En abril de este año, mientras seguían el rastro de los teléfonos móviles robados en Buenos Aires, la División Delitos Informáticos Complejos de la Policía de la Ciudad comenzó tres investigaciones simultáneas que luego se unificaron y que, en los últimos días, llevaron a la detención de tres comerciantes acusados de “resetear” los aparatos para luego reinsertarlos en el mercado.
No es una práctica nueva, aunque sí una cada vez más sofisticada. Tampoco es oculta o inaccesible: ocurre en negocios a la calle o en galerías porteñas donde usualmente exhiben habilitaciones legales y hasta registro en AFIP, y están al alcance de cualquiera que quiera reparar su teléfono celular, comprar uno nuevo o adquirir accesorios a un precio razonable.
Hacerlo de forma legal o en comercios oficiales no es la opción más accesible: una pantalla o batería de un teléfono de alta gama puede ser cotizada en más de 100 dólares.
El problema es que, en muchos casos, los aparatos son robados.
Habitualmente también es en ese mismo local donde se desguazan los teléfonos o se “lavan” sus softwares para ofrecerlos con su configuración de fábrica. Como el circuito de los desarmaderos de autos, pero más sencillo aún.
Después de tres meses de investigación, el juez Sebastián Ramos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 ordenó en las últimas semanas cinco allanamientos en una serie de locales dentro de una galería comercial ubicada frente a la estación de trenes de Once, sobre la avenida Pueyrredón al 200.
Los arrestos se concretaron el viernes pasado por la tarde en cinco locales, en tres de los cuales fueron secuestrados en total 55 celulares: 15 de los aparatos tenían una denuncia vigente por robo ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), otros 14 habían sido adulterados y otros 26 no tenían un origen rastreable.
Muchos de esos celulares, de acuerdo a la experiencia en las investigaciones policiales, no provienen solamente de hurtos y arrebatos simples a transeúntes distraídos en la calle o el transporte público, sino también de robos violentos de motochorros, entraderas y asaltos con armas de fuego en territorio porteño y el conurbano bonaerense.
En el operativo -llevado a cabo por la Dirección General de Coordinación Operativa de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, en conjunto con la Agencia Gubernamental de Control (AGC); la Subsecretaría de Trabajo y la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos- también se incautaron cuatro tablets, una gran cantidad de partes de teléfonos como baterías, módulos y placas, además de distintas herramientas, tarjetas SIM y de memoria.
En los locales Bastian y Arcoiris Multiservice, además, los efectivos encontraron al fondo, detrás de una falsa pared, pequeños laboratorios donde los comerciantes intervenían los teléfonos celulares robados para, justamente, desbloquearlos o desarmarlos.
En esos lugares, con una técnica y maquinaria específica, el proceso es rápido.
Primero, con una pistola de calor que puede costar poco más de dos mil pesos se elimina el sticker externo con el IMEI. Luego, el teléfono se desmonta en una mesa especial donde pueden trabajar cuatro técnicos a la vez. Las lupas similares a las de relojería son empleadas para cambios rápidos, pero el microscopio electrónico conectado a un monitor es la herramienta clave, el centro de la operación.
La rapidez también es clave: técnicos usualmente de nacionalidad venezolana en locales controlados por ciudadanos peruanos pueden desarmar un celular en 15 minutos. El trabajo rápido juega contra la víctima, que tiene pocas chances de esta forma de poder rastrear el teléfono con aplicaciones como es el caso “Find My Iphone”, que sin señal pierden su utilidad.
Los tres encargados de esos locales fueron aprehendidos en el momento: Jhon Rojas Balbin, de nacionalidad peruana, Eduardo Gómez Nieto, argentino de 38 años e inscripto en el rubro de servicios de telefonía móvil de AFIP y Silveiro Cisneros Cuenca, de 60 años, con domicilio en Capital Federal.
Los tres acusados quedaron detenidos en la Comisaría Vecinal 1V por disposición del juez Ramos. Mientras tanto, la Agencia Gubernamental de Control clausuró los comercios.
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