A principios de esta semana, agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) se desplegaron en simultáneo y realizaron casi 30 allanamientos en distintos puntos del país. Los operativos se realizaron en domicilios del Gran Buenos Aires y de las provincias de Misiones, Santa Fe y Entre Ríos. El objetivo: ir tras una importante organización criminal que se dedicaba al contrabando de celulares y otros aparatos electrónicos provenientes desde Estados Unidos, China y, principalmente, Paraguay.
Los procedimientos se dieron luego de casi dos años de arduas investigaciones, tiempo en el que el Departamento de Delitos Fiscales de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA logró desentrañar el funcionamiento y las conexiones de la banda delictiva que, además, hacía maniobras ilícitas para obtener dólares al precio oficial y luego venderlos en el mercado informal.
El resultado del amplio operativo fue el secuestro de casi 700 artefactos electrónicos -valuados en más de $82 millones-, armas de fuego, drogas, vehículos y más de un millón de pesos en efectivo. En total, 16 personas terminaron imputadas y dos fueron detenidas por tenencia de estupefacientes, informaron fuentes del caso a Infobae. La causa la investiga el juez Rafael Francisco Caputo, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº3, con la intervención de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico Nº10 a cargo de Germán Bincaz.
De acuerdo a las fuentes consultadas, la mercadería ilegal de origen paraguayo ingresaba al país en Misiones por medio de los llamados “paseros”, que se mueven en balsas y en horas de la noche por accesos clandestinos en la frontera. De allí era transportada a diferentes lugares de distribución en el ámbito metropolitano de Buenos Aires, y en ciudades santafesinas y entrerrianas.
Los delincuentes utilizaban como canales de venta varios locales a la calle y también perfiles virtuales en redes sociales y plataformas de comercio digital. Según calcularon durante la investigación, así alcanzaron durante dos años ganancias que ascendieron a los 1.200 millones de pesos.
Mediante el entrecruzamiento de datos, escuchas telefónicas, tareas de seguimientos y filmaciones, los detectives de la PFA pudieron descubrir la estructura de la organización. Tomaron conocimiento, además, que su actividad principal era la comercialización de artículos importados. Pero no la única: con el apoyo de un estudio contable y una sucursal bancaria también realizaban operaciones de comercio exterior como “importaciones ficticias”.
Por medio de estas supuestas importaciones, la banda obtenía dólares al tipo de cambio oficial. Posteriormente, a través de triangulaciones financieras, la utilización de billeteras virtuales y criptomonedas, introducían el dinero en el circuito paralelo de divisas, usufructuando la “brecha cambiaria”. Para ello, utilizaban empresas “fantasmas” creadas a tal fin. Así, en los dos años de investigación movieron divisas por un monto total de U$D1.100.000.
Esta semana, la PFA fue tras los delincuentes y allanó 27 casas particulares, depósitos y locales de venta de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires (entre ellos, una vivienda en Nordelta y otra en el barrio privado “Náutico Escobar Country Club” de Escobar), Puerto Iguazú, Ciudad de Santa Fe, Venado Tuerto y Basavilbaso. Además, ingresaron a la casa central del un importante banco, desde donde se comprometieron a aportar la documentación solicitada.
En el fondo de una de las viviendas de Puerto Iguazú descubrieron un camino directo hacia el Río Paraná y las aguas internacionales. Desde allí, se abordaban las embarcaciones clandestinas con la que cruzaban hacia Paraguay. En ese lugar se incautó una escopeta y dos kilos de marihuana oculta en bultos envueltos en nailon, mientras que en otro domicilio se secuestraron 200 gramos de cocaína fraccionada y lista para la venta al menudeo.
Durante los procedimientos, también se secuestraron 611 celulares, 27 televisores Smart y 50 computadoras de alta gama. Toda esta mercadería se valuó por $82.300.000. Los 16 acusados quedaron a disposición de la Justicia, que ordenó trabar embargo preventivo de todas las cuentas bancarias que utilizaban, como también la inhibición de sus bienes.
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