
"Unidad de pruebas toxicológicas": así se llama la nueva dependencia que en las últimas horas fue anunciada en el Boletín Oficial y que está bajo la órbita de la Dirección de Prevención de la Corrupción del Ministerio de Seguridad de la Nación. La nueva área le da un marco de política de Estado a los controles sorpresivos que se realizan sobre las cuatro fuerzas federales de seguridad sobre consumo de estupefacientes y alcohol entre los agentes que están de servicio y portan armas reglamentarias. El anuncio es significativo: esta semana, 14 policías federales fueran pasados a disponibilidad por resultados positivos
En el año 2017, cuando comenzaron a realizarse estos estudios sobre los hombres y mujeres que integran la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria, los casos "positivos" orillaban el dos por ciento del total de las pruebas.
La inmensa mayoría de estos efectivos había consumido marihuana y cocaína. En lo que va de este año, esa cifra se redujo en más del cincuenta por ciento.

Los estudios se realizan sobre seis familias de drogas diferentes, marihuana, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, benzodiacepinas y opiáceos. Hubo 4192 análisis en el segundo semestre de 2018, los tests llevan a cabo de manera sorpresiva y aleatoria. Los integrantes de las fuerzas de seguridad también son sometidos al tradicional test de alcoholemia, que mide cantidad de alcohol en sangre a través de aire exhalado, con las clásicas pipetas calibradas que se emplean en cualquier control vehicular y de motos.
En caso de dar positivo (debe dar cero absoluto) el funcionario no es pasado a disponibilidad, como en los otros casos, sino que es sancionado.
Según explica Damián Arabia, el titular de la Dirección de Prevención de la Corrupción, los test son "no invasivos". Se utiliza un kit cerrado con un hisopo a través del cual el mismo agente recolecta saliva y en su presencia se realiza el control rápido que demora unos dos minutos.
En caso de dar positivo, se toman contramuestras para repetir el estudio.
Los agentes en servicio que resultan seleccionados deben completar un "consentimiento informado" a través del cual prestan conformidad para someterse al testeo toxicológico.

Según Arabia esto hasta ahora no ocurrió, pero en caso que el policía o gendarme se niegue a realizar el estudio el resultado es considerado como "positivo", se le quita el arma y se lo separa de manera preventiva de la fuerza.
Desde 2017 a la actualidad, se realizaron cerca de 12.000 controles sorpresivos. La mayor cantidad de "positivos" se detectaron en el primer cuatrimestre de ese año, 1,84%.
Si nos centramos en el consumo de clorhidrato de cocaína, el porcentaje es muy similar al de la población general civil.
Según el último informe difundido por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), que depende de la OEA, el 1,6% de la población de nuestro país inhaló cocaína en el último año. Si la referencia es la marihuana, el número es significativamente inferior. La CICAD informa que la prevalencia en el último año de consumo de marihuana en la Argentina fue del 7,8%.
Para el primera cuatrimestre de 2018, la cantidad de oficiales y suboficiales consumidores dentro de las fuerzas federales bajó al 1,42%.
En el mismo período, pero de 2019, el porcentaje disminuyó al 0,37% ¿La razón? Según Arabia, los efectivos saben que en cualquier momento aparece el grupo anticorrupción con los hisopos en las bolsitas y los reactivos para controlarlos. Así y todo, los peritos tropiezan con más casos de los que quisieran, ya que se trata de personal a los que el Estado les confío un arma para proteger a los ciudadanos.

En las últimas horas, Néstor Roncaglia, jefe máximo de la PFA anunció a través de un comunicado que "dispuso de manera inmediata el pase a disponibilidad" a 14 agentes de la fuerza "luego de los resultados obtenidos en los controles toxicológicos obligatorios".
"Todos los años se realizan exámenes toxicológicos al personal y estos fueron los resultados. Algunos dieron positivo en cocaína, marihuana y psicofármacos. Por este motivo fueron pasados a disponibilidad", explicó Roncaglia y agregó que "pueden ser consumidores sociales, pero el policía que porta un arma no puede consumir drogas".
Arabia aportó algunos datos más ante la consulta: hubo casos en los que se descubrió que el efectivo no solo era adicto, sino que actuaba en complicidad con algún dealer de drogas y hasta lo encubría. "En estos casos se le abre un sumario penal, se lo envía a la justicia y se lo expulsa de la fuerza", reforzó.

-¿Y por qué razón si ya se estaban realizando este tipo de controles la ministra Patricia Bullrich decidió crear la Unidad de Pruebas Toxicológicas?
Arabia: Le da un volumen como una política pública sólida. Le da rango de política de Estado. También le da un marco institucional y se elaboran los protocolos de actuación para realizar los controles y para los casos que dan positivos.
-Cuando comenzaron a realizar los estudios el 1,84% de los que portaban armas dieran positivo a marihuana y cocaína ¿Eso no los preocupó?
Arabia: Que de cada cien agentes, dos consumen algún tipo de estupefaciente parece tener un correlato con la sociedad. Pero como se trata de algo ilegal, las estadísticas hay que tomarlas con pinzas porque no sabemos efectivamente qué porcentaje de la población consume, pero digamos que estamos en el promedio. Ahora nosotros, como ministerio de Seguridad, debemos estar mejor que el promedio porque tenemos agentes encargados de hacer cumplir la ley que se rige por el código de conducta para funcionarios. Encontrarnos con una disminución tan fuerte de 2017 a este año nos da la pauta que vamos por el buen camino y que los controles sorpresivos de la Unidad dan resultado.
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