Según sus detractores y enemigos, Enrique Blaksley vendió la cortina de humo más deslumbrante de la historia argentina. A través de su firma financiera, Hope Funds, Blaksley ofreció a inversores retornos casi mágicos de más del 10% si es que le daban su dinero, amparado en negocios como el Buenos Aires Design y el Hard Rock Café, con el logo de su empresa en la camiseta de La Dolfina de Adolfito Cambiaso en la campaña más triunfal de su historia, como sponsor de las visitas de Usain Bolt, Roger Federer y Venus y Serena Williams. Llegó al Vaticano. Dos pontífices consecutivos lo recibieron, Benedicto XVI, Francisco, mano a mano.
Se hizo rico, visiblemente rico. Casa en un country, el Pacheco Golf, Audi negro último modelo, propiedades y cuentas offshore, departamentos en Miami y en Panamá, un rastro de dinero que llegó hasta los Panama Papers, alimentado por una jauría de vendedores fieles, expulsados del mercado de seguros, que cobraban primas jugosas y eran retribuídos con viajes de lujo a Hawaii y San Petersburgo. Era un "Lobo de Wall Street", quizás sin las drogas, con oficina en la calle Sarmiento, sin la caricatura, mucho menos grotesco, que citaba a Sun Tzu o a Platón, y con acento de San Isidro.
Después, todo se fue a pique. Verazul, un proyecto de country, su gran negocio, terminó empantanado en el barrio del río Luján, frenado por las ordenes de dos jueces federales. Sus propiedades en Miami se disiparon entre hipotecas y remates. Los pagos a sus inversores, más temprano que tarde, frenaron.
Primero, a Blaksley lo acusaron por lavado de dinero, una imputación a cargo de la AFIP y la PROCELAC, que primero pasó por el escritorio de la jueza Sandra Arroyo Salgado y fue enviada a Comodoro Py. Luego, lo denunciaron por estafa sus propios inversores, pequeños y medianos, con presentaciones hechas por los abogados Gonzalo Romero Victorica y Ezequiel Altinier y luego con Hernán Vega y Víctor Varone, del estudio Iezzi & Varone. Ambas causas fueron concentradas por la jueza María Romilda Servini. Alejandra Mangano es la fiscal a cargo.
Blaksley fue detenido a comienzos de abril de 2018, procesado semanas después. La quiebra de su empresa fue decretada en septiembre de ese año, luego de 25 pedidos en su contra. Asesorado por abogados costosos, Blaksley presentó a la Justicia federal un plan para recuperar los activos que quedaron por el mundo -un campo de polo en Indonesia, por ejemplo- y así salvarse un poco.
Básicamente, no le sirvió de nada.
Hoy, Blaksley se sienta en el penal de Ezeiza. Encontró un buen amigo, cuentan fuentes penitenciarias, en Juan Pablo "El Pata" Medina, capo pesado de la UOCRA de La Plata. Cerca de él decían que era mejor que estuviera adentro que afuera, "demasiada gente a la que le debía", razonaba un allegado.
Hoy por la mañana, a casi tres años del comienzo de la causa, con una cantidad casi fabulosa de pruebas en su contra, la fiscal Mangano junto a Laura Roteta, cabeza de la PROCELAC, pidió que Blaksley sea enviado a juicio.
Lo hizo en un documento de 778 páginas dirigido a la jueza Servini al que accedió Infobae. Los delitos que le imputan: asociación ilícita, estafa, insolvencia fraudulenta, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos de origen ilícito, que alcanzan a otras 16 personas de su círculo como el co-integrante de la sociedad Hope Funds, Federico Dolinkué o Alejandro Carozzino, su cerebro administrativo, familiares como Verónica Vega o su hermano Francisco.
Durante los últimos años, la Justicia federal calculó y recalculó el monto final de la presunta estafa, una cifra que nunca terminaba de expandirse. Ahora, en un punto crítico del expediente, el cálculo asciende a $ 1.500 millones: $ 184 de estos millones corresponden a los 318 damnificados que se presentaron en el expediente, con 42 sociedades y 3 fideicomisos inmobiliarios en el ámbito nacional, y 66 sociedades en el exterior. Los departamentos entre Miami y Panamá ascienden a 16, por valores de USD 4 millones. Para recabar información, la Justicia envió 22 exhortos a nivel internacional.
Así, se correrá la vista a las defensas de los imputados, que tienen seis días para oponerse. Blaskley, hasta hace pocos meses, era representado por un defensor oficial.
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