Un total de 33 personas quedaron detenidas en el marco de 93 allanamientos realizados en siete provincias del país en los últimos días. Están imputados por los delitos de asociación ilícita, adulteración de registros, evasión calificada y administración fraudulenta. Se lo acusa de integrar una organización de empresas y estudios contables que se dedicaba a generar facturas electrónicas falsas para evadir impuestos.
La maniobra fue descubierta tras una investigación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), las Fiscalía Federal N° 1 de Córdoba, la Fiscalía Federal de San Francisco y la Fiscalía Federal N° 3 de Córdoba. Según indicaron desde el organismo estatal, las estimaciones preliminares arrojan que a lo largo de un año emitieron comprobantes por más de 2.800 millones de pesos.
Así, “a través de esas facturas falsas, se habrían facilitado maniobras de evasión de impuestos por 430 millones de pesos entre 2017 y 2020″, calculó la AFIP.
La investigación del caso comenzó hace más de un año. De acuerdo al ente recaudador, “entre las metodologías fraudulentas utilizadas por los estudios contables y empresas, se identificó la apropiación de la Clave Fiscal de personas sin capacidad contributiva para generar facturas falsas que eran utilizadas para reducir el monto de los impuestos que debían pagar sus clientes”. Un total de 87 contribuyentes estarían involucrados como prestanombres.
Fuentes de las fuerzas de seguridad apuntaron que entre los miembros de la organización delictiva había roles establecidos: algunos se ocupaban de fabricar las facturas mientras que otros las emitían conforme al pedido de los clientes que solicitaban la clonación (copia de la factura verdadera por otra que a simple vista parece válida) de facturas y de tickets. Una vez listo, el documento apócrifo se enviaba a través de WhatsApp o correo electrónico.
Al descubrir el entramado ilegal, el Juzgado Federal N°1 de Córdoba y el Juzgado Federal de San Francisco ordenaron los allanamientos, que se llevaron a cabo en las últimas 48 horas en domicilios de las ciudades de Córdoba, Río Cuarto, Cosquín, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Santa Fe, Sunchales y Villa María, entre otras. También en inmuebles de la provincia y ciudad de Buenos Aires.
Más de 50 de estos operativos estuvieron a cargo de la Gendarmería Nacional, mientras que el resto -por razones de distribución y de las medidas restrictivas por la pandemia de coronavirus- fueron realizados por la Policía Federal Argentina, la Policía Aeroportuaria y la Policía de Córdoba. Los efectivos de seguridad estuvieron acompañados de 328 agentes especializados de la Dirección General Impositiva.
Como resultado, 33 personas quedaron detenidas y a disposición de la Justicia. En los distintos procedimientos se secuestraron una gran cantidad de dinero en efectivo, cheques, teléfonos celulares, computadoras y vehículos.
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