Horacio Córdoba, comisario de la Policía de la Ciudad, fue detenido ayer jueves por el crimen de Fernando Pérez Algaba, el comerciante baleado y descuartizado el mes pasado.
El comisario, que fue pasado a disponibilidad este lunes luego de conocerse su imputación, era de alto rango. Trabajaba dentro de la Subsecretaría de Tecnología e informática del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño. Tenía a su cargo el monitoreo de los efectivos y móviles de la fuerza porteña.
Córdoba es vinculado por Marcelo Domínguez, fiscal del caso, a Maximiliano Pilepich, principal sospechoso del crimen. Domínguez cree que el comisario le facilitó a Pilepich el celular con el que se comunicó desde el 18 de julio pasado, el día que habrían asesinado a Pérez Algaba, con sus cómplices, entre ellos, Nahuel Vargas, que cayó también este jueves. El teléfono que utilizó el emprendedor inmobiliario desde el 18 al 25 de julio, pertenecía a una partida adjudicada a la cartera de seguridad porteña.
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Debido a que Córdoba es especialista en tecnología de las comunicaciones, el fiscal sostiene que ayudó a Pilepich a eludir la investigación en su contra. El funcionario notó que Pilepich, detenido esta semana, realizó varios movimientos, supuestamente para despistar: apagó y prendió los dispositivos en diferentes momentos y lugares.
El comisario, hoy separado de su cargo en la fuerza, quedó detenido ayer tras su indagatoria en el expediente. Infobae accedió a los contenidos de su declaración.
Para empezar, Pérez Algaba, como a tanta gente, le debía también al comisario.
Según la transcripción, Córdoba declaró por recomendación de su abogado, Roberto Casorla Yalet.
Dijo que era “amigo de Fernando desde hace aproximadamente dos años, en ocasión en que el dicente quería realizar una inversión en criptomonedas” y “que era inicialmente de 3.000 dólares que no hicieron ningún tipo de recibo” sino que fue una entrega de dinero informal en el departamento de Pérez Algaba en la torre SLS de Puerto Madero. Antes, “Lechuga” había vivido en el costoso Alvear Tower. Le mostró su estilo de vida, con su domicilio ostentoso, un Mercedes Benz y una moto Ducati.
Dijo que “Fernando era una persona muy cariñosa, entradra, y le comentó que al día siguiente se iría a Cariló con Nahuel Vargas y unas chicas a quienes no conoce”. Nahuel Vargas, el otro acusado de descuartizar a “Lechuga”, fue detenido ayer.
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“Fernando nunca cumplió con lo pactado, nunca le pagó los intereses que habían acordado y constantemente le indicaba que posteriormente le entregaría más dinero y un interés mayor al que habían acordado, ello por el incremento del valor de las criptomonedas, ya que era muy variable su valor”, continuó. Mientras tanto, Pérez Algaba era asediado por acreedores en varios frentes.
Luego, según la transcripción, Córdoba afirmó que “conoció una oficina que había armado, donde había muchas computadoras, con chicos haciendo trading, muy ostentosa, que el declarante cree, por dichos de Fernando, que la oficina se la había prestado Charlotte Caniggia”.
Incluso, aseguró que Pérez Algaba lo invitó a invertir en el emprendimiento inmobiliario “Renacer” de General Rodríguez. El lugar es clave para entender la secuencia que podría haber llevado a la muerte del trader.
Detectives policiales llegaron a la conclusión de que, pasada la medianoche del 19 de julio pasado, Córdoba se movilizaba en un Ford Mondeo negro y sin patente, cuando se registró un impacto de antena de su celular en las inmediaciones del emprendimiento inmobiliario “Renacer” de la localidad de General Rodríguez, al que se había dirigido Pérez Algaba para cobrar un dinero que le debía Pilepich.
Pidieron liberar a la mujer trans acusada en el caso
Alma Nicol Chamorro, la primera detenida en el expediente, que fue arrestada en un asentamiento de Ingeniero Budge a horas del hallazgo de la valija con los restos, podría ser liberada hoy por la Justicia.
El fiscal Domínguez le pidió su excarelación al juez de Garantías del caso, Sebastián Monelos. En su escrito, el investigador a cargo de esclarecer el crimen planteó “se disponga la inmediata libertad sin perjuicio de la prosecución de la investigación a su respecto”. Es decir, si Monelos aprueba, quedará libre, pero todavía será investigada.
La decisión del fiscal fue tomada en base a los dichos de su hermano, Luis Contreras, que reconoció haber participado en el descarte del cuerpo. Alma Nicol también fue beneficiada por los resultados de una serie de pericias en su ropa y en su domicilio.
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