Caso Lucas González: pidieron elevar a juicio a los 14 policías acusados

La fiscalía que investiga el crimen de Lucas González, el adolescente de 17 años asesinado de un balazo de un arma policial en el barrio porteño de Barracas en noviembre del año pasado, pidió la elevación a juicio para los 14 efectivos de la Policía de la Ciudad involucrados en el homicidio, en la tentativa de muerte de los tres amigos de la víctima, y en el procedimiento ilegal para ocultar lo ocurrido.

Así lo solicitaron el fiscal Leonel Gómez Barbella y el auxiliar fiscal Lucas Estévez, quienes solicitaron que los acusados sean juzgados en juicio oral y público. La responsable del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°7, Paula González, resolverá el requerimiento en los próximos días.

Los tres principales acusados son el inspector Gabriel Alejandro Issasi, el oficial mayor Fabián Andrés López y el oficial Juan José Nieva -todos prestaban funciones en la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 de la fuerza porteña-, quienes están procesados como coautores de los delitos de homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial, en perjuicio de González; tres tentativas de homicidio agravado por las mismas causales; falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley.

Según Gómez Barbella, “las pruebas obtenidas permiten afirmar que el homicidio de Lucas González y la tentativa a los tres restantes jóvenes son la consecuencia voluntaria y querida (dolosa) de un plan o pacto previamente elaborado y en el que Issasi, Nieva y López, participaron de manera activa”.

El hecho ocurrió el 17 de noviembre pasado, cerca de las 10 y a pocos metros de uno de los ingresos a la villa 21-24, donde los tres policías circulaban de civil a bordo de un móvil no identificable, un Nissan Tiida. Al mismo tiempo, Lucas y sus tres amigos salían de un entrenamiento de la sexta división del Club de Barracas Central. La víctima había asistido a una de sus prácticas habituales, mientras que el resto se había ido a probar.

Cuando terminaron, tomaron sus cosas y volvieron hacia el barrio San Eduardo, en Florencio Varela, donde vivían, a bordo de la Suran que era del padre de uno de los chicos, pero en el trayecto se encontraron con los efectivos de seguridad y en un momento dado comenzó un tiroteo que terminó con la vida de González.

Según la versión de los agentes, dieron la voz de alto para identificar a los ocupantes de la Suran, pero, supuestamente, el auto aceleró y comenzó una persecución, donde, siempre en base a lo que argumentaron desde las fuerzas de seguridad, los amigos mostraron un arma y por eso abrieron fuego.

Sin embargo, mientras pasaron las horas, ese relato fue puesto en crisis por los detectives del caso y empezó a investigase plenamente el accionar que tuvieron los efectivos porteños. Pero no solo el de los tres oficiales anteriormente mencionados: para el fiscal Gómez Barbella el crimen no terminó en el momento en que los agentes balearon la Suran, sino que estuvo sostenido por una estructura piramidal que involucra a policías de las comisarías vecinales 4A y 4D y de la División Sumarios y Brigada.

“No se trató en el caso de una simple acumulación de irregularidades en la actuación prevencional -que en modo alguno habría derivado en este proceso penal-, sino de conductas ilícitas planificadas y ejecutadas por funcionarios públicos con el afán de manipular a su antojo el sistema judicial con fines absolutamente ilegítimos”, concluyeron los investigadores.

Así, la fiscalía también requirió que el comisario inspector del Departamento Comunal Vecinal 4 de la Policía de la Ciudad Daniel Alberto Santana; el comisario de la Comuna Vecinal 4A, Rodolfo Alejandro Ozán; el comisario de la Comisaría Vecinal 4D, Fabián Alberto Du Santos; el comisario de la Comuna 4D, Ramón Jesús Chocobar; el principal de la Comuna 4D, Héctor Claudio Cuevas; los oficiales de la Comisaría Vecinal 4D, Sebastián Jorge Baidón, Jonathan Alexis Martínez, Ángel Dario Arévalos y Daniel Rubén Espinosa; el comisario de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4, Juan Horacio Romero; y el subcomisario de la División Sumarios y Brigadas de la Comisaría Vecinal, Roberto Orlando Inca, respondan como coautores de los delitos de falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas.

Además, Cueva e Inca también fueron acusados como coautores de falso testimonio agravado por haber sido cometido en una causa penal y en perjuicio de los imputados.

Todos ellos, de acuerdo al fiscal, “estuvieron participando del procedimiento, cumpliendo distintas tareas y roles en pos de un fin último, esto es, alterar las pruebas en beneficio de los consortes de causa”. En esa línea, Gómez Barbella agregó: “Entre las manipulaciones llevadas a cabo por el grupo de policías involucrados activamente en ocultar y alterar rastros y pruebas, ayudando a los autores del homicidio y de otro tres tentados a ocultarlos y alterarlos, incluía colocarles a los jóvenes la réplica de juguete de un arma de fuego, para darle fuerza a la falsa versión de que Lucas González y sus amigos se trataban de ‘peligrosos delincuentes’ que habían atacado a los integrantes de la Brigada 6″.

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