Imputaron a un juez federal de Mendoza como jefe de una banda que cobraba coimas: el insólito rol de un empresario asesinado

Walter Bento, juez federal con competencia electoral en Mendoza, fue imputado como presunto jefe de una asociación ilícita que cobraba coimas para beneficiar a acusados en causas por graves delitos federales, que involucraban grandes sumas de dinero. Por eso, su par de la ciudad de San Rafael, Eduardo Puigdéndolas, hizo lugar al pedido del fiscal general Dante Vega y ordenó la convocatoria para que preste declaración indagatoria.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de la Nación, tanto el juez Bento como su esposa, Isabel Boiza, se encuentran imputados por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos de origen delictivo. Si bien la fiscalía solicitó la detención del magistrado, por ahora el permanece en libertad por sus fueros.

Puigdéngolas, que actúa como juez subrogante en el caso, también ordenó la detención e incomunicación de tres abogados locales -uno permanece prófugo- tras ser imputados también por asociación ilícita y cohecho activo en seis hechos. Otras seis personas también fueron arrestadas en el marco de la investigación, acusadas de cohecho activo agravado. Por su parte, una mujer y otros dos hombres están acusados como cómplices en uno de los cohechos, mientras que se imputó por falso testimonio a dos personas. De igual forma, se le pidió a la Cámara Federal de Mendoza para que se investigue a dos empleados y a un funcionario judicial.

En el mismo procedimiento, se allanaron un total de 16 domicilios, incluido el despacho oficial y la casa de Bento, así como los estudios jurídicos de los abogados. Se secuestraron los teléfonos celulares de todos los involucrados y varios de sus dispositivos electrónicos.

La causa se originó en marzo del año pasado a partir de los datos que aparecieron en el teléfono del narco Walter Bardinella Donoso (41) y las declaraciones de Diego Barrera, el principal imputado por el secuestro y homicidio del empresario Diego Aliaga. Los investigadores del primer caso realizaron distintos peritajes sobre el teléfono celular del sospechoso y sobre sus redes sociales, donde se detectaron llamadas y conversaciones en WhatsApp y en Telegram con personas cercanas a la Justicia Federal de Mendoza.

A partir de allí, se inició la investigación y se pudo establecer que en numerosos mensajes de texto y de voz se alude al “juez”, al “número 1” o al “gran jefe”, en referencia a Bento, según indicó el MPF.

La investigación continuó cuando el 28 de julio de 2020 desapareció un ex despachante de aduana Diego Aliaga (51), quien luego apareció asesinado. Hecho por el que se detuvo a su socio Diego Barrera (51), que declaró ante los investigadores que Aliaga tenía contactos en la Justicia y que “sacaba presos del federal, arreglaba y sacaba presos del penal”.

La fiscalía llegó a la conclusión que, además de los dos abogados detenidos y el que aún permanece prófugo, uno de los intermediarios entre Bento como jefe de la asociación ilícita y los sobornadores era Aliaga. Según los representantes del MPF, él era “hombre de confianza del juez federal para el arreglo de causas a cambio de sobornos”. En ese sentido, explicaron que el vínculo entre ambos se remonta a 2009, cuando Aliaga fue imputado por contrabando de mercaderías y “fue beneficiado por el juez en dos oportunidades: la primera en fecha 3 de agosto de 2010 cuando dictó falta de mérito en su favor y la segunda el 14 de mayo de 2014 cuando lo sobreseyó”.

En su presentación ante el juez Puigdéngolas, la fiscalía describió el mecanismo de la organización: “Su objetivo principal era lograr a través del pago de un soborno la libertad espuria de personas detenidas a disposición del Juzgado Federal nro. 1 de Mendoza o su desvinculación del proceso. (...) En una primera etapa se concretaba el soborno (comúnmente expresado en el pago de sumas de dinero variables en dólares estadounidenses) para que el beneficiario recuperara su libertad. Generalmente esta libertad iba seguida por la impunidad de hecho del sobornador, quien podía terminar sobreseído o, en la mayoría de los casos beneficiado por el juez con una falta de mérito o una calificación legal de menor grado, que a su vez servían de excusa para aparentar la legalidad de esa libertad”.

Tras el relevamiento de varios testimonios, el MPF concluyó que “hay un factor común que aglutina los testimonios de funcionarios aduaneros, policías, abogados del foro y personas imputadas o condenadas: todos, sin excepción, han referido anomalías, irregularidades o directamente delitos cometidos en el trámite de ciertos expedientes ante el Juzgado Federal nro. 1 de Mendoza”.

La sospecha de los investigadores es que la asociación ilícita está compuesta por alrededor de 15 personas. Respecto al rol de los abogados en la asociación ilícita, la fiscalía precisó que “como ocurre con toda banda que opera en el ámbito judicial, actúan en los expedientes en los que se define la coima”. Indicó que “mediante diversas presentaciones y escritos preparan el terreno para que el juez cumpla con su parte en el acuerdo ilícito”.

La fiscalía destacó asimismo que en varias oportunidades los abogados se reunían con Aliaga, quien les daba instrucciones bajo la dirección del juez Bento.

De igual forma, la fiscalía y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) también dirigieron la investigación hacia el patrimonio del magistrado y de su esposa, funcionaria judicial, y el de dos de sus tres hijos, también empleados del Poder Judicial de la Nación. De acuerdo con la imputación, el juez y su esposa emplearon su sociedad conyugal “para adquirir o vender numerosos bienes inmuebles y muebles y realizar conjunta o alternativamente numerosos traslados al exterior sin justificación alguna”.

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