“Graciela Pascual, representante legal del Próvolo, sabía de las distintas situaciones de abuso”, aseguró el viernes una testigo que declaró en Cámara Gesell durante el juicio por los abusos cometidos en el instituto para niños con discapacidad auditiva y trastornos del lenguaje.
Por el momento dos sacerdotes y un administrativo del colegio están imputados en la causa por “abuso sexual con acceso carnal agravado, en concurso real con corrupción de menores”. El principal acusado es el religioso italiano Nicola Corradi, de 83 años, quien ya había sido declarado culpable de cometer abusos en la sede central del Instituto en Verona, Italia, años antes de llegar a la Argentina; en tanto, el cura Horacio Corvacho, de 59 años, y el empleado administrativo Armando Gómez (57) completan la nómina de imputados.
En una nueva jornada del juicio, que comenzó el 5 de agosto, se retomó el proceso con la declaración de una testigo de 24 años que apuntó, en Cámara Gesell, contra la Pascual y contra la monja Kosaka Kumiko.
Las acusaciones tramitan en tres causas separadas: "La primera es contra los tres imputados, la segunda es la de Kumiko, la monja acusada de haber participado en episodios de vejámenes y corrupción de menores, y la tercera, en etapa de instrucción y aún no elevada a juicio, involucra a la ex directora Graciela Pascual y la monja Asunción Martínez, por omisión”, precisaron desde la ONG querellante Xumec.
Kumiko está acusada en la causa por participación primaria en nueve hechos de abuso sexual y corrupción de menores entre 2004 y 2012. Con respecto a la participación de Pascual, uno de los abogados de la querella, Oscar Barrera, dijo a Télam que “la testigo habló sobre la complicidad de la ex representante legal, por el conocimiento que tenía de distintas situaciones de abusos". "Fue corroborante de esos hechos y además denunció algunos hechos de Kumiko, por lo que entiendo que tiene que ser ampliada la acusación”, agregó.
La religiosa está detenida en un convento, y en abril la justicia decidió otorgarle la libertad previo pago de una fianza de 2 millones de pesos. Sin embargo, el fiscal de la causa, Gustavo Stroppiana, solicitó nuevamente su detención debido a las nuevas denuncias que recibió por parte de ex alumnos del Próvolo. El tribunal deberá resolver el pedido en la semana entrante, según adelantaron fuentes judiciales.
La jueza Mariana Mercedes Gardey, integrante del Juzgado Penal Colegiado 2 de Mendoza y titular en la causa caratulada “Fiscal C/Kosaka Kumilo P/Abuso sexual agravado con accedo carnal” deberá decidir la próxima semana si la monja sigue con prisión domiciliaria con tobillera o espera en libertad su juicio, que se prevé para 2020, luego de que su abogado defensor, Carlos Varela Álvarez, pida la nulidad de la detención antes de la feria judicial.
Barrera adelantó que la semana próxima “habrá dos cámaras Gesell en su modalidad de en vivo y directo". “Una vez terminados los testigos grabados, será el momento de los testigos presenciales”, detalló. A su vez, agregó que “el juicio está encaminado” y anticipó: "Entendemos que podemos llegar a tener sentencia en noviembre o durante los primeros días de diciembre”.
Todas las acusaciones y denuncias contra los religiosos y empleados del Instituto provienen de ex alumnos, quienes manifestaron haber tenido entre 5 y 16 años en el momento en el que se produjeron los abusos. Corbacho, Gómez y Bordón se encuentran alojados en cárceles mendocinas, mientras que Corradi cumple con prisión preventiva domiciliaria por su avanzada edad.
La primera causa ya tiene un condenado, el monaguillo Jorge Bordón, de 51 años, quien confesó en septiembre del año pasado su culpabilidad durante un juicio abreviado: dijo ser autor de 11 abusos y deberá cumplir diez años de prisión.
Corbacho está imputado por 16 hechos de abuso, de los cuales 8 son por abuso sexual agravado con acceso carnal (violaciones), Corradi y Gómez por seis hechos de abuso sexual cada uno. Tras una extensa investigación que incluyó numerosas testimoniales, cámaras Gesell e incontables allanamientos e inspecciones al lugar, -y con el absoluto silencio de la Iglesia Católica-, se aguarda que la justicia mendocina aplique la mayor de las penas a los acusados.
Por su parte, el acusado Luis Ojeda, de 41 años, fue sobreseído y declarado inimputable. Según dictaminó el Cuerpo Médico Forense en diciembre de 2017, “no comprende la criminalidad de los hechos”.
Los imputados podrían recibir penas de hasta 50 años de prisión.
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