Elevarán a juicios a los funcionarios públicos implicados en la causa de las muertes de bebés en Córdoba

El fiscal Raúl Garzón que se encuentra a cargo de la investigación por la muerte de cinco bebés en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba, informó que ocho funcionarios públicos serán elevados a juicio. Junto a los ex empleados del centro médico, se encuentra el ex ministro de Salud de la provincia, Diego Cardozo.

En el caso del ex titular del Ministerio de Salud de Córdoba, este había tomado la decisión de renunciar a su cargo días más tarde de que se conociera el hecho a mediados de agosto de 2022. “Quiero informarles que en el día de la fecha presenté al señor Gobernador mi renuncia como ministro de Salud, cargo que he desempeñado con toda mi vocación”, comunicó por ese entonces a través de su perfil de X, para después agregar: “Lo hago con la misma humildad y servicio que desempeñé la función, y también con el profundo anhelo que los hechos que son de público conocimiento del Neonatal se esclarezcan absolutamente”.

Un año más tarde, el ex funcionario público se enfrentará a los Tribunales con una imputación por los delitos de “omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público”. Asimismo, el abogado y ex secretario de Legales del Ministerio de Salud, Alejandro Gauto, será juzgado bajo la acusación de “encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público”.

De acuerdo a la información publicada por Télam, los seis acusados restantes se trataban de ex funcionarios que cumplían funciones en el Hospital Materno Infantil Ramón Carrillo, el cual se ubica en la capital cordobesa. Por este motivo, el fiscal resolvió imputarlos por los delitos de “omisión, encubrimiento y falsedad ideológica”, según el caso de cada sospechoso.

Entre los ex empleados de la institución médica se encontraban la ex vicedirectora, Claudia Ringelheim, el ex vicedirector de Gestión Hospitalaria, Alejandro Escudero Salama, la ex jefa de Neonatología, Marta Gómez, la ex jefa de Enfermería, Blanca Alicia Ariza, la médica del sector Neonatal, Adriana Morales, y María Alejandra Luján, que fue señalada como la responsable de haber firmado los certificados de defunción de los menores sin tener conocimiento de las causas de los decesos.

Sin embargo, los ocho ex funcionarios permanecerán en libertad, por lo menos hasta el día que se fije la sentencia que le corresponda a cada uno. De esta forma, la única detenida en el marco de la causa se trata de la enfermera Brenda Agüero, quien fue cumple con una condena preventiva al ser acusada de ser la autora de tres de los cinco bebés fallecidos y otros ocho casos en grado de tentativa.

En línea con la imputación en contra de Agüero, el abogado que representa a varios de los familiares de los recién damnificados, Carlos Nayi, apuntó que “las pruebas -en contra de Agüero- son contundentes para la condena de prisión perpetua”. Sobre el rol que debían cumplir los funcionarios, el defensor acusó que “no cumplieron con denunciar estos casos, que nada tienen que ver con mala praxis ni muertes accidentales, sino que se trataba de hechos probablemente criminales, que encubrieron para desviar responsabilidades”.

Las autopsias que le realizaron a dos de los bebés que habían nacido el 6 de junio de 2022 revelaron que sufrieron un cuadro de hiperpotasemia, el cual habría sido el resultado de un “exceso de potasio e insulina inyectada de manera intencional”. De la misma forma, descartaron que hubieran tenido algún tipo de patología preexistente e indicios de errores y mala praxis. En paralelo, no se conocieron las causales de la muerte del resto de las víctimas que no fueron sometidas a pericias en su momento.

Por otro lado, las madres de los tres fallecidos y la de un sobreviviente que representa Nayi solicitaron constituirse como particulares damnificados en una nueva investigación que abrirá el fiscal de la Cámara de Acusación por una supuesta reunión secreta que habrían mantenido el fiscal Guillermo González, el médico forense David Div y el abogado Alejandro Escudero Salama.

Según los detalles obtenidos por La Voz, el fiscal Iván Rodríguez envió un archivo clave sobre el supuesto encuentro que se desprendió de la causa original, el cual fue rechazado por la jueza Anahí Hampartzounian. A raíz de esto, la magistrada será investigada y podría ser destituida de su cargo, si resulta procesada.