Con la primera parte del alegato de la Fiscalía de Corrientes, este jueves se conocerán las penas que pedirán para los 16 acusados de explotación sexual de al menos 36 víctimas de trata de personas en una zona fronteriza con Brasil.
El debate judicial por el sometimiento a la prostitución en al menos tres locales nocturnos de la ciudad de Paso de los Libres comenzó ayer a las 8:30 y se extendió hasta pasado el mediodía.
La instancia de alegatos fue inaugurada por la fiscal Tamara Pourcel y la representante de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Victoria Zazzola.
Sin embargo, quien continuará el juicio hoy y solicitará las condenas para cada uno de los acusados será el fiscal federal Carlos Schaefer ya que así lo dispusieron los jueces del Tribunal Oral Federal de Corrientes.
De la audiencia participaron casi todos los acusados de forma virtual mediante una videoconferencia, excepto uno de ellos que estuvo presente, a quien identificaron como el Dionisio Velazco.
Tal como pudo averiguar Télam, el debate que estuvo a cargo de los jueces Víctor Alonso, Fermín Ceroleni y Manuel Moreyra (subrogante de Misiones), fue extenso y contó con la declaración de alrededor de 50 testigos y algunas víctimas del caso que se le atribuye a empresarios, comerciantes, abogados, un ex gendarme. Este último, incluso, alcanzó, según se denunció, a tener protección del fiscal federal de esa zona, Benito Pont, hoy con 71 años de edad y apartado del proceso por incapacidad.
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En el procesamiento de los acusados, la jueza Cristina Pozzer Penzo se refirió a la condición de vulnerabilidad que sufrían las víctimas de los prostíbulos, individualizados como Balizas, Kilómetro de Oro y Roxi (también conocido como Puro Movimiento).
“Todas estas condiciones objetivas de vulnerabilidad fueron aprovechadas por los imputados para someterlas con el fin de explotación sexual que se desarrollaba en los locales a su cargo. Además, es doctrina reiterada de la Alzada que el consentimiento prestado en estas condiciones de necesidad y vulnerabilidad carece de cualquier valor”, señaló en el expediente del caso.
Algunas de las víctimas eran oriundas de Entre Ríos, Chaco, Formosa, Córdoba, de la misma ciudad de Paso de los Libres e, incluso, de Paraguay y República Dominicana. Todas ellas tenían carencias económicas y educativas, lo que le habría dado poder a los acusados sobre ellas, según planteó la jueza.
De cara al juicio que continuará el día de hoy, la Fiscalía planteará el grado de responsabilidad que considera tuvo cada uno y pedirá las penas correspondientes para los imputados, entre quienes se encuentran el empresario Ricardo Aguirre; su pareja, Clelia Espada y su hijo, Ricardo Gustavo Aguirre; el comandante principal de Gendarmería, José María Viero, que, por otra parte, es cuñado del ex fiscal Benito Pont.
Además, están imputados Rosana Estela Rodríguez, que junto a los Aguirre y Espada habrían oficiado como supuestos organizadores de la red; Juan Ramón Carpe, Silvio Antonio Do Santos, Ramón Do Santos y Claudia María Do Santos, que están acusados como presuntos coautores materiales.
Velazco fue señalado como partícipe, al igual que Viero, Mónica Beatriz Alberti, Juan Manuel Schell y Norma Rosalía Lanatta, que figuran como coautores de los delitos investigados, todos ellos por 11 hechos.
En tanto que María Gloria Ponce, Rafael González y Jorge Antonio Lisasoain fueron procesados como coautores del mismo delito, pero en ocho casos.
El turno de réplica de la defensa de estos acusados llegará una vez que finalicen los alegatos de la Fiscalía. Se tratará de un trabajo artículo en 16 capítulos, correspondientes a cada integrante de la red investigada, que se conoce funcionó hasta 2015 cuando los fiscales federales Schaefer, Fabián Martínez, Marcelo Colombo y la jueza Cristina Pozzer Penzo orientaron la investigación que llegó a juicio en mayo pasado.
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