"Mintieron, acondicionaron prueba y prepararon testigos": por qué piden investigar por encubrimiento a la clínica donde murió Pérez Volpin

El mismo día en que pidieron la condena para el endoscopista y la anestesista por el homicidio de Débora Perez Volpin, la querella y la fiscalía acusaron formalmente por encubrimiento a tres responsables de la clínica La Trinidad. Puntualmente se apuntó contra Roberto Martingano, director médico de la clínica; Eduardo Cavallo, director general del sanatorio, y Sebastián Cecci, médico gastroenterólogo, hijo de Héctor Cecci –dueño de los endoscopios de la clínica- y quien lavó el instrumental que usó Diego Bialolenkier en el procedimiento.

A criterio de la querella, acá "mintieron, acondicionaron la prueba y prepararon a los testigos, que eran empleados de la clínica, cambiaron el procesador, adulteraron el número de serie, cambiaron la caña del endoscopio…". "Acá lavaron la sangre del endoscopio. No sé cómo vienen y lo cuentan tan simples de cuerpo. ¿Por qué lo tuvieron que lavar? Y suprimieron la información de los registros", sostuvo el abogado Diego Pirota en su alegato.

Según Pirota, apenas ocurrió la muerte, la clínica se presentó con abogado a la causa y aportaron peritos de parte. La causa estaba en secreto de sumario. Así, dijo Pirota, la clínica logró "tener contacto con la causa", enterarse de que la autopsia estableció una lesión esofágica y también saber que los forenses estaban pidiendo ver las imágenes del estudio que se estaba haciendo Pérez Volpin al momento de su muerte. El viernes, al hacerse el allanamiento en la clínica, se secuestraron una caña y el procesador. A criterio de Pirota, el equipo fue "acondicionado porque sabían que se iba a allanar". Según dijo, "con la imagen se hubiera visto el momento en que Bialolenkier perforó. Pero las imágenes nos las negaron. Tuvieron un interés especial en saber qué pasaba".

El abogado además remarcó que Pérez Volpin "no era cualquier paciente" y tenía un "trato preferencial en la clínica" porque había entablado "una relación personal y frecuente" con Martingano. Es más, dijo, ese profesional "acá en este juicio declaró violando el secreto médico". "Cuando ocurrió la muerte, presumieron un problema en puerta. Y casualmente ese endoscopio secuestrado es el único que no registra imágenes. ¿Quién le avisó que guardara todo? ¿Quién le pide a Cecci que lave todo? Martingano". Pirota añadió que, por su parte, Cavallo se entrevistó con cada uno de los empleados de la clínica antes de que fueran a declarar.

"Son demasiadas casualidades. Justo nos encontramos con este aparato. Justo no toma imagen y justo la caña se rompió. Si a eso le agrega que el número de serie está limado y no podemos conocer la trazabilidad del equipo para saber cómo se hacían los service… Tengo que presumir que hace diez años ese equipo estaba en un depósito y lo sacaron cuando sabían que los iban a allanar".

Pirota afirmó que "Martingano es el responsable de esto" y hasta advirtió que estuvo a punto de pedir su detención cuando declaró en el juicio oral. Sin embargo, lo salvó que un testigo clave llegara a declarar al día siguiente. Fue el técnico Juan Chávez, quien reveló que le habían pedido imprimir el informe del estudio médico y faltaba documentación sobre el reporte. "Si Chávez declaraba el día anterior, le pedíamos la detención porque vino a faltar a la verdad", aseguró.

El querellante fue más allá: "Esto les debe haber pasado 30 veces y nunca ocurrió nada. La gente desiste de esto (el juicio) porque les duele y no saben. Estos médicos empresarios hacen que la gente no llegue a esta situación. Con esto lucran y por eso estos juicios nunca suceden. A Martingano, Cavallo y Cecci pedimos que se los investigue por encubrimiento por homicidio. Que se los investigue y se defiendan".

Un rato después, alegó la fiscal María Luz Castagni. En sintonía con la querella también acusó a la clínica por encubrimiento. Sostuvo que el procesador o tenía la numeración limada o se limó especialmente después de que ocurrió la muerte de Pérez Volpin.

Seguí leyendo:

Caso Pérez Volpin: la querella pidió cuatro años y cinco meses de prisión para el endoscopista y tres años en suspenso para la anestesista