En julio de este año, Mario Roberto Segovia, el llamado “Rey de la Efedrina”, condenado a 16 años de cárcel en el penal de Ezeiza, fue allanado en su celda por una de las jugadas más oscuras de su carrera criminal: tráfico de armas y explosivos, montar una red de envíos con su hijo Matías Agustín entre sus cómplices, para importar partes de ametralladoras desde diversas partes del planeta y partes de explosivos para montar cartas y paquetes bomba.
Todo, comandado desde el penal, por e-mail o por correo.
La apertura de una encomienda ligada a Segovia hecha en 2016 por el Departamento Unidad Federal de Investigaciones Especiales (DUFIE) disparó fuertes alarmas y dio inicio a la causa en su contra, investigada por el fiscal federal Sergio Mola y la PROCUNAR, el ala de la Procuración que investiga delitos de narcotráfico con el fiscal Diego Iglesias.
Se descubrió que supuestamente hizo una compra de “un sobre bomba, conteniendo alambre, cables, tornillos, un detonador y una batería”, un “libro bomba, conteniendo dos baterías, un detonador, una llave, dos pinzas, cables y papel aluminio” y una “carpeta bomba, conteniendo una batería, cables, papel aluminio, detonador, clavos y gel”.
La dirección de e-mail ligada a ese envío tenía un dominio gob.ar, del Gobierno argentino. Así, se llegó a dos empleados públicos formoseños: sus identidades habían sido usurpadas. También se usó una casilla de Hotmail con el nombre falsificado de uno de ellos. Esa casilla, se descubrió también, fue operada desde una tablet que una requisa penitenciaria encontró en el penal de Ezeiza en 2017, oculta detrás de un termotanque. Un familiar directo de Segovia también accedió a las casillas de los empleados públicos
Los explosivos fueron comprados en Canadá, negociados con un hombre llamado Bruce que opera un website, que, insólitamente, ofrece productos explosivos con una venta online y un servicio de catálogo: el pago fue hecho via giro de dinero por otro hombre en Sinaloa, México.
Así, allanaron su casa en Santa Fe y su celda. La Policía Federal encontró una ametralladora, municiones de alto calibre, manuales para operar fusiles automáticos, supuestos manuales de la CIA para manipular explosivos y un oscuro clásico literario de culto, “How To Kill”, con instrucciones para el sicariato, un viejo libro del underground conspiranoico estadounidense, los literales planos para una bomba, computadoras, más municiones.
Esta semana, Segovia fue procesado y embargado por 80 millones por el tráfico de explosivos y armas, una decisión tomada por el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, con el magistrado Juan Pablo Augé. Se ordenaron los decomisos de propiedades en Rosario, cajas de ahorro, autos como un BMW: Hernán Segovia también fue embargado por $80 millones, así como su padre. Matías Agustín Segovia también fue procesado y congelado por un monto menor, pero no menos fuerte, 40 millones de pesos.
Para la Justicia, su supuesto plan es claro. “Es evidente que importaban piezas de fusil en cómodas cuotas y preparaban cartas bombas. Todo, desde prisión”, asegura un investigador de alto rango.
Según el procesamiento, Segovia está acusado de ser el jefe de “una asociación ilícita, de carácter estable, con soporte estructural, división de roles, con capacidad para articular acciones de modo de sostener el desarrollo de la actividad ilícita en el tiempo, desde al menos el mes de septiembre del año 2016 y hasta el día 13 de julio del corriente año” dedicada a “concretar conductas vinculadas con al tráfico ilícito de estupefacientes y al tráfico ilícito de armas y explosivos obtención, acopio, fabricación, armado y comercialización de armas de guerra de uso prohibido, particularmente de fusiles AR15 y accesorios regulados, como supresores sónicos”.
Las cartas del caso, interceptadas por la Justicia y que ilustran esta nota, dirigidas a su hijo entre otros, demuestran el alcance de la trama. En ellas, Segovia advierte de no emplear aparatos posiblemente espiados para contactar a quienes lo proveerían de las partes de armas y explosivos. Habla de contactar a compañías especialistas en seguridad en Nueva Zelanda o Hong Kong, incluso los insta a registrar y crear marcas a nivel nacional bajo nombres como “Global Security”.
Los textos son elocuentes: Segovia padre parece un comandante, un productor puntilloso y atento a los detalles, preocupado por que se escriban bien las direcciones de envío.
La encomienda de las bombas no fue la única: el 23 de junio de este año se detectó otra desde el exterior, enviada desde la subprefectura de Yiwu en China, con destino a Rosario. Contenía varias partes de una ametralladora AR15. Gonzalo Ortega, cuñado de Segovia, fue fotografiado por la PFA mientras la retiraba.
Sin embargo, todo este metal pesado tenía que tener un fin. Hasta ahora, se desconoce.
La Justicia, por lo pronto, no pudo determinar a quién iba a enviarle Segovia las cartas bomba o los explosivos, si tiene un enemigo mortal tanto o más pesado que él, alguien a quien quiera desbancar con la muerte, un competidor o un jugador secreto que sería de una magnitud insólita para el hampa, un pesado entre pesados, un literal Keyser Soze, la figura mítica del film Los Sospechosos de Siempre, pero rosarino.
En su indagatoria, sin embargo, Segovia dio una explicación. Aseguró que buscaba aventurarse, condenado por narco y desde la cárcel, en el negocio de los servicios de seguridad. Habló de un hombre, un contacto en particular. “El negocio que me ofreció era proveer de servicios de seguridad y de entrenamiento a fuerzas armadas y de seguridad, ya que tenía contratos de adjudicación para darme. Lo que yo tenía que hacer es crear una empresa de seguridad para que él me cediera los contratos para proveer servicios a los gobiernos, a las instituciones gubernamentales; yo no conocía ese rubro”, afirmó en su declaración.
Dadas las pruebas, la explicación no cierra del todo.
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