay otros tres policías detenidos, dos subayudantes y un oficial que funcionaban como chofer y asistente de Centurión. En este caso, la calificación en su contra es la de encubrimiento calificado por el hecho precedente y por su condición de funcionario público. Se sospecha que, entre otras maniobras, habrían hecho desaparecer pruebas.
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