Hoy por la mañana, la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal comenzó una serie de allanamientos a objetivos de la Policía Bonaerense, según confirmaron fuentes del caso a Infobae, en un expediente dirigido por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. El motivo: acusaciones de corrupción, la supuesta fabricación de causas narco.
Con una investigación del fiscal federal Federico Domínguez, Arroyo Salgado ordenó más de 35 allanamientos, entre ellos a la UFI de Drogas de San Isidro, la sede de Drogas Ilícitas de la Policía Bonaerense, así como a estudios jurídicos: la causa por asociación ilícita involucra a funcionarios judiciales, policías, detenidos y abogados. Se secuestró documentación y computadoras.
La comisaría 4ta. de Tigre, con sede en Benavídez, fue otro de los objetivos allanados, pero las fuentes aclararon que allí sólo se fueron a buscar los libros de guardia y los registros de visitas vinculados a un preso que estuvo alojado en ese lugar en 2015 y que estaba detenido en una causa llevada por los policías de Drogas Ilícitas de San Isidro, de acuerdo a información de Télam.
Fuentes policiales hablan de “intervenciones irregulares” y de “desbaratamiento de una organización dedicada al armado de causas judiciales cuyo objeto era sustraer la droga”. Por lo pronto, no se comunicaron detenciones.
La fiscalía, anteriormente, se conocía como Unidad de Delitos Complejos, creada por el ex fiscal general Jorge Novo, luego se disuelve como tal por cuestiones de transparencia. Solo uno de los funcionarios de ese entonces permanece en la dependencia, uno de los secretarios: allanaban su despacho a comienzos del mediodía, así como el de otro secretario y el actual fiscal.
La unidad estuvo a cargo del fiscal Claudio Scapolán, el investigador de una de la causa detrás de los operativos de esta mañana, la incautación de 500 kilos de cocaína conocida como el operativo “Leones Blancos”: por supuestas irregularidades en la causa, aseguran fuentes del caso, es que Arroyo Salgado ordena los allanamientos.
Ocurrió en diciembre de 2013. La causa, según recortes de la época, comenzó con un supuesto dato que llevó a la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Quilmes hasta una quinta de La Reja, en el partido de Moreno, sobre la calle Schiffely. De allí salió una camioneta Mercedes Benz Sprinter en Panamericana y Camino del Buen Ayre, cerca del shopping Soleil, la entonces jurisdicción de Scapolán: había 481 kilos de polvo ocultos en bolsos. Cerca, en un vehículo de apoyo, una Peugeot Partner, se encontraron 12 kilos más. Cuatro hombres fueron detenidos, fleteros, remiseros, changarines de Monte Grande y Ciudadela.
El juicio comenzó en el Tribunal Oral Federal N°5 de San Martín en 2014: las defensas plantearon varias nulidades, de acuerdo a un documento de la causa, “la prueba producida durante el juicio permitía afirmar con total certeza que el llamado anónimo que denunciara el hecho investigado y sirviera de fundamento para la actuación policial nunca existió. Que ello no era una valoración personal sino un dato empírico, pues en el teléfono 4251-1414 de la dependencia policial de Quilmes no existió a las 17:15 ninguna llamada”. Objetaron también una cuestión jurisidiccional obvia, cómo es que Scapolán termina al frente de un operativo de droga que salió de Moreno.
El mensaje de la presunta denuncia de Quilmes, según la elevación a juicio del caso, llegó al jefe de operaciones de la Bonaerense en la zona, que envió a un hombre de su grupo operativo, en ese entonces con rango de subteniente, a apostarse a vigilar en la quinta de La Reja, el que luego avisa a un compañero.
Infobae accedió al nombre de ese hombre, una coincidencia que resuena en el presente. Ese mismo policía fue el primero en presentarse en la escena del crimen del financista Diego Xavier Guastini, acusado de traficar dinero de narcos y luego delatarlos en causas federales: se presentó al pie del cadáver como amigo de la familia, a bordo de su moto. Años después del episodio de los 500 kilos, Asuntos Internos de la Bonaerense lo investigó como implicado en supuestas irregularidades en procedimientos.
Los cuatro detenidos fueron absueltos. Así, en un fallo del 26 de agosto de 2016, el juez federal Alberto Ruiz Paz aseguró en su voto que “la investigación de los hechos ilícitos que motivaron la nulidad de todo lo actuado no debe soslayar la conducta irregular del titular del doctor Claudio Scapolán”.
Fuentes judiciales aseguran que hay dos funcionarios detenidos vinculados a la fiscalía allanada.
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