Hoy por la mañana, luego de ser capturado a mediados del mes pasado en la zona uruguaya del Chuy, Sebastián Rodrigo Romero, el militante de izquierda que era buscado por la Justicia hacía más de dos años por disparar un mortero en medio de las protestas contra la reforma previsional que impulsaba el gobierno de Mauricio Macri en diciembre de 2017, se negó a ser indagado por el Juzgado Federal N°12 hoy subrogado por Rodolfo Canicoba Corral en la causa que lo investiga junto a la fiscal Alejandra Mangano por los delitos de intimidación pública, daños y resistencia a la autoridad, que cuentan con una pena máxima de hasta 15 años de prisión.
Romero, ex delegado gremial en General Motors, ex precandidato a diputado nacional y referente del PTSU en Rosario –que se convirtió en un fenómeno en redes sociales al ser apodado “gordo mortero”– fue extraditado ayer desde Uruguay eal aeropuerto de Ezeiza en un vuelo privado, custodiado por la misma fuerza que lo investigó para capturarlo de vuelta, la división Interpol de la Policía Federal. El operativo para trasladarlo desde el aeropuerto incluyó un despliegue de motos y patrulleros.
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Así, Romero pasó la noche en una celda en la dependencia de la calle Madariaga y General Paz de la PFA en Villa Lugano, donde la conexión a Comodoro Py se realizó mediante el programa Zoom. Allí, expresó su negativa, según confirmaron fuentes cercanas al expediente a este medio.
El Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció en 2018 una recompensa de un millón de pesos por información sobre su paradero y difundió imágenes generadas por computadora que intentaban ilustrar cómo se vería Romero, hipotéticamente, sin sus rastas o barba. El militante oriundo de Rosario tenía además una circular roja de Interpol sobre su cabeza.
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Hasta el momento de su caída, en donde no ofreció resistencia, Migraciones no tenía registros de que Romero hubiera cruzado la frontera de forma legal y, casi dos años después de su fuga, su primera aparición “pública” fue a través de un mensaje que envió desde la clandestinidad en el que se definió como un “perseguido político del gobierno de Macri” y llamó a un gran paro general para “tirar abajo” al gobierno de Sebastián Piñera en Chile.
Al ser detenido luego de semanas de seguimiento, Romero no ofreció resistencia. Sus dos años de clandestinidad son un misterio. Para los investigadores que lo rastrearon habría recibido algún tipo de apoyo estratégico.
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