La Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento de Juan Carlos Linares, dueño de la ex Clínica San Carlos y titular de la empresa Salutis S.A., y del subdirector médico de la entidad, Alberto Pablo Lauría, por la muerte de 23 personas y el contagio de otros 54 pacientes durante los inicios de la pandemia de COVID-19.
Las autoridades del centro médico habían sido procesadas originalmente por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien los imputó por los delitos de “propagación dolosa de una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas, violación de las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia -ambos agravados por su profesión de médico-, homicidio culposo agravado por haber resultado más de dos víctimas fatales, delito de abandono de persona con resultado de grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima y abandono de persona con resultado de muerte”. Entre las víctimas fatales estuvo la médica de esa intitución, Elena Rojas.
La clínica privada San Carlos, ubicada en la localidad de Maquinista Savio, prestaba atención a unas 22 mil personas, en su mayoría adultos mayores provenientes de PAMI, y fue intervenida por la Municipalidad de Escobar, en articulación con el gobierno nacional, en mayo de 2020 a raíz de un brote de contagios que se cobró decenas de vidas y por una serie de denuncias de irregularidades e incumplimiento de protocolos sanitarios.
Los reclamos de los familiares contra el centro médico se habían multiplicado después de la viralización de un video en el que un hombre busca a su padre internado. Las imágenes dejaron en evidencia el estado de abandono en el que se encontraban algunos pacientes.
Los testimonios de ex empleados del centro médico confirmaron los malos tratos y las irregularidades en la gestión, como la falta de insumos de protección para el personal de salud, la negativa a realizar hisopados a los trabajadores tras la detección del primer caso positivo y el desecho de residuos patogénicos en bolsas comunes. Sumados a otros tipos de desmanejos administrativos.
Desde el 1 de mayo de 2020, el Municipio de Escobar se hizo cargo de los sueldos de los 250 trabajadores y de los costos operativos de la clínica. Según explicaron, no se trató de una expropiación porque hubo un acuerdo entre las partes para ceder las acciones a “valor libro”, aproximadamente unos 12 mil pesos. Por su parte, los dueños, que ya habían iniciado conversaciones en 2019 para vender la clínica, continuaron recibiendo el alquiler por las instalaciones.
Al inicio de la pandemia, San Carlos era la clínica más grande de la 5ª sección sanitaria, ubicada al noreste de la provincia. Por volumen de población era la segunda en importancia y estaba compuesta por los municipios de Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, General San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Vicente López y Zárate.
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