
Un acusado por tentativa de femicidio violó el arresto domiciliario, destruyó la tobillera electrónica y huyó en la ciudad de Salta, en un caso que reabrió los cuestionamientos sobre la eficacia del monitoreo judicial. El sospechoso, de 25 años, fue recapturado horas después por personal policial en la zona este de la provincia.
Según informó El Tribuno, el hombre se encontraba bajo arresto domiciliario en el marco de una causa por tentativa de homicidio doblemente calificado por la relación de pareja y por mediar violencia de género. De acuerdo con la investigación en curso, el acusado mantenía una relación con la víctima y ya existían antecedentes de otros hechos violentos en su contra. En ese contexto, la Justicia le había otorgado el beneficio de continuar bajo monitoreo electrónico.
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La secuencia que derivó en su captura comenzó dentro del domicilio fijado para el cumplimiento de la medida. La madre del acusado, quien había asumido la caución personal ante la Justicia, se comunicó con el Sistema de Emergencias 911 para advertir que su hijo se mostraba agresivo. La alerta activó la intervención policial y, tras un operativo de búsqueda, el sospechoso fue localizado y detenido.
Después de esa recaptura, la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, intervino en la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria en representación del Ministerio Público Fiscal. El acusado fue imputado por evasión y amenazas en concurso real. La jueza Paola Marocco ordenó la prisión preventiva, una decisión sustentada en los antecedentes del imputado.
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Otro caso en Salta
Esta semana, otro expediente similar salió a la luz en la capital de Salta cuando un hombre de 28 años fue condenado por el delito de hurto calificado por escalamiento en grado de tentativa. Tras reconocer su responsabilidad en un juicio abreviado, recibió una pena de ocho meses de prisión efectiva.
Anteriormente, el acusado ya registraba una condena previa de tres años de prisión de ejecución condicional. De acuerdo con El Tribuno, el juez interviniente resolvió unificar ambas penas e imponer una condena única. Además, lo declaró reincidente por primera vez.
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En la audiencia participó el fiscal penal 6 del Distrito Centro, Martín Ávila, mientras que el magistrado dispuso el traslado inmediato del condenado a la Unidad Carcelaria N.º 1. A esa resolución se sumó la orden de extraer una muestra de ADN para incorporarla al Banco de Datos Genéticos, un procedimiento previsto para este tipo de actuaciones.
A esos dos hechos se agregó un tercer episodio detectado en Metán, también vinculado al incumplimiento de medidas judiciales. En esa ciudad del sur provincial, personal de la División Seguridad Urbana realizaba tareas preventivas cuando un transeúnte alertó sobre la presencia de un hombre dentro de las oficinas de EDESA, pese a que debía permanecer bajo prisión domiciliaria. La situación derivó en una intervención inmediata de los efectivos.
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Cuando la Policía llegó al lugar, el sospechoso advirtió la presencia de los uniformados e intentó retirarse en medio de la confusión. Aun así, fue demorado a pocos metros. Luego de verificar su situación procesal, los agentes confirmaron que el hombre se encontraba beneficiado con prisión domiciliaria y que, al momento del procedimiento, incumplía las condiciones fijadas por la Justicia. Tras esa constatación, fue trasladado nuevamente a la sede policial, mientras se comunicaba la novedad a las autoridades judiciales correspondientes.
Los tres episodios expusieron en pocos días distintos incumplimientos ligados a medidas judiciales alternativas al encierro carcelario. En los distintos casos conocidos esta semana, las intervenciones policiales y judiciales se activaron después de que los acusados o condenados quebraran las condiciones impuestas por la Justicia.
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