
Tras el anuncio del presidente, una alta fuente política en Santa Fe tomó el WhatsApp y bromeó: “Me parece que más de uno ya empezó a triturar papeles”.
En su capítulo sobre la seguridad interna en la Argentina, en su discurso de apertura para las sesiones ordinarias del Congreso para 2020, el presidente Alberto Fernández hizo un hincapié casi exclusivo en Rosario y Santa Fe con su ola de cadáveres con 45 crímenes en lo que va del año, una tendencia signada a sangre y plomo.
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Es una tendencia enmarcada por el complejo entramado del narcotráfico entre las cargas de exportación que llegan por aire o a través de las rutas fluviales, el control de los jefes de Los Monos con su principal capo, “Guille” Cantero, encerrado en una celda de Marcos Paz con una cámara que lo apunta, capaz de conducir a sus fuerzas a través del teléfono público del penal quizás sin importarle que le intervengan la línea, o las bandas como Los Funes, menos sofisticadas pero igual de indomables que sus predecesores, que se disputan el control de la zona sur de la ciudad, en una atmósfera general feroz de rencillas que terminó hasta con una bebé muerta a balazos mientras estaba en brazos de sus padres.
Así, Fernández anunció en el Congreso la creación de nuevas dependencias investigativas en la provincia con una dependencia federal especial para la zona de San Lorenzo, a pocos kilómetros del norte de Rosario, el enclave sobre el Puerto San Martín, una zona de paso crucial para el flujo de polvo y el lavado de activos.
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“Los problemas de la Argentina no se resuelven con menos justicia sino con una mejor justicia", indicó.
Y amplió: “Asimismo, de la mano de la puesta en marcha del nuevo sistema acusatorio penal, vamos a impulsar un fortalecimiento de toda la actuación de la justicia federal penal en las zonas más críticas donde el crimen organizado ha logrado desarrollarse a través del narcotráfico, especialmente en la zona de influencia de Rosario y Santa Fe. El reordenamiento que impulsamos tiene un profundo sentido federal: consolida por un lado la autonomía de la ciudad de Buenos Aires con su justicia penal local, y aumenta la actuación de jueces y fiscales en la zona de Rosario y Santa Fe”.
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“En esta última provincia, vamos a impulsar la creación de una nueva sala y una Secretaría de Narcotráfico en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Para fortalecer el Ministerio Público Fiscal y la aplicación rápida del código acusatorio, vamos a reforzar la creación de nuevos cargos auxiliares fiscales y asistentes fiscales bajo la órbita de un fiscal coordinador de distrito. Propondremos la creación de un juzgado federal, una fiscalía y una defensoría federal en la ciudad de San Lorenzo que también va a estar orientada a la investigación de la trata de personas, el lavado de dinero y el narcotráfico”, aseguró el Jefe de Estado.
Así, el sistema penal se redobla para una zona que se desangra en su peor temporada criminal. Fernández no habló de más policías o mayor poder policial en la zona para las fuerzas federales -aunque en el Departamento Central de la PFA en Montserrat sus altos jefes vieron el discurso con atención-, sino de más aparato en el sistema judicial, algo que se enfrenta directamente a los roces con elementos rebeldes de la Policía provincial, con corporaciones y camarillas de ex efectivos que desafiaron de frente al Gobierno. La señal es positiva para Marcelo Saín, ministro de Justicia, con una morgue repleta de cuerpos que complica el núcleo de su gestión.
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En Rosario, el anuncio de Fernández es evaluado en sintonía con la profunda insatisfacción de ciertos sectores oficiales con la Justicia federal, se habla de un nuevo aparato que acelere los procesos y de nuevos candidatos para los cargos, con algunos nombres históricos. Que el presidente hable nuevas dependencias no ocurre en un vacío, sino todo lo contrario.
La semana pasada, el presidente visitó la ciudad para conmemorar un nuevo aniversario del primer enarbolamiento de la bandera. Aseguró que Rosario “es una ciudad donde la Justicia tiene que hacer más de lo que hace”. Saín no estuvo presente en el acto, con funcionarios como “Wado” de Pedro. Cerca de Saín hablan de un contacto telefónico entre el ministro y el presidente antes de la llegada de Fernández a Rosario.
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En paralelo, el ministro santafesino y su equipo elaboraron un diagnóstico, en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Sabina Frederic. Los anuncios del presidente son, para el frente de Saín, un hecho positivo y un eco de sus cálculos.
El anuncio de apartar a la AFI de las investigaciones penales también es relevante para este frente: la agencia de inteligencia tuvo intervenciones en causas narco que tramitaban en los tribunales de Comodoro Py, “intervenciones formales a pedido de los jueces y fiscales”, dice un investigador histórico. “La decisión no me parece ilógica”, asegura.
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Así, el discurso de Fernández en materia de seguridad se centró en la crisis más caliente: Sabina Frederic fue consultada, fuentes cercanas a la ministra hablan de un pedido de información presidencial sobre el estado de la cartera de Gelly y Obes y algunos lineamientos generales. En la provincia, cerca de Sergio Berni dicen que no hubo consulta alguna.
El presidente no puntualizó sobre otros puntos graves, la crisis de sobrepoblación en penales y comisarías a lo largo de la Argentina y de un intento de cortar el ciclo de reincidencia y de reingreso al sistema, de la creación de dependencias para lidiar con la creciente sofisticación en el tráfico de drogas sintéticas o fenómenos trasnacionales como las bandas ultraviolentas en la frontera entre Brasil y Paraguay como el PCC o el Comando Vermelho que controlan el negocio de la marihuana en la región, que implican la salida de la Argentina de las estructuras narco del siglo XX hacia un futuro mucho más extremo en términos de violencia y adicción o la expansión bonaerense de la mafia china, o más recursos de contención para las mujeres que denuncian por violencia de género a sus parejas en el sistema penal.
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Los minutos para la materia fueron para el peor título en el diario, 45 muertos en menos de 60 días.
En paralelo, otro frente de tormenta se calienta para Saín y el gobernador Perotti: la pulseada con los dirigentes de clubes, con exigencias desde el Gobierno de reforzar su seguridad interna con efectivos de seguridad privada, en una semana caliente que terminó con la clausura del estadio de Rosario Central luego de que hinchas lanzaran bombas de estruendo al campo de juego.
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