El sábado 16 de marzo, Liliana González, ciudadana paraguaya que tenía 37 años, fue asesinada en su casa en la manzana 110 de la Villa 31 del barrio porteño de Retiro. Fue apuñalada y su cuerpo fue descuartizado post mortem con una amoladora.
La Policía llegó al lugar al día siguiente, por denuncias de vecinos que sentían olores nauseabundos. Se toparon con una escena macabra: las partes cadavéricas estaban desperdigadas del alrededor de la vivienda. Algunos restos estaban desmembrados en el baño, otros en la cocina.
El principal acusado del brutal crimen es Waldo Servian Riquelme, también de nacionalidad paraguaya y de 33 años, quien era su pareja y con quien la mujer tenía dos hijos en común. El mismo día del hecho, el hombre se fugó a su país natal. Tomó un micro a Misiones y cruzó la frontera a las 8.05 de la mañana del domingo 17 a bordo de un remís. Estuvo 50 días fugitivo hasta que decidió entregarse el 6 de mayo en la ciudad de Encarnación.
El 31 de octubre pasado, Servian Riquelme llegó extraditado de Paraguay y quedó preso. En las últimas horas el juez Hugo Decaria, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 39, acató el pedido del fiscal Andrés Madrea, titular de la Fiscalía Nº 14, y procesó por “homicidio agravado por el vínculo mediando violencia de género”. Además, le trabó un embargo por 5.080.000 pesos.
De acuerdo a la investigación, la pareja atravesaba una crisis con “sospechas de infidelidades, decisión de separarse personalmente y desacuerdos de tipo patrimonial”.
El hombre planeó el ataque: retiró a sus hijos de la propiedad y los llevó a la casa de su hermana, también en la Villa 31, para que durmieran allí. Entre la noche del 15 y la madrugada del 16 de marzo apuñaló en el cuello a la mujer, quien según revelaron las pericias intentó defenderse. Luego descuartizó el cadáver, le extirpó las orejas y seccionó el cuerpo.
En el allanamiento a la casa de la víctima, lo primero que advirtieron los efectivos al revisar el lugar fue que ni las puertas ni las ventanas habían sido forzadas. El robo fue descartado desde un primer momento.
La amoladora y los discos de cortes fueron encontrados en la cocina. Allí también hallaron los primeros restos humanos: algunos estaban dentro de una olla reposada sobre un anafe y otros, dentro del horno. Habían sido sometidos a cocción.
En total contabilizaron 25 fragmentos corporales, los demás esparcidos por el baño y la planta baja de la vivienda. Por la cantidad, en un principio se pensó que podrían corresponder a más de una víctima, pero las pericias lo descartaron. Los análisis también determinaron que la muerte violenta no era menor a 24 horas.
Con las pruebas en su contra, Servian Riquelme se entregó a principios de mayo y hace dos semanas se hizo efectiva la extradición. Arribó custodiado por agentes de Interpol e inmediatamente lo trasladaron al Palacio de Tribunales para la audiencia indagatoria. El acusado se negó declarar. Solo dijo ante el juez Decaria que es inocente. “Yo no la maté. Solo me entregué por mis hijos y mis padres”, fueron sus únicas palabras.
Pese a la calificación del hecho, Servian Riquelme no podrá ser condenado a esa pena porque es una de las condiciones fijadas para su extradición, tal cual explicó el defensor del imputado, Alberto Caraballo: “En Paraguay no existe la figura del femicidio y el convenio de extradición con esa república dice en forma textual que no entregará a un ciudadano de ese país requerido por autoridad extranjera donde sea sometido a pena de privación de la libertad a perpetuidad o a pena de muerte”.
Por tal motivo, en caso de ser condenado en un futuro juicio oral, el hombre sólo podrá ser acusado de “homicidio agravado por el vínculo” pero la pena no podrá superar los 25 años de cárcel.
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