
Esteban Lindor Alvarado, el presunto jefe narco de Rosario que el viernes pasado fue condenado a prisión perpetua por la Justicia santafesina, ahora afronta un pedido de 20 años de cárcel de la Justicia federal. Es porque se lo acusa como dueño de un cargamento de 493 kilos de marihuana que fue secuestrado el 24 de noviembre de 2017 en General Roca, provincia de Río Negro.
La solicitud de la pena máxima por el delito de haber organizado el transporte de estupefacientes fue hecha este lunes durante el alegato de clausura del fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Rosario, Fernando Arrigo.
El juicio es por la droga distribuida en cien bultos que personal del Senasa y la policía rionegrina incautaron en un camión Scania en la ruta 6, cerca de la Central Térmica Roca. Arriba del vehículo fueron detenidos los hermanos Jesús Rodríguez y Marcos Esteban Rodríguez. Y en un Chevrolet Vectra que hacía de “campana” fueron arrestados Ricardo Ariel Ianni y José Luis Di Marco.
Por ese operativo, todos fueron condenados: Jesús Rodríguez recibió la pena de 6 años de prisión, su hermano 4 años, Ianni 6 años y Di Marco 4 años. Sin embargo, nunca se había podido establecer de quién era esa media tonelada de marihuana, hasta que una denuncia anónima recibida en abril de 2018 en la Fiscalía Federal N°3 de Rosario apuntó a Alvarado como el responsable de la droga.

En el alegato de clausura en el juicio contra Alvarado, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) además pidió al tribunal integrado por Ricardo Vázquez, Otmar Paulucci y Eugenio Rodríguez que se desarchive una causa federal de 2013 por la que se investigó a policías por presunto encubrimiento a la banda del presunto capo narco. Si bien no precisó nombres, se sospecha que serían algunos agentes que se desempeñaron en la División Judiciales de la Unidad Regional II que se hizo “conocida” por ser la fuerza que allanó a Los Monos en 2013, la organización que disputaba territorio con “El Esteban”.
Arrigo también puso a consideración que sean investigadas algunas de personas que fueron mencionadas en las escuchas telefónicas que fueron ventiladas durante el debate oral y público. Fuentes judiciales consultadas por Infobae aseveraron que son nombres ya incluidos en el informe patrimonial dado a conocer por los fiscales provinciales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery durante la investigación por asociación ilícita, entre los que se encuentran los de Jorge Benegas y Valeria Nasca, ya condenados por la Justicia santafesina.
El juicio federal comenzó a mediados de marzo en Rosario. Se presume que este miércoles finalizarán los alegatos de clausura y ese mismo día será la lectura de la resolución. En paralelo, Alvarado afronta un nuevo proceso federal por lavado de activos en la Justicia federal. El pasado 16 de mayo, por esa investigación, fue detenida e indagada Rosa Natalí Capuano, su ex pareja.
Alvarado fue noticia el viernes 3 de junio, cuando fue condenado por un tribunal provincial integrado por los jueces Alejandro Negroni, María Isabel Más Varela y Patricia Bilotta, quienes lo consideraron responsable de la instigación del secuestro y crimen del prestamista informal Lucio Maldonado –cometido en noviembre de 2018–; planificador de balaceras contra el Centro de Justicia Penal, los Tribunales provinciales (diciembre de 2018) y el domicilio de una empleada de la Fiscalía que lo investigaba (enero de 2019); jefe de una asociación ilícita; y maniobras de lavado de activos.

A lo largo de la investigación de la Justicia ordinaria santafesina fueron condenadas 29 personas en total. De ese número, 22 aceptaron procedimientos abreviados, de los cuales siete eran policías provinciales: Luis Quevertoque, Javier Makhat, Pablo Báncora, Jorgelina Cháves, Marcelo Rey, Martín Rey y Cristian Di Franco.
Las siete personas restantes llegaron al debate oral y público, y cinco recibieron prisión perpetua. Además de Alvarado, su sicario Mauricio Laferrara, Facundo “Lapo” Almada, Matías Ávila y Germán Fernández, todos por ser coautores del crimen de Maldonado. En tanto, el constructor Miguel Grecci Hazzi (4 años y 8 meses) y su pareja Damiana Ghirardi (3 años de prisión condicional) fueron condenados por maniobras de lavado de activos.
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