Los agentes de la Policía Federal llegaron a la calle Argentina al 500 en Merlo, San Luis, con una orden de allanamiento firmada por el juez Ariel Lijo. Hasta ese lugar se habían movilizado los policías para buscar elementos de importancia en una causa en la que se investiga la venta de dióxido de cloro, una sustancia de venta prohibida que al principio de la pandemia se ofreció como cura para el coronavirus.
El magistrado había ordenado 13 allanamientos que se hicieron en diferentes localidades del país. Hubo procedimientos en Martínez, Boulogne, San Fernando y Mar del Plata, en la Provincia de Buenos Aires; y en también en otras siete provincias: Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, Salta, Jujuy, Córdoba y San Luis. En todos los allanamientos se secuestró clorito de sodio envasado para vender y en algunos se halló dióxido de cloro.
Y en el procedimiento realizado en la localidad puntana de Merlo, los policías hallaron, además de la sustancia cuya venta está prohibida, varios objetos de memorabilia nazi que estaban en poder del autotitulado obispo de la Iglesia del Génesis II, e imputado en la causa, Luis Enrique García. En ese domicilio se encontró dióxido de cloro y una colección de prendedores, medallas, monedas y dos videos del nazismo. La posesión de tales objetos implica una violación a la ley antidiscriminatoria. Según explicaron fuentes judiciales, el juez Lijo denunciará el hecho que tendrá que ser investigado por la justicia federal de San Luis.
La causa se inició luego de una denuncia realizada contra Andreas Ludwig Kalcker, un autodenominado científico alemán que se presenta como el descubridor de la solución milagrosa para el coronavirus y promociona el consumo del dióxido de cloro. También fueron denunciadas un grupo de personas que vendían y distribuían ese producto en el país, a través de publicaciones en redes sociales. Kalcker había organizado conferencias en la Argentina para difundir el consumo de estas sustancias consideradas peligrosas para la salud.
El caso se abrió luego de una denuncia que llegó a la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA) que está a cargo del fiscal Ramiro González. Tras varios meses de análisis y recolección de pruebas, González formalizó una denuncia penal contra Kalcker y otro grupo de personas que quedó radicada en el juzgado de Lijo.
El dióxido de cloro es un derivado del clorito de sodio, una sustancia química que se usa como blanqueador en la industria papelera y textil, en la potabilización de agua y como desinfectante en superficies inertes. Desde hace años esa sustancia se propone como una “cura” para enfermedades de lo más diversas enfermedades como el cáncer y la malaria entre otras. Se vende de manera ilegal en el mundo y con la explosión de la pandemia de COVID-19 se agrandó el mercado. Obviamente también se vende en el país.
Los investigados en la causa, según fuentes judiciales, están imputados por la “venta y/o distribución y almacenamiento, con fines de comercialización del compuesto denominado ‘clorito de sodio’, ‘CDS’, y/o ‘MMS’ o ‘suplemento mineral milagroso’, sustancias que según la Administración Nacional de Medicamento, Alimento y Tecnología (ANMAT) resultan prohibidas para la ingesta humana por resultar peligrosa para la salud”.
Según pudo confirmar Infobae a través de fuentes judiciales, los datos que derivaron en los allanamientos de hoy surgieron de una investigación del sitio Chequeado incluida en la serie de notas llamada “Los desinformantes”, en las que fueron identificadas publicaciones que decían vender dióxido de cloro por WhatsApp y redes sociales. Luego de la publicación de la nota que hacía referencia a los vendedores de la sustancia prohibida por la autoridades sanitarias, Lijo le tomó declaración a la directora de Chequeado, Laura Zommer, quien ratificó el contenido de aquella nota que se había publicado en abril pasado. Y a partir de esa información se hicieron los procedimientos.
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