El Servicio Penitenciario Bonaerense, el sistema de cárceles más grande del país, tiene en la actualidad 45.248 internos en sus penales y alcaldías, un número similar al que sostenía en 2018, en uno de sus momentos de sobrepoblación más críticos. También, tres mil con tobilleras electrónicas. Aumentar la cantidad de detenidos acusados de delitos menores con prisión domiciliaria fue un conflicto histórico, más aún cuando la mitad históricamente no tiene condena. Gestiones previas intentaron estimularlo y retrocedieron ante la presión de diversos sectores por la imagen obvia de “soltar” presos, algo que el Estado provincial no hace, sino la Justicia.
Hoy, se incrementa el control. Esta semana, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, anunció la construcción y puesta en marcha de un nuevo Centro de Monitoreo para detenidos en sus casas. Se proyecta un edificio de 1.300 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, que albergarán 300 puestos de trabajo. Estará ubicado en la Jefatura del SPB en La Plata. También podrá vigilar 2.500 casos de restricción perimetral por violencia de género.
El SPB además enfrenta otras polémicas. Los delitos cometidos por bandas mixtas con miembros libres y detenidos -usualmente, con los presos en el rol de líder- son la nueva moda en el hampa. Se conocen varias casos cada semana, con estafas y extorsiones como modalidad preferida. Hay delitos peores. Iván Damián Acuña, encerrado en la cárcel bonaerense de General Alvear por matar a un policía en un robo, fue allanado a mediados de junio por, supuestamente, liderar una banda dedicada al comercio a gran escala de autos robados entre el Conurbano y Rosario.
Esta semana, un grupo de diputados de la oposición le reclamaron al Gobierno bonaerense que derogue el uso de teléfonos celulares en las cárceles que comenzó con la pandemia. El proyecto que lleva la firma de Alex Campbell, Matías Ranzini, Juan Carrara y Johanna Panebianco, todos de Juntos, afirma que es “imperioso” derogar el protocolo “en pos de velar por la seguridad de los bonaerenses”.
Para el SPB, se trata de un gesto político, no orientado a la seguridad: los celulares declarados por detenidos sirven para mantener cierta estabilidad y contacto con sus familias. Quitarlos se convertiría en un motivo de conflicto equivalente a la prohibición de visitas, algo que ocurrió con el aislamiento por el COVID y fue uno de los varios disparadores de motines a lo largo del sistema.
Tras la noticia del proyecto, el SPB afirmó en un comunicado que “esta disposición fue llevada adelante en el ámbito penitenciario bonaerense luego de una decisión del máximo tribunal penal de la Provincia que así lo dispuso” bajo “un registro de celulares que identifica fehacientemente a cada usuario, delimita los ámbitos habilitados para el uso de telefonía celular y prohíbe las redes sociales con excepción de WhatsApp”, a pesar de que muchos presos los usan para Facebook, apps de citas o incluso Tik-Tok.
“Desde la regulación del uso de los celulares no solo se ha logrado disminuir la cantidad de delitos cometidos desde las unidades penales a través de dispositivos móviles, sino que la implementación del protocolo posibilitó el rápido esclarecimiento de ese tipo de ilícitos y la pronta imposición de la sanción correspondiente”, continuaron.
Por otra parte, el SPB lleva adelante diversas experiencias, como talleres literarios y otros emprendimientos, para la educación de los detenidos. Esta vez, doce internos de la Unidad N°31 de Florencio Varela se capacitaron en Educación Popular en un proyecto de extensión de la Universidad Nacional de Quilmes. Esta semana, obtuvieron el diploma de educadores populares luego de aprobar un curso de alfabetización para enseñarle a leer y escribir a otros internos, un curso que comenzaron en agosto de 2021.
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