Roberto Giordano, a juicio: lo acusan de ocultar 17 bienes y de evadir impuestos con sociedades fantasmas

Roberto Leonardo Giordano, el reconocido peluquero que supo peinar a personalidades de la farándula argentina, tiene mucho que explicarle a la Justicia y deberá hacerlo en pocos meses. Es que en las últimas horas el juez en lo penal y económico Marcelo Aguinsky lo envió a juicio oral por el delito de insolvencia fraudulenta. Puntualmente se lo acusa de crear empresas fantasmas, en las que ponía como responsables a testaferros, con el objeto de esconder bienes y evitar pagar impuestos o cargas sociales.

La Justicia considera que es el único responsable y que no podía desconocer las maniobras ilegales que se realizaron.

Para entender el complejo entramado que habría realizado Giordano, y que se investigó durante más de 6 años hasta llegar a esta elevación a juicio, conviene repasar el procesamiento que sufrió el peluquero el 5 de junio del 2020. Allí se explica detalladamente el delito que se habría cometido.

Según la reconstrucción judicial, al verse acorralado por las requisas fiscales de la AFIP sobre su peluquería, que tenía bajo la sociedad ASPIL S.A, Giordano habría utilizado testaferros (ex empleados o personas de su confianza sin capacidad financiera) para crear empresas paralelas en las cuales él no tenía ningún tipo de responsabilidad en los papeles pero que seguía dirigiendo en la práctica. A esas empresas, llamadas Nilamar S.A, Big Brands S.A, Arimis S.R.L y Unidor S.RL, entre otras, trasladó personal y, sobre todo, bienes.

“Una vez que hizo todo eso, la empresa que él reconoce como propia, Aspil S.A, quedó vacía, es decir solo quedó el cascarón: sin empleados, sin bienes, sin absolutamente nada. Mientras tanto seguía ahí acumulando deudas, no pagaba impuestos, evitaba abonar las cargas sociales. Si le hacían juicio, ya no tenía nada a su nombre, lo había pasado todo a las empresas truchas. Esa es la maniobra”, le explicaba a Infobae una fuente judicial en los días en los que se conocía el procesamiento.

En total son 17 los bienes que el peluquero habría pasado de su empresa a las sociedades fantasmas manejadas por sus conocidos. Lo hacía a través de ventas a valores nulos, bajos o transferidos directamente a personas carentes de solvencia económica. Luego los desapoderaba de sus bienes en detrimento de sus patrimonios.

Entre los bienes encontrados que habrían pertenecido al peluquero pero que “vendió” a estas sociedades manejadas por personas allegadas a él, se encuentran un departamento en calle Arenales 1251, las unidades funcionales 1 y 2 del edificio de Libertador 4880 y tres vehículos, entre otros.

“Lo que hizo Giordano en esta causa que se investiga fue, básicamente, crear una serie de empresas falsas y sellos de goma que puso a nombre de conocidos suyos, en su mayoría empleados sin capacidad financiera. Empresas que en realidad él manejaba desde las sombras. Es decir, usó testaferros. El objetivo fue esconder en esas sociedades fantasmas los bienes para evitar perderlos, ya que la AFIP lo estaba investigando y él lo sabía”, explica una fuente en los tribunales del fuero penal económico.

En la elevación a juicio de 9 páginas que firmó Aguinsky el magistrado hace especial hincapié al conocimiento que Giordano tenía de todos y cada uno de los movimientos financieros y societarios que se investigan: “Giordano no habría desconocido la existencia de las diversas fiscalizaciones que le fueron iniciadas y notificadas por parte del Fisco, ni la constitución de las sociedades mencionadas anteriormente ni mucho menos las distintas transferencias de bienes de su patrimonio que se hicieron. Pese a no encontrarse formalmente designado como autoridad de las mismas, eran manejadas por el aquí imputado”.

En el voluminoso expediente, llevado adelante también por el fiscal federal Jorge Dahl Rocha, se detallan una serie de pruebas y testimonios que complicaron al peluquero y que fueron la base de la investigación y, también, de la elevación a juicio.

Un cotejo realizado por la AFIP en cuanto a los empleados en relación de dependencia que trabajaron para Giordano develó que ASPIL, la empresa que el acusado reconoce como propia, traspasó 227 empleados a Big Brands, 55 a Arimis y 3 a Unidor, mientras que luego hubo pases de empleados entre las propias sociedades. Para la justicia esto no parece lógico si se tiene en cuenta que, supuestamente, Giordano nada tenía que ver con las nuevas sociedades.

Otro dato fundamental que llamó la atención a los investigadores tuvo que ver con el resultado de un allanamiento. El 8 de marzo de 2012 se realizó un operativo en una oficina de la calle Montevideo al 700 perteneciente al escribano Juan José Almirón, hermano de Mirtha Selva Servando, esposa de Giordano. Allí se encontró documentación vinculada a Big Brands y a Unidor.

La pregunta fue obvia para los investigadores: ¿por qué el cuñado de Giordano tendría en su estudio voluminosa documentación de dos empresas en las que el peluquero era, según su declaración, un simple empleado?

Más pruebas en contra del hombre de los desfiles, según la investigación: la empresa Televisión Federal (Telefe) informó al juzgado que para celebrar contratos con la empresa Unidor y Big Brands se contactó con Roberto Giordano.

A todo esto se suman los testimonios de muchos de los empleados que Giordano tuvo durante varios años. Una peluquera, M.J.C, dijo en el juzgado: “A mi entender el dueño y el que dirigía la empresa era Roberto Giordano. Se comentaba entre los empleados que tenía varios testaferros”.

Por su parte, una colorista, S.F, que fue empleada de ASPIL hasta 2007, y luego lo fue de Big Brands y posteriormente de Unidor, relató: “Los empleados nos enterábamos que cambiaba la razón social porque figuraba en el recibo de sueldo pero siempre trabajábamos igual en las peluquerías de Roberto Giordano. Las condiciones no cambiaban, era todo lo mismo. Se notaba que para decidir algo las encargadas de los locales debían consultar a Giordano. Él estaba a la cabeza de todo”.

Giordano tuvo la oportunidad de defenderse. Lo hizo en su declaración indagatoria. En esa oportunidad le dijo al juez que era un “simple empleado”.

Aseguró que las empresas falsas lo habían contratado a él y que no tenía ningún tipo de responsabilidad: “Las presuntas evasiones fueron llevadas a cabo por sociedades de las cuales yo no tengo ninguna participación societaria”.

“Debido a la inmensa cantidad de juicios laborales que tuve que afrontar y pagar, sumado a los bajos ingresos de la peluquería, decidí dejar de explotar los diversos salones y ofrecer mis servicios como asesor en marketing, profesor de peinado y cortes de cabellos a diferentes empresas. Mi beneficio económico era por ese asesoramiento. A su vez le vendí a esas sociedades y mi marca para que promocionen sus comercios. Por eso no es extraño que en los tickets aparezca mi nombre”, declaró el peluquero frente al magistrado.

Lo cierto es que el juez Aguinsky no le creyó y decidió dar por terminada la investigación para elevar la causa a juicio oral. El debate aún no tiene fecha de realización pero se estima que sería recién en 2023.

Un detalle para nada menor: según el código penal la insolvencia fraudulenta tiene una pena de entre 2 y 6 años. Por lo general, es poco común que una persona condenada por este delito vaya presa. Salvo que tenga algún antecedente. Y Giordano lo tiene. Fue condenado a dos años y cuatro meses por evasión en 2014 en un juicio abreviado.

Por este antecedente, si en el debate oral lo encuentran culpable, podría ir directamente a una penal federal.

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