Tras la postergación del desalojo hasta el 1 de octubre, Infobae recorrió la toma de terrenos en la localidad bonaerense de Guernica, en Presidente Perón, una de las más grandes del país y la que genera mayor preocupación en el gobierno bonaerense.
Según el censo que realizó el Ministerio de Desarrollo Social bonaerense, hay 2.344 parcelas y 1.904 personas se acercaron para responder las preguntas y se reveló que 650 son de Guernica. El resto son de Almirante Brown, Gregorio Laferrere, Lomas de Zamora, Quilmes y Esteban Echeverría. Y al menos 1000 no respondieron su procedencia.
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La situación es cada vez más compleja: según lo manifestado en asambleas dentro del predio, sus ocupantes no se quieren retirar aunque la Justicia ya dispuso una nueva fecha para su desalojo, el 1 de octubre, luego de dos meses de ocupación y tensión.
En las imágenes captadas por el drone de Infobae, se puede observar la precariedad en las casas y la situación dentro de la toma. Muchas de esas casillas se encuentran vacías. Sin embargo, el panorama es mixto: se ve luz eléctrica, hay cimientos instalados y construcciones de madera entre las carpas de nylon y las parcelas delimitadas por postes
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La gente comenzó a instalarse a partir del 20 de julio y poco a poco la zona se pobló. El primer sector de ocupantes se llamó “20 de julio”, luego, según los propios ocupantes, el rumor de la toma se esparció y las personas comenzaron a llegar desde distintos puntos del conurbano bonaerense.

Luego, comenzaron a formarse el resto de los barrios: San Martín, La Fuerza y La Unión. Los sectores se subdividen a partir de zanjones de agua de podrida. Apenas unos precarios puentes los unen. Su fisonomía es idéntica. Cuadrados de tierra delimitados por cables agarrados a palos de madera y dentro se ubica la casilla: dos palos atados a una bolsa de nylon, en algunos casos. Y otros construyeron cubículos de chapa en un espacio de dos por dos.
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También, en los terrenos hay casillas construidas con chapas, piedras, bolsas, maderas, ladrillos y palos. Algunos vecinos intentan hacer llegar la luz y ayudan a otros a que esos pequeños refugios se mantengan en pie, movimientos que se hacen sin policía a la vista y con los intendentes buscando encontrar una salida para que no avancen las usurpaciones. A la vez, se busca evitar un desalojo violento: el fiscal Condomí Alcorta había sostenido no imputar a quienes dejen el terreno voluntariamente.

En su última resolución de 13 fojas, el juez Martín Miguel Rizzo fue enfático en cuanto a las condiciones que le impone al poder político sobre la seguridad de las personas que habitan las tierras tomadas, entre ellos muchos niños. A su vez, destacó a quiénes deben ser reintegradas las parcelas usurpadas y el cumplimiento del plazo para el desalojo sugerido por el ministro Andrés Larroque y aceptado por el titular del Juzgado de garantías número 8 de Cañuelas. En el medio, la Gremial de Abogados, que defiende a dos imputados por la toma en la causa de Condomí Alcorta, presentó una cautelar en el Tribunal de Casación para resguardar a los niños, niñas y adolescentes del lugar.
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También remarcó que “la nueva fecha fijada para la efectivización del allanamiento para el lanzamiento masivo de los ocupantes de los lotes en cuestión -unas 100 hectáreas- para el día 1º de octubre o supletoriamente 2 o 5 de octubre del corriente mes y año, a los fines de hacer cesar los efectos del presunto delito que se estaría cometiendo, es improrrogable”.
Video y fotos: Thomas Khazki, Lihueel Althabe y Franco Fafasuli
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