La violencia que estalló en Rosario durante las dos primeras dos semanas del año con 17 asesinatos en 14 días no se resume en una sencilla explicación: se trata de una combinación de factores. Hay teorías sobre lo que hay detrás. Desde el Ministerio de Seguridad provincial a cargo de Marcelo Sain se mencionó públicamente a una “reacción” de un sector de la Policía a los cambios realizados desde la llegada del nuevo gobierno.
“Había jefes policiales que se creían dueños de la provincia. Me parece que a partir de ahora quedan en la picota en cuanto al cuestionamiento penal”, dijo Sain el pasado lunes en una entrevista con Aire de Santa Fe. A esa “reacción” de ex jefes policiales se agregaron disputas territoriales entre bandas y conflictos interpersonales que terminaron en peleas. También hubo balaceras, como la ocurrida el sábado pasado contra el casino City Center de Rosario, donde Enrique Encino, gerente bancario, murió de un tiro en la cabeza mientras fumaba un cigarrillo.
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La sombra de Los Monos marca este ataque, ya que se dio en medio de un posible traslado de su líder Ariel Máximo “Guille” Cantero a un penal federal de la Patagonia desde la cárcel de Ezeiza, un movimiento típíco del Servicio Penitenciario Federal para esmerilar a un capo, para alejarlo de visitas y contactos y su zona de poder, algo que ya se ha hecho con temibles como Cesar Morán de la Cruz, el jefe más temido de la Villa 31 bis. Un cobrador de “Guille” llamado Maximiliano Damián Díaz, apodado “Cachete”, detenido esta semana por la Policía provincial en una investigación del fiscal Luis Schiappa Pietra, enfrentará su audiencia de imputación este miércoles en el Centro de Justicia Penal de Rosario acusado de planificar ese ataque.
Hay, también, otros mensajes en la pared para el Gobierno y el nuevo ministro de Seguridad, en sitios web a la vista de todos y con términos tan frontales como oscuros. Más allá de los nombres que brindó Sain de jefes que ya no están en funciones, existe un grupo de personas que ya no pertenecen a la fuerza hace años y suele agitar la situación en una ciudad con más de un muerto por día.
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Algunos son policías retirados y otros exonerados; no están en actividad hace muchos años, pero aprovechan el uso de las redes sociales y las páginas web de supuestos “sindicatos" policiales, agurpaciones no reconocidas y sin personería jurídica para lanzar mensajes contra los gobiernos provinciales, cualquiera sea el signo político, un movimiento en una guerra de desgaste. Ex comisarios de otras provincias prefieren ventilar su agenda y sus rencillas a través de WhatsApp, en confianza, pero ésto está a la vista de todos.
Una página, la de la agrupación UTRAPOL, de la ciudad de Santa Fe, publicó una nota el lunes pasado donde, en cierta forma, admiten que hay agentes que podrían estar detrás de algunos de los delitos que se cometen en la provincia. “A los jefes nadie los forrea”, titularon el artículo. Una foto de una gorra lo ilustraba: “Bajo presión, nada”, decía la leyenda.
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El texto redoblaba la apuesta: “Los jefes policiales van a dejar que la cosa decante y que el Gobernador se dé cuenta que el problema es SAIN y SARNAGLIA”, decía, en referencia a Víctor Sarnaglia, nuevo jefe de la fuerza.
“Nadie nos basurea”, continúa un subtítulo del texto publicado el lunes. “Las acciones tomadas por la conducción política y policial sobre los altos mandos, particularmente en Rosario, hicieron que los jefes se plantearan un viejo mecanismo de acción que rápidamente tiene una llegada a través de la cadena de mandos hasta el ultimo eslabón policial, donde se deja bien en claro”, sigue la letra.
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Luego, explota en mayúsculas, una cita a un jefe anónimo: “HAY QUE CUIDARSE DE ESTOS TIPOS, HACEMOS LO JUSTO Y NECESARIO, LLEGAMOS AL LUGAR DE LOS HECHOS DESPUÉS QUE SE MATEN TODOS, NO VAMOS A AGUANTAR EL FORREO DE UN ZURDO INCAPAZ, NI DE UN JEFE INEPTO”.
El resto de la nota es más grave todavía. Vale la cita entera: “Cuando a un policía, les exigís cosas que no pueden cumplir por negligencia política... el policía busca defenderse y comienza a bajar la intensidad de los procedimientos; es un mecanismo de defensa innato en cualquier ser humano, mucho más en un trabajador sobre donde políticos y sectores del poder judicial quieren escudar sus culpas. No hay ni habrá sumisión al poder político cuando hay ordenes improcedentes”.
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La resolución provincial de permitir una bala en la recámara de las pistolas de los policías provinciales fue recibida con acidez frontal. “Humo y más chamuyo”, titularon el martes en la web de UTRAPOL.
¿Pesan? Para investigadores judiciales federales y ex funcionarios provinciales, en la actualidad es incomprobable el peso o influencia que pueden tener hacia el interior de la Policía los grupos como UTRAPOL, de la ciudad de Santa Fe. Sin embargo, lo que muestran es preocupante.
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Rosario tiene su equivalente, con un cierto pasado: la agrupación APROPOL trascendió mediáticamente hace siete años cuando su líder organizó una revuelta policial en diciembre de 2013, año en el que hubo una escalada de violencia en la ciudad que había comenzado primero en Córdoba y luego ocurrió en Santa Fe. El líder de ese sindicato no reconocido es Alberto Martínez: junto a los sargentos Fabricio Abasto, Claudio Patiño y Mauricio Pagani están acusados por el delito de sedición por ese acuartelamiento de la Policía en Rosario y Santa Fe.
El fiscal federal santafesino Gustavo Onel pidió en julio de 2018 la elevación a juicio para los cuatro. Martínez también fue imputado en esa causa por haber amenazado al ex gobernador Antonio Bonfatti a través de mensajes de texto. En su elevación a juicio, el Ministerio Público de la Acusación destacó que Martínez “utilizó como usinas publicitarias los espacios virtuales de la organización de hecho formada por policías de Santa Fe en actividad y retirados, denominada APROPOL, para instigar a cometer delitos, lo cual quedó demostrado por las escrituras aparecidas en las cuentas @apropol en Twitter y Apropol Santa Fe en Facebook”.
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El fiscal Walter Rodriguez, que intervino en la investigación, aseguró: ”Existió una clara instigación dirigida a los distintos actores que se direccionaron al objetivo común de producir un alzamiento policial a fin de arrancar una medida o concesión del poder público (bajo la denominación de ‘paro’ o ‘protesta policial’”
APROPOL también está vinculado a hechos más deslucidos que un levantamiento. Un hombre de 73 años fue sorprendido en la esquina de Godoy y Perú en Rosario mientras intentaba vender “bonos de contribución” del grupo a 500, 200 y 100 pesos. Llevaba una credencial con su nombre que decía: “APROPOL, Asociación Profesional Policial Santa Fe”.
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