La trama de papeles truchos y falsos alquileres detrás de la casa usurpada y pintada de otro color en Cariló

Hoy al mediodía, el juez de garantías David Mancinelli, el mismo que interviene en la causa que investiga el asesinato de Fernando Báez Sosa, autorizó el pedido del fiscal Eduardo Lizarraga para el desalojo de una casa de veraneo de Viviana Villena, una empresaria bonaerense, ocupada clandestinamente en la zona de Cariló. El caso es desfachatado: la mujer encontró dos grupos de okupas distintos que invocaron un supuesto alquiler con papeles falsos, incluso instalaron aires acondicionados, pintaron el frente de rojo. Llegó a encontrar una camioneta Volkswagen Amarok estacionada en su puerta. “¿Qué okupa maneja una Amarok?”, se ríe un histórico propietario de la zona.

El caso en los tribunales del distinto de Dolores no está exento de controversia. El expediente le valió fuertes críticas al fiscal, acusaciones de supuesta inacción de parte de funcionarios de seguridad de la Municipalidad de Pinamar, luego de sucesivos reclamos de la dueña, en una ocupación ilegal que comenzó en enero de este año.

Sin embargo, la historia no es tan lineal como parece. El falso contrato es el problema. Las casas de la Costa atlántica son ocupadas ilegalmente por dos motivos, explican fuentes judiciales: por intromisiones lisas y llanas o por quienes dicen ocuparlas legalmente, mintiendo o quizás engañados en su buena fe por un tercero con, por ejemplo, un falso alquiler.

El Código Penal establece la usurpación en su artículo 181: para que el delito exista, al menos en los términos de la Justicia, debe existir “violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad”. En otro caso, si estos factores no se prueban, la disputa le corresponde a un tribunal civil, se convierte en una cuestión de cesión de derechos de posesión.

El 5 de enero, Villena formalizó la denuncia por el delito de usurpación, tras llegar a su casa y encontrarse con un desconocido. Presentó su escritura para demostrar que era la propietaria, a través de una empresa constructora con domicilio en San Miguel de la cual es la presidenta, según el Boletín Oficial. Así, la Policía Bonaerense fue a la casa. Se encontraron con un jubilado marplatense de 75 años, viudo: el hombre, dedicado en los papeles a la cría de animales, que recibe ayuda del ANSES para poder acceder a una garrafa de gas, presentó su supuesto contrato de alquiler celebrado con, supuestamente, la empresa dueña de la casa. El nombre coincidía.

No había una evidencia de violencia, no inmediata, no de una usurpación de acuerdo al artículo 181 del Código Penal, de acuerdo a documentos de la causa. Así, Elizarraga entendió que podría tratarse de una cuestión civil.

Luego, llegó la pandemia. Villena se vio impedida de volver a Cariló hasta que se liberaron las restricciones a comienzos de este mes. Así, regresó a la casa y contó lo que vio a la Justicia: el jubilado no estaba, sino una familia marplatense, con una mujer de 48 años, madre de dos chicos, que recibe varios planes y que tiene una historia de cheques sin fondo a su nombre, empleada de una firma que lleva el apellido de su familia, dedicada a la administración empresarial.

Otro de los ocupantes, un hombre, otro marplatense -también con una curiosa historia comercial, que en febrero de este año constituyó una empresa dedicada al lavado de autos con una mujer porteña- presentó también su propio contrato de alquiler. El documento era una simple cesión de derechos. Le faltaban cosas obvias que lo volvían falso: por ejemplo, la cadena de transmisiones. También, el contrato indica que la familia accedía al inmueble el 7 de enero, dos días después de que Villena encontró al jubilado. El 9, cuando fue la Bonaerense, el jubilado estaba ahí.

El documento, sin embargo, tiene otra pista: el nombre de quien firmó el contrato, que corresponde también a otro marplatense, Jorge Adrian R., 53 años, dedicado según su inscripción en la AFIP a la construcción y reparación de embarcaciones.

En todo el distrito que incluye a Pinamar, Villa Gesell y el Partido de la Costa, las tomas de viviendas e intrusiones crecieron con respecto al año pasado: hubo 50 en los municipios de Villa Gesell y Pinamar en lo que va del año contra 39 en 2019, según números oficiales. ¿Hay acaso una mafia que se dedica a usurpar casas de veraneo en la Costa y las alquila falsamente a otros? ¿O los inquilinos saben?

Los inquilinos, precisamente, la familia marplatense, estaban en el lugar cuando la Policía Bonaerense desalojó la casa a mediados de la tarde de hoy. No ofrecieron resistencia. Según confirmaron fuentes judiciales, serán imputados por el delito de usurpación.

Por lo pronto, la orden de Elizarraga incluye un registro total de la propiedad para constatar cambios en cerraduras y el secuestro de teléfonos. La Justicia, por otra parte, realiza un inventario sobre el material para entregarle a Villena. Se encontraron varias botellas de bebidas alcohólicas importadas y cuadros de Néstor y Cristina Kirchner, según fuentes del caso. La pileta del patio parecía en uso.

Mientras tanto, la causa toma un giro bizarro: Paul E., uno de los ocupantes, denunció a Lucas Ventoso, secretario de Seguridad de Pinamar, por supuestas amenazas. Según el contenido de la denuncia, al que accedió Infobae, Ventoso fue a la casa, se presentó y agredió a una empleada de limpieza en el lugar, que amenazó con echarlos de Cariló. El funcionario, al ser consultado, negó todo.

Paul E. incluso se presentó ante la Justicia al enterarse de lo que ocurría: presentó documentación con actuaciones notariales que indica, supuestamente, que compró la casa en enero a la empresa de la que Villena es presidenta, que pagó 210 mil dólares por la casa y que el boleto de compraventa original se encuentra en poder de una escribana.

Por miedo, pidió una restricción perimetral de 300 metros de diametro.

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