Tres años después de que Valentín Blas Correa, un adolescente de 17 años, fuera asesinado durante un control policial en 2020, su madre impulsó un proyecto de ley para modificar el Código Penal e introducir penas más severas en los casos de crímenes cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad y militares.
La medida fue presentada por la madre del chico, Soledad Laciar, en la ciudad de Córdoba y será canalizada en el Congreso Nacional a través de la diputada nacional local, Gabriela Brouwer de Koning, de Juntos por el Cambio.
De esta manera, la denominada ‘Ley Blas’ destaca tres puntos que endurecerán las penas para los uniformados que cometan crímenes. “Agravar la tenencia y portación ilegal de armas por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias”; “incorporar una sanción específica para los miembros de las fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias que planten armas u otros elementos para entorpecer o alterar una investigación”; y, “al nuevo tipo penal, se incorpora la aplicación de la figura del Arrepentido”, de acuerdo a lo que establece la ley 27.304″.
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Como extra, la iniciativa también plantea un programa que promueve en forma progresiva el ‘desarme de la sociedad civil’. Brouwer de Koning, quien estuvo en la presentación, explicó que la iniciativa surge de una propuesta de Laciar y que a partir de entonces se trabajó con un equipo multidisciplinario para trabajar los distintos aspectos del proyecto que se presentará en los próximos días en el Congreso Nacional. “Es un aporte que apunta a prevenir y erradicar la violencia institucional”, dijo la diputada al sostener que sobre esa temática hay un gran “vacío legal” y esta ley “apunta a ser un aporte para llenar ese vacío”.
Al respecto del proyecto, Laciar explicó que la iniciativa servirá como una herramienta más para poco a poco construir una sociedad más justa. “Espero que la sociedad recupere la confianza en las fuerzas de seguridad y que la policía recupere el valor por la vida de la gente. Es una herramienta para que lo que ocurrió con mi hijo no vuelva a suceder”, sostuvo la mujer al mismo tiempo que instó a los legisladores nacionales de todos los partidos políticos a acompañar la propuesta.
La iniciativa va en línea con las palabras que la madre del joven había pronunciado en febrero de este año, horas antes de que se produjeran los alegatos por el crimen. En ese entonces, Soledad Laciar sostuvo: “No voy a bajar los brazos para que se haga justicia por Blas, sino también por el crimen de otros chicos y para que la policía cambie. Queremos una policía en quien confiar, que nos cuide y no que nos mate”.
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El adolescente fue asesinado en la madrugada del 6 de agosto del 2020 cuando transitaba con cuatro amigos, también adolescentes, en un automóvil y al evadir un control policial en la zona sur de la capital local dos efectivos dispararon contra el rodado y uno de los proyectiles impactó en la espalda de Blas y le ocasionó la muerte.
El 31 de marzo de este año la Cámara 8va. del Crimen, con jurado popular, condenó a 11 de los 13 policías enjuiciados por ese hecho y la mayor pena, de ‘prisión perpetua’ recayó sobre los cabos primero Lucas Gómez (37) y Javier Alarcón (35), los responsables de efectuar los disparos con su arma reglamentaria. En la sentencia también se resolvió remitir los antecedentes a la Fiscalía de Instrucción de José Mana para que se inicie investigación penal contra los responsables políticos que estaban a cargo de distintas áreas de seguridad al momento del hecho.
El fiscal Mana, en la jornada de ayer, se declaró ´incompetente’ para actuar en esa nueva causa y derivó el expediente al Fuero Anticorrupción, decisión que cuestionó severamente la mamá de Blas, al entender que lo que se busca es “la impunidad de los funcionarios políticos responsables del encubrimiento” del crimen de su hijo.
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