El jefe de fiscales de Delitos contra la Integridad Sexual de Mendoza, Alejandro Iturbe, solicitó a la Justicia que una ex directiva y una monja que cumplían funciones en el Instituto Próvolo durante la época en la que ocurrieron los abusos denunciados contra los estudiantes fueran condenadas a 18 y 10 años de prisión, respectivamente. Además, había pedido una condena de 25 años para la religiosa japonesa Kumiko Kosaka.
En medio de la presentación del alegato de la Fiscalía, el funcionario público argumentó que tanto la ex representante legal de la institución, Graciela Pascual (65 años) como la monja Asunción Martínez fueron partícipes necesarias por no haber denunciado los hechos, pese a que tenían el deber como garantes de las víctimas de las vejaciones cometidas por los sacerdotes Horacio Corbacho y Nicola Corradi.
Sin embargo, el debate continuará en un cuarto intermedio que se realizará el próximo miércoles 30 de agosto, cuando los abogados defensores de las acusadas expondrán sus estrategias frente a la Sala de Audiencias del Polo Judicial de Mendoza.
La tercera parte del juicio por el caso Próvolo involucró a nueve mujeres imputadas que trabajaron en el colegio religioso que albergaba a niños y niñas con hipoacusia. A pesar de esto, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) no levantó cargos contra Valeska Quintana, Laura Gateán, Cristina Leguiza, quienes fueron directoras de la escuela durante diferentes años, y la psicóloga Cecilia Raffo.
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De acuerdo con la información de Télam, el Tribunal a cargo del proceso debería declarar extinta la acción penal en contra de Quintana, Gateán, Leguiza y Raffo, debido a que no se realizó ningún tipo de acusación. De esta manera, las cuatro podrían quedar al borde de ser absueltas.
Anteriormente, en una audiencia realizada en mayo, el fiscal pidió una condena de 25 años en prisión para la monja japonesa Kumiko Kosaka que fue acusada de abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores en cinco hechos, así como también solicitó su inhabilitación por diez años para ejercer cargos educativos y de albergue en donde sean recibidos menores de edad.
Asimismo, para la ex directora del Instituto Próvolo, Gladys Pinacca, y la ex cocinera, Noemí Paz, Iturbide solicitó que sean sentenciadas a cumplir una condena de tres años de prisión en suspenso luego de haber sido investigadas por la omisión de denuncias de abusos en perjuicio de 36 niños y niñas.
Hasta el momento, los condenados por el caso en calidad de autores fueron los sacerdotes Horacio Corbacho y Nicola Corradi, sobre quienes recae una pena de 45 y 42 años en prisión. No obstante, Corradi falleció el 14 de julio de 2021, es decir, dos años más tarde de que fuera encontrado culpable de 28 hechos que fueron cometidos entre 2005 y 2016, más 11 años de ataques y torturas sexuales.
En el caso de Corbacho, este fue señalado como el principal acusado, debido a la jerarquía que tenía en el instituto, sumado a que fue encontrado culpable de abuso simple y con acceso carnal agravado por aprovecharse de la convivencia con los menores. Actualmente, permanece alojado en el complejo penitenciario mendocino de Boulogne Sur Mer.
Por otro lado, el jardinero Armando Gómez recibió una pena de 18 años luego de que el fiscal tuviera en cuenta su diagnóstico como hipoacúsico y su analfabetismo al plantear que esto lo habría llevado a ser influenciable. Sin embargo, se pidió que se realicen pericias psicológicas y psiquiátricas para determinar si era capaz de comprender la criminalidad que revestían los hechos, por lo que pudo ser penalizado.
Por último, el cuarto condenado se trató del monaguillo Jorge Bordón, quien accedió a un juicio abreviado luego de que reconociera su complicidad y participación en 11 hechos, por lo que fue sentenciado a cumplir 10 años en prisión tras un acuerdo entre la defensa y el fiscal Gustavo Stroppiana.
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