Emiliano Blanco, director del Servicio Penitenciario Federal, presentó su renuncia ayer a la mañana.
No sería el único en irse. Otros de su cúpula planean hacer lo mismo. Tras el shock que implicó el violento motín en el penal de Devoto y la entrada del coronavirus a la cárcel con 13 detenidos, hablan de tensiones políticas.
“Quedamos entre las hormigas negras y las coloradas”, dice a Infobae un hombre histórico, central en el funcionamiento del SPF: “Y así no se puede”. Hablan, principalmente, de una pugna con Juan Martín Mena, el número 2 de la cartera, secretario del Ministerio de Justicia y ex número 2 de la AFI. Cerca de Blanco aseguran que Mena se opuso a que fuera designado subsecretario de política penitenciaria.
A fines de abril, las cabezas del SPF circularon entre sí un artículo publicado en El Destape. “Sigue vacante el cargo responsable de Asuntos Penitenciarios”, era su título, algo que los partidarios del director interpretaron como una obvia señal.
El artículo mencionaba a “la tarea de cuidar la salud de los presos” que recaía en Mena, pero la ausencia del número 2 del Ministerio se hizo sentir en un momento crítico, con un faltazo sin aviso en la segunda asamblea para mantener la tregua en el penal de Devoto que fue celebrada en la cárcel el 30 de abril, un encuentro entre jefes penitenciarios, delegados de los presos y abogados de organismos de derechos humanos.
Así, Blanco quedó en descubierto, sin apoyo político, algo que los presos podrían haber percibido como un signo de debilidad y que ciertamente preocupó en la reunión. Su ausencia generó momentos de tensión. Sin embargo, la negociación del SPF a cargo de Blanco llevó la reunión a un cierre sin inconvenientes. Pablo Barbuto, de la Subsecretaría de Política Criminal, fue otro interlocutor clave para que se mantuviera la calma. En el acta firmada al final de la reunión se lo emplazó a Mena para que regrese como “interlocutor ministerial”.
Así, ante el desgaste, Blanco renunció, algo que se rumoreaba que podría pasar hace meses, luego de 15 años en el Ministerio de Justicia. No hay explicaciones de qué generó la tensión.
La renuncia -dicen cerca del funcionario, un histórico en las filas penitenciarias que asumió la dirección luego de la salida del abogado Víctor Hortel, vinculado a la organización kirchnerista Vatayón Militante y cuestionado por la fuga de más de una decena de presos del penal de Ezeiza en agosto de 2013- todavía no fue aceptada.
Por lo pronto, no suena un heredero aparente para el cargo, una silla compleja frente a una realidad siempre al borde del estallido que requiere de un funcionario de carrera y un equipo altamente técnico: el SPF tiene más de 13 mil detenidos, más de dos mil de ellos vinculados a organizaciones criminales nacionales y trasnacionales de alta peligrosidad, políticos acusados de corrupción, represores condenados por delitos de lesa humanidad, narcos de bandas como Los Monos o los capos de las villas porteñas, sicarios y jefes de la mafia china.
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