Empieza en EEUU un juicio por jurados contra un acusado por la Masacre de Trelew

Doce ciudadanos estadounidenses harán lo que en 50 años no pudo la Justicia argentina: desde el próximo lunes 27, en Miami, Florida, juzgarán al ex marino Roberto Guillermo Bravo por su presunta participación en la llamada Masacre de Trelew. El juicio no será de carácter penal. Familiares de cuatro de las 16 víctimas del fusilamiento ocurrido el 22 de agosto de 1972 iniciaron en 2020 una demanda civil que, en una semana, quedará definida con el veredicto.

Las audiencias -cuya fecha original era en febrero pero se demoró por un conflicto imprevisto de la Justicia local- comenzaron el miércoles de la semana pasada con la selección de jurados, una instancia técnica conocida como voir dire. Este lunes empezará al juicio propiamente dicho, ante una corte federal para el distrito sur del estado de Florida. La denuncia contra Bravo está amparada por la ley de protección de víctimas de tortura (TVPA, según sus siglas en inglés) y busca la rendición de cuentas y una reparación -cuyo contenido no trascendió- por su presunta responsabilidad en los crímenes de la Patagonia.

Bravo tiene 80 años, vive en Estados Unidos desde 1973, a donde llegó meses después de la masacre, por lo que hasta ahora no había enfrentado los requerimientos de la justicia argentina. La Armada lo había enviado como agregado a la Embajada argentina en Washington DC. Este juicio es, de alguna manera, la concreción de varias estrategias que desarrollaron las víctimas desde aquel año para obtener verdad y justicia.

Raquel Camps, Eduardo Cappello, Alicia Krueger (Bonet) y Marcela Santucho son los familiares de cuatro de las víctimas de la Masacre de Trelew que en los años posteriores, junto a sus familias, buscaron respuestas y castigos por las ejecuciones extrajudiciales, los intentos de ejecución extrajudicial y la tortura de sus seres queridos, en las que, según testigos y sobrevivientes, habría participado el ex teniente Bravo.

“Bravo conspiró y actuó de manera concertada con uno o más integrantes de las fuerzas militares argentinas de acuerdo con un plan, diseño y esquema común para torturar a los prisioneros políticos detenidos en la base Almirante Zar y para llevar a cabo la masacre de Trelew, como resultado de la cual Rubén Bonet, Eduardo Capello I, Alberto Camps y Ana María Villarreal de Santucho fueron sometidos a las violaciones aquí descritas”, dice la demanda, presentada por el Centro por la Justicia y Rendición de Cuentas (CJA por sus siglas en inglés), los estudios de abogados Keker, Van Nest & Peters y Markus / Moss PLLP, en colaboración con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Los pedidos desde Argentina para extraditarlo fueron rechazados. Bravo se nacionalizó estadounidense. La última negativa de Estados Unidos al pedido de traerlo al país para juzgarlo por los delitos de lesa humanidad fue rechazado en 2010.

Al final de la primera década del siglo XXI, Argentina reabrió los archivos de Trelew y se inició la investigación de los responsables de la masacre. En 2012 fueron condenados el contraalmirante Horacio Mayorga, el capitán Jorge Del Real, el capitán Luis Sosa -se lo sindica como uno de los ejecutores e ideólogos del plan- y el cabo Carlos Marandino. El ex jefe de la Base, Roberto Horacio Paccagnini, y el capitán de Navío Jorge Enrique Bautista fueron absueltos. Pero la Cámara de Casación revirtió el fallo dos años más tarde.

En medio de esa investigación, en el año 2008, el diario Página 12 reveló que Bravo estaba instalado en Florida y que gracias al éxito de su empresa, RGB Group inc., se había hecho millonario. Ese mismo año, el juez federal Hugo Sastre, que investigó el fusilamiento, pidió su captura internacional.

Bravo fundó su compañía con sede en Miami el 22 de junio de 1990. Dedicada a la contratación de personal médico y paramédico en el exterior, sobre todo en Centroamérica, sus principales clientes eran las fuerzas armadas. Los contactos que hizo en sus años dentro de la Agregaduría Naval en Washington, y probablemente después, fueron claves para su desarrollo.

El 24 de marzo de 1980 recibió su estado de “residencia permanente” en Estados Unidos y el 1° de septiembre de 1987 se convirtió formalmente en ciudadano de ese país. En esa década empezó a acumular sus millones. En 1982, Bravo, su esposa y sus hijos se mudaron a Miami, desde donde el ex teniente operó con RGB Group Inc.; y también figuró como presidente y CEO de RLM Services; One Fountainhead Center y Stafford Bookbinding; y gerente de Miami Alliance. Con RGB proveyó de servicios médicos para el Pentágono, tal como contaron en este medio los periodistas Eduardo Anguita y Daniel Cecchini.

Con el primer pedido de extradición de 2010 hecho por la Justicia argentina, Bravo fue detenido en Estados Unidos, pero el ex marino recuperó la libertad cuando un juez de aquel país rechazó la solicitud. A nivel empresarial quedó tocado y sus empresas perdieron apoyo porque la información sobre su presunta responsabilidad en Trelew fue difundida por los medios de aquel país.

Fue preso otra vez en octubre de 2019. Y volvió a quedar libre después de pagar una fianza de 1.500.000 dólares y una garantía con propiedades familiares que superó los USD 4 millones. Este juicio civil lo encuentra en libertad pero monitoreado. De ser hallado culpable, Bravo no irá a prisión pero es probable que el castigo deba ser una fuerte suma de dinero.

“A pesar de los obstáculos para juzgar a Bravo en la Argentina, los familiares de víctimas de la Masacre de Trelew no se detendrán hasta obtener justicia. Es la única herramienta en los Estados Unidos para sentarlo en un tribunal y determinar su responsabilidad en los hechos”, comentó a Infobae Sol Hourcade, coordinadora del área de Memoria, verdad y justicia del CELS.

El rol de Bravo en la Masacre de Trelew

El 15 de agosto de 1972, 25 militantes de FAR, ERP y Montoneros detenidos en el Penal de Rawson se fugaron y secuestraron un avión en Trelew para huir a Chile. Seis de ellos consiguieron el objetivo pero el resto fue detenido y enviado a la Base Naval Almirante Zar.

Una semana después, a las 3.30 de aquel 22 de agosto de hace casi 50 años, un grupo de Infantería de la Armada, conducido por Bravo, los baleó a todos después de que él y el capitán Luis Sosa los despertaran a los gritos, los hicieran salir y formar en el pasillo. Un cabo, sin mediar la orden, gatilló su arma e inició lo que el historiador Marcelo Larraquy llamó en Infobae una “orgía sangrienta”.

Algunos presos murieron inmediatamente. Otros quedaron heridos y se escondieron en sus celdas. Según la declaración de testigos, Bravo habría entrado a la celda 10, donde estaban Alberto Camps y Mario Delfino, obligando a los dos detenidos baleados que estaban allí a que pusieran sus manos en la nuca, para luego rematarlos. Ambos quedaron tirados en el suelo. Delfino no logró sobrevivir, pero sí Camps, quien tiempo después junto a María Antonia Berger y René Haidar contó los hechos al periodista y poeta Francisco “Paco” Urondo el 24 de mayo de 1973 en la cárcel de Villa Devoto, donde ambos estaban detenidos, esperando la inminente libertad.

“Se las ingeniaba para estar siempre de noche. La mayor parte de las guardias las cumplía él con su equipo, diurnas y nocturnas. Diría que dormía un turno, seis horas, y después estaba todo el día”, relató Camps.

Según su relato, Bravo inventaba argumentos para sancionarlos. “La sanción, por llamarla así, era hacernos desnudar y hacer cuerpo a tierra de boca hacia abajo o de espaldas en el suelo, o pararnos lejos de la pared y hacernos apoyar con la punta de los dedos en la pared: eso en un tiempo prolongado entumece los dedos”, agregó Camps.

También contó que “recorría las celdas y apenas encontraba a alguno que estuviera cabeceando, lo pateaba, o nos hacía estar parados” con el fin de evitar que durmieran, otra forma de tortura. Consta en el libro que los colimbas les reconocían a los presos que Bravo era “un hijo de puta”.

Una mañana llevó una corneta para enseñar qué era la diana: “Ustedes tienen que conocer esto. Desde ahora se les va a despertar así y se les va a dar el silencio de esta manera”. A Mariano Pujadas, uno de los 16 guerrilleros detenidos, le hacía barrer el piso desnudo. “¿Hace frío?”, lo verdugueaba entre risas. Clarisa Lea Place rechazó un día ponerse cuerpo a tierra. Bravo sacó la pistola, la amartilló y se la apoyó en la cabeza. “Vas a morir, hija de puta”, la amenazó. Cumpliría.

En la madrugada de la masacre, Bravo era jefe de turno de la guardia y despertó a los presos a las 3.30. “Ya van a ver lo que es meterse con la Marina. Van a ver lo que es el terror antiguerrillero”, les gritó. “Era un poco la ‘teoría’, entre comillas, que manejaba Bravo. ‘Al terror se lo combate con el terror.’ Él aseguraba que nosotros éramos terroristas”, le dijo Berger al autor de La Patria Fusilada.

Los hicieron salir de los calabozos, armarse en dos filas y mirar al piso. La primera ráfaga de ametralladora la lanzó el cabo Carlos Marandino y dio en la hilera de la derecha. Algunos murieron en el acto, otros quedaron tendidos, heridos y otros se refugiaron en sus celdas. Según el relato de los sobrevivientes, fueron Sosa y Bravo quienes recorrieron los calabozos para dar los tiros de gracia.

Camps relató que junto con Delfino se tiraron cuerpo a tierra en sus celdas, porque todavía estaban ilesos. En eso “llega Bravo y nos hace parar, con las manos en la nuca, en la mitad de la celda. Estaba parado, más o menos a un metro de distancia. Nos pregunta si vamos a contestar el interrogatorio, le decimos que no, y ahí me tira, a mí primero, y cuando estoy cayendo escucho otro tiro y veo que cae Mario”.

Las atrocidades ocurridas a principios de la década de 1970 en la Argentina, incluida esta masacre, marcaron el camino para el terrorismo de Estado de un nuevo régimen militar, el de 1976, en contra de sus propios ciudadanos.

A los pocos días del fusilamiento, Bravo abandonó Trelew y fue consignado en otro lugar. Según declaró Sosa, el ex teniente estuvo escondido en Puerto Belgrano un tiempo y su paradero fue un secreto. Ya en 1974 su abogado dijo que estaba en Washington, pero se desconoce si desde aquel momento se quedó en Estados Unidos, el país que medio siglo más tarde juzgará sus actos.

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